La caída de los sueldos y los despidos fueron los motivos centrales de las protestas sociolaborales en 2017. El informe anual sobre conflictividad laboral y social del CEPA indica que el año pasado hubo once medidas de fuerza por día, con fuerte apoyo de los gremios en el sector público y docente. La respuesta del Estado fue un aumento de la represión.
En 2017 hubo 11 protestas socio-laborales por día. Los reclamos paritarios, en el marco de una inflación que lima los sueldos, fueron el principal motivo de esta conflictividad. Estos pedidos de reactualización de salarios o contra los techos impuestos a los aumentos salariales hicieron que el nivel de conflicto se mantuviera alto, sostenido a lo largo del año. Al mismo tiempo, los despidos volvieron a ser –como en 2016– origen de un importante número de medidas de fuerza: una de cada cuatro acciones fueron por pérdida de empleos. En cuanto a las protestas sociales, 2017 fue el año de los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que generaron masivas movilizaciones en defensa de los derechos humanos. En este panorama de conflictividad defensiva, la respuesta represiva de parte del Estado registró un claro aumento.
Estos datos fueron recopilados en el informe anual sobre conflictividad laboral y social elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que dirige Hernán Letcher.
Leerlo sirve para trazar un mapa de situación, en términos de pérdidas de ingresos o derechos, pero por encima de esto para dar cuenta del ánimo social. Son datos que hablan de dónde está hoy la capacidad de resistencia a la nueva ola de políticas neoliberales, esta vez impulsadas de la mano de Cambiemos. Como se sabe, para salir a la calle no alcanza con estar perjudicado. Es necesario además creer que la acción colectiva servirá, a corto o largo plazo, para cambiar el estado de cosas.
Un dato muy específico de esta época es el rol que están teniendo los sindicatos, con posturas muy diferenciadas. Por ejemplo, los trabajadores estatales (incluidos los docentes) se encuentran muy acompañados por sus gremios a la hora de plantear la defensa de sus derechos; 8 de cada diez protestas de empleados del Estado son lideradas o respaldadas por sindicatos. En cambio, en el ámbito privado, ese respaldo decae, al punto de que el 40 por ciento de sus conflictos los realizaron trabajadores sin el apoyo ni la presencia de ningún gremio.
En cuanto a la represión, hubo un aumento claro de 2016 a 2017, con un pico en el mes de diciembre pasado, durante las grandes manifestaciones contra los proyectos de reforma laboral y de cambio en el cálculo de la movilidad jubilatoria.
Salarios y despidos
De los 11 conflictos que, en promedio, ocurrieron por día en 2017, 6 correspondieron a protestas laborales. Los reclamos vinculados al trabajo fueron preponderantes con respecto a los sociales.
Cuando se miran los motivos, aparecen en primer lugar los problemas con los salarios. El 43,9 por ciento de las protestas fueron por falta de acuerdo en las paritarias, atrasos en los pagos, incumplimientos de acuerdos, pedidos de recomposición frente a la suba de los precios. Para describir acertadamente esta conflictividad habría que usar la palabra reclamo en lugar de conflicto, porque conflicto sugiere tanto un triunfo como una derrota. En cambio, lo que sucedió fue que hubo muchos reclamos con pocos resultados favorables.
En segundo lugar, un 25,2 por ciento de las protestas fueron por pérdidas del empleo, lo que corrobora que, al contrario del discurso oficial, los despidos siguen siendo un problema grave.
En orden de importancia le siguieron protestas por las condiciones de trabajo (12,2 por ciento), contra las políticas de ajuste –por ejemplo, podas en el gasto social que inactivaron el trabajo de cientos de empleados públicos– y, finalmente, contra hechos de persecución sindical o represión a los trabajadores (4,5 por ciento).
Dinero y política
Los trabajadores del Estado protagonizaron más protestas laborales que los privados, pero en general la conflictividad estuvo repartida de manera bastante pareja (55,9 por ciento contra 44,1). Dicho esto, los motivos no fueron idénticos para unos y otros. El informe registra que los trabajadores del sector privado hicieron el 71,9 por ciento de sus reclamos por despidos y suspensiones, mientras que de manera inversa, siete de cada diez reclamos protagonizados por estatales fueron en cambio por cuestiones paritarias.
Los despidos y suspensiones de los privados estuvieron concentrados en el sector industrial, el más afectado por el combo de achicamiento del mercado interno, apertura de las importaciones y tarifazos. A su vez, en los reclamos por salarios el problema más extendido fue el del atraso en los pagos o el incumplimiento de acuerdos, reflejos del corte en la cadena de pagos.
En cuanto a los estatales, detrás de los conflictos paritarios hay razones de dos tipos: en lo económico, docentes, estatales, judiciales y trabajadores de hospitales públicos perdieron salarios en 2017 (lo que lamentablemente podría repetirse este año). Al mismo tiempo, hubo razones claramente políticas que incentivaron las protestas: gremios como el docente se vieron empujados a una mayor conflictividad por la decisión del Gobierno de eliminar su paritaria nacional. Los maestros debieron salir a la calle a reclamar por la reapertura de su paritaria y, perdido este paraguas, se encontraron en cada provincia frente a negociaciones mucho más complicadas, lo que multiplicó sus protestas.
Ausentes sin aviso
Pero sin dudas el dato más llamativo es la tasa de participación sindical en los conflictos, mucho más alta en el ámbito público que en el privado. De cada cien conflictos de estatales, 81 tuvieron el respaldo de un gremio. En cambio, sólo 59 de cada cien protestas de trabajadores del sector privado tuvieron apoyo sindical. Es decir que en cuatro de cada diez casos, los trabajadores privados debieron salir solos a capear el temporal.
¿Qué gremios tienen altas tasas de participación en los conflictos? El informe pone entre los más activos a ATE en la administración pública y a los gremios docentes. En el sector privado, los sindicatos del transporte y la industria explican más de la mitad de las protestas.
“El 37,5 de las protestas laborales encabezadas por sindicatos del ámbito público fueron realizadas por sindicatos de trabajadores de la administración pública –con un gran protagonismo de la Asociación de Trabajadores del Estado–. En segundo lugar, tuvieron gran protagonismo los sindicatos docentes de todas las provincias, que protagonizaron el 23,9 por ciento del total. En tercer lugar, se observa la participación de sindicatos municipales con el 9,7 por ciento de los hechos y, en cuarto lugar, se destaca la participación de las centrales sindicales –en el marco de la coordinación de acciones entre varias centrales y sindicatos–. Esta participación sindical representó casi el 80 por ciento del total de las protestas”.
Finalmente, en la distribución geográfica de los conflictos laborales resulta que la región metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano) quedó por debajo de la región Centro (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos), concentrando cada una 25,9 y 31,3 por ciento, respectivamente, de las protestas. Esta preeminencia de los conflictos en el Centro fue alcanzada, según el CEPA, por el elevado número de protestas que se realizaron en La Plata, sede de la gobernación de María Eugenia Vidal. Vale apuntar además que entra en esta región el cordón industrial de Rosario.
Represiones
La respuesta represiva del Estado aumentó de 55 casos en 2016 a 75 en 2017. El año pasado, la aplicación de esta política causó las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y fueron contabilizadas, además, 331 detenciones y alrededor de 250 heridos.
La violencia estatal tuvo un pico en diciembre, cuando se llevaron a cabo las masivas manifestaciones contra la reforma del cálculo de movilidad previsional.
El blanco de la represión fueron mayoritariamente los trabajadores (47 por ciento), aunque los gases y palos no estuvieron restringidos a un solo sujeto social. También hubo para los movimientos sociales (víctimas del 25 por ciento de las represiones), familias en situaciones vulnerables que se oponían a desalojos o reclamaban asistencia (13 por ciento) y pueblos originarios (11 por ciento).
Si se toma en cuenta tanto a los sujetos reprimidos como al reclamo que se buscó acallar, resulta que la mayoría de las represiones fueron para los que pedían por salarios y contra los despidos (29,3 por ciento), seguida de los reclamos para poder trabajar en la vía publica o por alimentos y planes sociales (22,7), las protestas contra las políticas de ajuste (17,4), contra desalojos o por asistencia (10,7). El 6,4 por ciento de los hechos de represión fueron, finalmente, contra manifestantes que pedían por la libertad de referentes como Milagro Sala y Facundo Jones Huala.
