La ley sancionada pasó inadvertida hace dos semanas. Creó delegaciones de la Oficina Anticorrupción en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel que demandará un total de 18 nuevos cargos. Además, el organismo central de Rawson sumará tres secretarios letrados y dos peritos. Los diputados eliminaron la figura de «inamovible» del Fiscal. El Gobierno analiza vetarla.
Fue basado en el proyecto presentado del diputado José Grazzini del Frente Para la Victoria que le otorgaba inamovilidad al cargo del Fiscal Anticorrupción y creaba nuevos cargos, los legisladores dieron marcha atrás y decidieron avanzar solamente con la instauración de nuevas delegaciones que demandará más personal.
El ingreso de 23 nuevos empleados está divido en dos etapas: Cinco corresponden a la Oficina central Anticorrupción que funciona en Rawson y 18 a las Delegaciones que crearon en Puerto Madryn, Esquel y Comodoro Rivadavia, señala hoy el diario El Chubut.
En el caso puntual de la Oficina Anticorrupción que tiene sede en la capital provincial, el organismo contaba con un asesor letrado y ahora tendrá cuatro a disposición, mientras que suma dos peritos técnicos en cualquiera de las especialidades de “construcción, infraestructura, informática, medicina, medio ambiente o recursos naturales”.
Asimismo, la modificación al artículo 2 de la Ley I Nº 267 aprobada hace dos semanas por la Legislatura eliminó el carácter de ‘vitalicio’ o ‘inamovible’ que tenía el proyecto original presentado durante los primeros días de noviembre.
Ahora, el Fiscal Anticorrupción solo quedará equiparado al Procurador General de la Provincia en cuanto a “la jerarquía, incompatibilidades, prohibiciones, inmunidades, intangibilidad y retribución”.
Las delegaciones regionales
La ley sancionada creó las Delegaciones Regionales de la Oficina Anticorrupción en Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel con el objetivo de agilizar la presentación de denuncias.
Grazzini explicó en los fundamentos de la ley aprobada que la finalidad de la creación de las delegaciones regionales de la Oficina Anticorrupción “es dar respuesta a todos los habitantes de Chubut, ya que no resulta razonable pretender que quienes deseen o consideren necesaria la presentación de una denuncia deban trasladarse con la documentación hasta la ciudad de Rawson”.
El nuevo funcionamiento de estas tres delegaciones insumirá 18 nuevos cargos, la mayoría de planta permanente.
Habrá un Delegado Regional, un Secretario Letrado, tres Auxiliares Administrativos y un empleado de maestranza por cada Delegación Regional de la Oficina Anticorrupción. De esta manera, habrá un total de 18 nuevos ingresos.
Según indica el proyecto, estas nuevas delegaciones forman parte de reclamos constantes de los vecinos residentes en localidades alejadas a la ciudad capitalina.
Las delegaciones podrán recibir denuncias de particulares o de agentes públicos que se relacionen con el objeto de área de que se trata. Asimismo, estarán habilitadas para llevar adelante la investigación de los hechos denunciados y que involucren a los agentes públicos con arreglo al procedimiento instituido y bajo la supervisión e instrucciones del Fiscal Anticorrupción.
No obstante, podrá denunciar ante los tribunales competentes los hechos que pudieran constituir delitos y que resultaran de las investigaciones realizadas.
Podran monitorear declaraciones juradas
Otro de los cambios a la Ley I Nº 267 que quedó establecido es que los funcionarios públicos deberán presentar también las declaraciones juradas en la Oficina Anticorrupción.
En este contexto, la ley sostiene que “los funcionarios públicos deberán presentar la Declaración Jurada en la Oficina Anticorrupción -al igual que ocurre en casi todas las jurisdicciones del país- con la finalidad de poder llevar un control más efectivo de la evolución patrimonial de los agentes públicos”.
“Podrá recibir, evaluar y controlar el contenido de la totalidad de las declaraciones juradas de los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y demás agentes públicos, así como las situaciones que pudieran constituir indicios o evidencias de enriquecimiento ilícito o incompatibilidades de la función pública a cuyo fin podrá solicitar información al Tribunal de Cuentas”, puntualiza la ley que ahora está en el Ejecutivo para promulgarla o vetarla.
El Gobierno analiza vetar la Ley
La creación de un total de 23 nuevos cargos no cayó bien en Fontana 50 y menos aún porque los cargos ya fueron repartidos. Si bien la indicendia presupuestaria es mínima, la gestión de Mariano Arcioni afronta severas dificultades económicas.
En este contexto, desde el Gobierno provincial indicaron que “hay grandes probabilidades de que la ley sea vetada”. La decisión ya estaría tomada, aunque el Gobierno dilata el veto para que la actual Legislatura no tenga la posibilidad de insistir en el proyecto. Ya con la nueva integración a partir del 10 de diciembre, Arcioni y el vicegobernador Ricardo Sastre tendrán mayoría para terminar de sepultar cualquier intento de insistencia.
