Cada vez que el debate de la Ley Ómnibus parece encaminarse, al menos, a su aprobación en general, surgen nuevas tensiones en Diputados. El Ejecutivo hizo concesiones, pero mantuvo puntos conflictivos. Los gobernadores -con fuerte peso legislativo- presionan a la espera de alguna señal de Nación por recursos a las provincias y vuelven a la carga por la coparticipación del impuesto PAIS.
Las negociaciones entre los bloques dialoguistas y el oficialismo se intensificaron en las últimas horas para intentar destrabar al menos una votación este viernes. A la Cámara Baja se encuentra el ministro del interior, Guillermo Francos, clave en el vínculo entre el Ejecutivo y los mandatarios provinciales, aunque algunos referentes opositores dudan de su poder de decisión.
Considerando la cantidad de oradores anotados, las nuevas “cuestiones de privilegio” con las que se reanudó este mediodía la sesión y las discusiones entre los legisladores por los enfrentamientos de la noche previa entre manifestantes y fuerzas de seguridad, no se esperaba una votación hasta antes de las 17.
Fuentes opositoras, en tanto, aseguraban en las últimas horas que, preventivamente, se habría engrosado un poco la lista de oradores para intentar demorar un poco más tanto los discursos de cierre que deben hacer los jefes parlamentarios, como la votación, sin acuerdo sellado todavía.
En los bloques opositores que negocian la ley con el Gobierno -el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal– convivían posturas y expectativas distintas: algunos planteaban aprobar el paquete de reformas en general esta tarde y pasar a un cuarto intermedio hasta el martes que viene, para la votación en particular. Otros advertían que, si había acuerdo suficiente, mejor seguir sin interrupción y votar artículo por artículo hasta entrado el fin de semana.
Mientras la sesión continuaba con las exposiciones en el recinto, ingresaban en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menen, referentes del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal (que encabeza Miguel Pichetto, integran referentes como Emilio Monzó y Nicolás Massot, y espacios como la Coalición Cívica y el peronismo cordobés, que responde a Martín Llaryora y presiona fuerte por el tema coparticipación).
En esos bloques informaban que se negociaba la posibilidad de volver a incluir el impuesto PAÍS en el paquete de reformas –que el Ejecutivo retiró cuando decidió quitar todo el “capítulo fiscal”, junto con la suba de retenciones y la suspensión de la fórmula de jubilaciones-, y fijar que alrededor del 21% de lo recaudado se coparticipe a las provincias.
“Lo que piden los gobernadores son recursos. Si es el impuesto PAIS, el blanqueo o eliminar regímenes de privilegio, o cómo sea, lo puede definir el Ejecutivo. Pero están esperando una señal de que el pacto fiscal y la coparticipación se va a discutir”, señalaba pasado el mediodía un importante diputado opositor, al tanto de las conversaciones.
Fuera de los planteos de gobernadores, que algunos creían que podría llegar a demorar o trabar la aprobación en general -pero también complicar hipotéticamente el trámite futuro en el Senado-, aún existían otros puntos que los bloques dialoguistas seguían cuestionando, pese a la nueva propuesta de proyecto que hizo el Gobierno el jueves.
Entre las bancadas opositoras fue bien recibido que el Gobierno redujera el número de empresas a ser privatizadas, reforzado el control parlamentario y que se habilitara la posibilidad de votar por grupo de empresas, y no un paquete cerrado con todas ellas.
Así, en algunos sectores de la UCR y de los bloques ligados a mandatarios provinciales aseguran que tendría grandes chances de avanzar, aunque no esté garantizada la aprobación de todas ellas.
Por otra parte, como informó TN, tras los enfrentamientos en las calles frente al Congreso y la detención de una militante radical, el capítulo de Seguridad, que incluye cambios en los criterios de legítima defensa y resistencia a la autoridad y agravamiento de penas, no contraría con los votos de la UCR, pero tampoco de numerosos diputados de las demás bancadas dialoguistas.
“Ya venía difícil ese artículo. En estos días demostraron que no se les puede entregar eso a este gobierno”, afirmaba una diputada radical.
También se sostenían los cuestionamientos a la derogación de parte de la Ley de Fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública aprobada en 2021, con lo cual se habilitaría al Ejecutivo a reestructurar y tomar deuda en moneda extranjera sin pasar por el Congreso.
Difícil era, considerando las señales que lanzaban desde los bloques dialoguistas, igualmente la aprobación del capítulo de reforma en Cultura y seguían las dudas opositoras respecto a la delegación de facultades al gobierno en lo que refiere a la organización y funcionamiento del Sector Público nacional, y permitiría, entre otras cosas: “Centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir total o parcialmente, órganos o entidades”.
