La Corte Suprema de los Estados Unidos le pidió opinión al procurador general de ese país antes de dar a conocer hoy su decisión por una demanda abierta por un fondo buitre contra la expropiación de YPF, que puede costarle al país u$s 3000 millones.
El pedido, no vinculante, fue recibido de manera positiva por el Gobierno Nacional, que cree que a raíz de la buena relación entre el presidente Mauricio Macri y su par estadounidense, Donald Trump, desde la procuración estadounidense puede surgir un aval a la postura argentina, que el fondo Burford Capital, deba recurrir a los tribunales argentinos.
Qué celebra Casa Rosada
El Gobierno celebró la decisión. Es que en medio de la demanda millonaria de fondos de inversión, principalmente Burford Capital, contra YPF, el máximo tribunal ordenó que el Solicitor General (el procurador general estaodunidense) debe interceder para expresar el punto de vista de EE.UU. “El fallo es inmejorable y cambia todo”, expresaron desde el Gobierno. “Pero estamos en un proceso y falta que dictamine el Solicitor General y la Corte falle”, comentaron cerca del Presidente Mauricio Macri.
Desde Casa Rosada consideran que en junio se tendrán más novedades sobre una demanda que ronda los u$s 3000 millones y que sería un dolor de cabeza, en pleno año de déficit fiscal. En el Gobierno consideran que el procurador estadounidense puede avalar la posición argentina y esperan que pese la relación de Macri con el presidente Donald Trump.
En el Gobierno consideran que la decisión de la Corte es positiva para Argentina por cuatro razones:
1) “Demuestra la importancia del caso; de otro modo, se hubiera rechazado de plano;
2) La Corte rara vez realiza esta convocatoria; debe destacarse que el Estado Americano sólo interviene bajo esta invitación especial de la Corte”;
3) Aun cuando no es vinculante, la opinión del Solicitor General es tenida en cuenta especialmente por la Corte; iv) queda claro que produjo efecto la presentación de los Amici por parte de Chile y México, marcando la importancia del asunto desde el punto de vista internacional para los Estados Unidos”;
4) Es una mala noticia para los demandantes, que esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio. En definitiva, es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte”.
En noviembre, el equipo de Macri, encabezado por el procurador Bernardo Saravia Frías, y el asesor Fabián Rodríguez Simón definió una estrategia de defensa. En ese momento presentó un writ of certiorari para que la Corte Suprema de Estados Unidos resuelva la millonaria demanda del fondo Burford por la expropiación de la petrolera –según publica El Cronista-.
Los antecedentes eran negativos para el Gobierno tras dos reveses judiciales en primera y segunda instancia. La Casa Rosada sólo esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso. Por un lado, Burford Capital inició la demanda aduciendo que tras la expropiación del 51% de las acciones de la compañía, votada en el Congreso en 2012, Argentina e YPF debían haber realizado una oferta por el restante 49% de las acciones, conforme a los estatutos. El fondo de inversión había adquirido los derechos del grupo Petersen, que había adquirido el 25% de la compañía durante el primer mandato del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es por eso que presentaron la demanda y tuvo dos fallos favorables en primera y segunda instancia, en Nueva York.
De fondo, tras la opinión del procurador estadounidense, el Gobierno quiere que la Corte defina si la expropiación del 51% de las acciones puede ser considerada un “acto comercial” que justificaría la no aplicación de la regla de inmunidad soberana de los Estados. Así lo habían interpretado los tribunales inferiores. Con ese objetivo, el Gobierno e YPF habían presentado en noviembre una moción para que se desestimara la demanda con base en la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos. Tanto la Argentina como YPF argumentan que la expropiación fue un acto soberano de un Estado, que tiene preeminencia sobre cualquier contrato y no puede ser juzgada sin que se asegure la inmunidad de los Estados ante hechos soberanos, como una expropiación. “Eso no significa que justifiquemos la expropiación”, trataban de explicar en Casa Rosada.
La apuesta judicial de YPF
«Esta instancia supone una consulta no vinculante y probablemente involucre también la opinión del Departamento de Estado, para definir si resulta de aplicación la doctrina de inmunidad soberana y por ende la justicia de E.E.U.U. resulta incompetente para decidir en este caso», agregaron fuentes cercanas a YPF, que participan en las negociaciones.
Además, indicaron, con optimismo: «Sólo un 1% de los recursos que son elevados a la Corte son abiertos a consideración. La decisión que se ha conocido hoy, si bien no define la apertura del recurso, puede considerarse como una señal auspiciosa de interés en el caso».
Y añadieron: «Para nosotros es importante que se considere que la expropiación que origina este juicio se trató de un hecho soberano ocurrido en territorio argentino, y por ende no resulta de competencia de la justicia de los EE.UU.».
Fuentes con acceso a la empresa, en tanto, consignaron: «Esta gestión de YPF ha asumido una actitud proactiva y profesional, con pleno involucramiento, dedicación y compromiso de profesionales especializados propios y contratados en la defensa de sus legítimos intereses; en este sentido, cambiamos de estudio de abogados en New York, contratando al estudio Cravath, Swaine & Moore LLP, una de las firmas más tradicionales y prestigiosas en litigios del mercado.
También agregaron que «adicionalmente, seleccionamos al estudio Quinn, Emanuel, Urquhart & Sullivan LLP, un bufete especializado en arbitrajes y litigios complejos y en especial en certoriari, para trabajar en esta etapa.
Cabe recordar que Kathleen Sullivan, socia de la firma y quien fuera decana de la Escuela de Leyes de Stanford, asumió la representación de YPF en esta instancia.
