“Cauteloso optimismo””: así lo definió un diputado opositor este miércoles, en la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus en el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Entre exposiciones de ministros y funcionarios nacionales, el Ejecutivo informó que -ya sea porque definitivamente no tiene los votos o porque se trata de un error- hará distintas modificaciones o resignará algunos puntos del mega paquete de reformas.
Mientras en el kirchnerismo se mantiene en el rechazo duro, en la oposición “dialoguista” tomaron como un buen comienzo que el oficialismo haya mostrado cierta flexibilidad y receptividad, algo que no era tan claro hace una semana. “Falta mucho por discutir”, advierten en esas bancadas, y reclaman al mismo tiempo ordenar los canales de negociación para articular las modificaciones.
En las últimas 48 horas pasaron por la Sala 2 del anexo C de la Cámara Baja el ministro del Interior, Guillermo Francos; el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la de Seguridad, Patricia Bullrich; el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el de Comercio, Pablo Lavigne, y el de Finanzas, Pablo Quirno, y la subsecretaria de Ambiente, Ana María Lamas, entre otros funcionarios.
Este miércoles, Francos admitió que la enorme mayoría de los diputados opositores rechazan la reforma electoral que plantea en la Ley Ónmibus. “Tenemos que discutir entre lo necesario y lo oportuno, y ver cuáles son los aspectos de la ley en los que podemos avanzar, si es que no conseguimos apoyo en los distintos ámbitos”, dijo el ministro, en un comentario que cayó bien en bloques opositores que el día previo le habían exigido al Gobierno establecer prioridades, teniendo en cuenta que el proyecto tiene más de 650 artículos, sin considerar anexos.
Por la tarde, Bullrich anunció que el Ejecutivo decidió retirar de la ley la obligación de pedir permiso a las autoridades para la realización de reuniones de tres o más personas en espacios públicos.
Mientras que, durante una breve exposición, la subsecretaria Lamas adelantó que también se decidió dar marcha atrás con una modificación clave en la Ley de Bosques, un compromiso que, como informó TN, por ahora dejó gusto a poco entre los diputados más preocupados por el capítulo ambiental.
El martes, el Gobierno ya había tomado nota de uno de los puntos que más preocupaban a la oposición: el proyecto establece la emergencia pública en casi todas las áreas hasta el 31 de diciembre de 2025″, prorrogable por otros dos años a criterio del Gobierno, y amplia delegación de facultades para el presidente Javier Milei. Casi todos los bloques advierten que no aceptarían más de un año de emergencia, con limitaciones en las delegaciones y la posibilidad de prorrogar quedará en manos del Congreso.
Como se informó, La Libertad Avanza tiene un bloque de 38 diputados propios, con posibilidad de superar los 40, con legisladores alineados pero con sus propios bloques. Es decir, que necesitaría el acompañamiento de otros 90 diputados que integran bancadas opositoras para eventualmente en el recinto alcanzar por lo menos el quorum de 129 diputados y abrir una sesión.
A no ser que logre negociar con gobernadores del PJ y partir el bloque de Unión por la Patria, el Gobierno deberá buscarlo entre el PRO (37), UCR (34), Hacemos Coalición Federal (23 diputados del peronismo disidente, ex JxC y PRO y la Coalición Cívica) y de Innovación Federal (9 legisladores que responden a fuerzas provinciales).
“Viendo como estábamos hasta el fin de semana pasado, la mejora es evidente. Para el gobierno lo mejor es que la ley salga. Para nosotros que salga algo razonable y no castigar a nuestra base electoral. El Ejecutivo empezó a tomar nota, es muy bueno respecto a lo que había y las señales que daban”, señaló un diputado del sector más macrista del PRO. Sin embargo, advirtió: “Sigue siendo muy desordenada la discusión. La semana que viene cuando ya hayan pasado los ministros habría que ordenar la negociación”.
También en el ala más “moderada” del PRO, así como en la presidencia de la UCR, reconocieron que la postura del Gobierno durante las primeras dos reuniones “es un buen avance”, pero señalan que aún faltan temas importantes por discutir, entre los que se destaca, por ejemplo, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria y los aumentos por decreto a discreción del Presidente. Advierten que el Gobierno deberá incluir algún criterio de aumento mínimo, que podría ser el IPC.
Más allá de una multiplicidad de correcciones técnicas y sugerencias de cambios en artículos de menor “visibilidad”, entre los temas de mayor peso, el aumento de las retenciones es resistida incluso entre los halcones del PRO, y algunos diputados opositores plantean como uno de los caminos de salida que al menos se ponga un límite estricto de tiempo que obligue luego a una marcha atrás.
Entre los bloques que prometieron acompañar en general el paquete de reformas también cuestionan que el proyecto habilite, por un lado, el endeudamiento en moneda extranjera sin control parlamentario y que se abra la puerta a una privatización generalizada de empresas del Estado, sin considerar la situación particular de cada una de ellas, si generan déficit o no, o si deben considerarse estratégicas.
“El oficialismo se va a llevar seguramente una ley, que en el marco general respetará el espíritu que el Gobierno buscó. En donde muchos bloques de la oposición podrán colaborar con modificaciones que la mejoren y la afinen. Y otros espacios que no votarán un solo artículo”, dijo este miércoles Nicolás Massot, uno de los referentes de Hacemos Coalición Federal, que contó a su bancada en el grupo “colaborador”.
En el bloque, respecto a la señal de apertura que dio el Ejecutivo en las últimas horas, mostraron también cierta cautela: “Lo de las reuniones de tres personas era una locura y era imposible desde el punto de vista práctico. La reforma electoral no tenía acuerdo entre ellos. Lo de limitar la delegación de facultades hay que esperar que acepten concretamente. Pero aún no hay respuesta sobre retenciones, privatizaciones, movilidad jubilatoria”.