En horas de la tarde del jueves, el personal de la División de Investigaciones (DDI) de El Calafate llevó a cabo un allanamiento en el marco de una investigación por delito de material de abuso sexual infantil, ordenado por el Juzgado de Instrucción y del Menor de El Calafate, bajo la dirección del Carlos Narvarte. La solicitud del operativo fue realizada por la Fiscalía local.
Según información de La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el allanamiento se efectuó en una vivienda situada en la calle Víctor Avendaño al 300.
Durante la operación, los investigadores confiscaron varios dispositivos electrónicos, que serán sometidos a peritajes exhaustivos para recolectar pruebas. Entre los elementos secuestrados se encuentran: casi diez teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, un dispositivo de almacenamiento externo (un disco), cinco pendrives y una cámara profesional de fotos con su correspondiente memoria.
Como resultado del operativo, un hombre de 42 años quedó a disposición de la sede judicial, habiendo establecido domicilio. Su identidad se mantiene en reserva mientras continúan las investigaciones.
En la continuidad de la causa, se espera que todos los dispositivos sean peritados por el área de Apoyo Tecnológico de la Policía de Santa Cruz, en busca de información. En el mismo sentido, cabe remarcar que existe la sospecha que el acusado, además de distribuir el material, podría generarlo, complicando su potencial situación procesal.
Este caso se enmarca en un sistema de rastreo internacional. Cada vez que alguien sube contenido de abuso sexual infantil a la web, se activa una alerta en el Centro Nacional de Chicos Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización también conocida como Missing Children. Este sistema rastrea imágenes con más de un 80% de desnudez, capturando la dirección IP desde donde se emitió o descargó el material.
La organización Missing Children envía reportes a cada país con las direcciones IP y detalles del contenido. Las autoridades locales utilizan esta información para investigar a los usuarios y determinar si se cometieron delitos contra la integridad sexual de menores. Las fiscalías, al recibir estos reportes, solicitan a sus unidades investigativas que realicen las diligencias correspondientes.
