A partir de mañana empezarán a regir nuevos aumentos en combustibles, gas, en el subte porteño y las prepagas. Será más presión inflacionaria sobre un primer trimestre que cierra con un alza de precios por encima del 10% y una suba del dólar de alrededor de 15%, las dos terceras partes sólo en marzo.
La devaluación ya se está sintiendo en los precios de la canasta que mide la pobreza, que trepó 4,3% en febrero y un 8,1% en el primer bimestre (acumula 59,1% en los últimos 12 meses), y en la que mide la indigencia, que subió un 5,1 en febrero y un 8,9 en el bimestre (57,2% el último año).
No debería sorprender que algunos analistas adviertan que en septiembre próximo, un mes antes de las elecciones, el gobierno debería comunicar una nueva suba en el índice de pobreza, superior al 32% anunciado días atrás por el Indec. Sería el peor registro de la era Macri, quien reiteradamente pidió que se juzgue su gestión por la evolución de ese índice.
Llevado a la fraseología del presidente, es lo que hay que aguantar. Sin embargo, el gobierno parece por momentos ajeno a este escenario. Aunque reconoció “síntomas dolorosos” en su último informe, ante el Senado, el primero en cinco meses, el jefe de Gabinete Marcos Peña aseguró que la Argentina está parada hoy en “tierra más firme” y “saliendo de la crisis”. El senador del PJ por Chubut Alfredo Luenzo le advirtió que su descripción podría responder a un “cuadro psicótico”.
La oposición se concentrará esta semana en la agenda de la crisis. Los bloques de raíz peronista en Diputados acordaron -ya no es una novedad- acompañar un pedido de sesión especial impulsado por el Frente Renovador para que se trate en el recinto un paquete de proyectos que incomodan al gobierno. El peronismo empuja una declaración de emergencia alimentaria -por la que vienen reclamando desde hace meses las organizaciones sociales-, un acuerdo para establecer un control de precios y un freno en los aumentos en las tarifas de los servicios públicos. Pero el proyecto con el que la oposición busca abrir las puertas de la sesión recoge el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias en las jubilaciones y pensiones.
El tribunal se pronunció el martes en favor de un reclamo particular mientras hay otros dos mil casos similares en trámite judicial. Pidió además al Congreso que deje firme la exención mediante una ley. No está claro cuál será el impacto en las cuentas públicas nacionales y de las provincias (Ganancias es coparticipable) y en qué medida podría complicar el objetivo del gobierno de alcanzar el déficit cero.
Pero aun cuando sea marginal -sólo compromete a las jubilaciones más altas- la decisión de la Corte tiene un costo indudable para Cambiemos. Los jueces volvieron a mostrar que desde el desplazamiento de Ricardo Lorenzetti de la presidencia sellaron una mayoría contraria a los intereses del gobierno, como lo habían hecho en fallos recientes que favorecieron una demanda de San Luis por coparticipación de impuestos y otros reclamos de actualización previsional. Y como volverán a hacerlo con una multimillonaria demanda de Santa Fe a la Nación.
La “mayoría peronista” que el gobierno ha descubierto emergiendo en la Corte aparecerá esta vez articulada con la oposición en el Congreso. Si el peronismo consigue quórum para sesionar, el oficialismo se comprometió a bajar al recinto para intentar bloquear los proyectos, que necesitan de una mayoría de dos tercios sin pasar por comisión. Cómo no preguntarse qué dirá Carrió.
El peronismo tendrá hoy probablemente un triunfo en las PASO de San Juan, donde se medirá Sergio Uñac. Todos se lo adjudicarán. El gobernador tuvo dos encuentros públicos con Roberto Lavagna -primero en Cariló y el más reciente en Cuyo- y hace poco apostó a integrar una fórmula presidencial con el exministro. Lavagna avanza y, más que a ninguna otra, compromete la candidatura de Sergio Massa en el peronismo federal. En ese espacio por ahora todas son incógnitas.
