Una mujer de 47 años de la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón, fue a retirar su auto que la Municipalidad le había secuestrado un año atrás por no tener licencia de conducir, ni la VTV, ni el seguro del vehículo. Cuando llegó le informaron que había sido compactado. Tras varias apelaciones, la Justicia determinó una indemnización de tan solo $100.000.
El hecho comenzó en 2020, en plena pandemia, cuando la mujer identificada por las siglas M.Z. se movilizaba en su Fiat Uno modelo 1999 por la ruta 88 hacia su trabajo con el permiso de circulación correspondiente. En uno de los operativos le pidieron los papeles reglamentarios del auto y su licencia de conducir. La mujer no tenía nada de lo pedido.
En ese momento, el personal de la Municipalidad de General Pueyrredón secuestró el vehículo, generó la multa correspondiente y llevó el Fiat Uno al playón municipal de Tandil y Libertad.
Según el sitio 0223, al no tener el dinero necesario para pagar la multa y poder retirar el auto, la mujer apeló ante el Juzgado Correccional N.º 1 de Mar del Plata, el cual anuló las actas del personal de tránsito y la sentencia al considerar que las infracciones fueron detectadas en una ruta provincial sobre la cual la Municipalidad no tiene jurisdicción. La medida fue confirmada por el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial.
La sentencia recién la obtuvo en octubre de 2021, más de un año después del secuestro, por lo que al momento en el que se presentó en el playón para recuperar su auto, el personal le dijo que no sabían dónde estaba. A raíz de esto, envió una carta documento a la Municipalidad y le respondieron: “El auto estuvo depositado en la playa hasta el 14 de septiembre de 2021, fecha en que fue compactado en el actual proceso de descontaminación, compactación y disposición final de vehículos”.
Tras este sinfín de malas noticias, la mujer buscó obtener una indemnización por la vía administrativa y ante la negativa del Municipio, en abril de 2022 inició una demanda por “daños y perjuicios” con intervención del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Mar del Plata.
Finalmente, dos años después recibió el respaldo judicial, donde se consideró que el secuestro y la compactación fueron actos “antijurídicos”. Pero, en cuanto al resarcimiento económico, solo le reconocieron una indemnización de $110.000, por lo que volvió a apelar.
Según el titular del Juzgado Contencioso N.º 2, la suma del resarcimiento se tomó teniendo en cuenta lo que la mujer había informado en su momento. “Se limitó a informar cuál sería el valor de mercado -al momento de interposición de la demanda- de un rodado de similares características en un sitio web dedicado a la comercialización de bienes y servicios (MercadoLibre)”, manifestó.
/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/JWOGIWDNXJECDGMXDJOW7WHK2U.JPG)
“No hay dudas sobre que la acción antijurídica del municipio privó de la propiedad a la actora, pero no hay elementos para mensurar el daño provocado”, puntualizó, por lo que se tomó como parámetro la valuación fiscal informada para el año 2021 por el Registro Nacional de la Propiedad de un Fiat Uno modelo 1999, que arrojaba un monto de $176.000.
Pero, al tener en cuenta que el acta del secuestro del vehículo detallaba que el mismo se encontraba en mal estado, el juzgado entendió “prudente” fijar una indemnización por $100 mil, a lo cual se le sumarían intereses y se tuvieron en cuenta los gastos de transporte que tuvo la titular y su esposo durante los 460 días que duró todo el proceso, por lo cual añadieron una suma de $10 mil.
Frente a esto, la mujer apeló reclamando que la indemnización esté “conforme al valor real y de mercado del bien” y manifestó que en principio había pedido un resarcimiento de $500 mil por el valor del Fiat Uno y de $300 mil por los gastos en movilidad, a valores de abril de 2022.
