Los dueños del 99,4% de las empresas privadas del país negocian el día a día con el antiguo dibujito del juego del ahorcado, que construye con muy poco dinero en caja, empleados de brazos cruzados que rezan por una reactivación que les garantice poder seguir llevando el sueldo a su casa, una cadena de pagos entre los proveedores que anda por los 120 días, intereses para cambiar cheques largamente superiores al 100% anual, los servicios públicos con facturas que multiplican por 3 dígitos a las de hace 3 años y medio y las oficinas de recaudación de gabelas de todo tipo pisándoles los talones.
Cuando la soga se ajustó al cuello, llega el final, como sucedió en 3 años con 11 mil que bajaron la persiana y 197 mil empleados fueron a parar a la calle. Aunque se las identifique con el genérico Pymes, se proyectan mucho más que un slogan de conveniencia en el discurso político. Son más bien sinónimo del sector privado nacional: por cada compañía grande, unas 200 de estas unidades menores se desempeñan a la par, pero sin espaldas financieras para aguantar una crisis tan prolongada. Y, al final de cada jornada, se repite la gran pregunta: ¿hasta cuándo podremos resistir en pie?
En el escritorio del dueño de una de las 603.299 Pymes registradas que aún subsisten en el país se apilan tantas facturas de servicios públicos recargadas con ceros como boletas de impuestos a pagar (47, entre directos e indirectos).
La odisea viene in crescendo desde hace más de 3 años, en los cuales más de 11.000 pequeñas y medianas empresas tuvieron que tirar la toalla y dejar un tendal de 197.000 empleos en el ámbito industrial, de acuerdo con estadísticas de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) –según publica Urgente 24-.
Las que aún levantan la persiana por la mañana y la bajan al cabo de la jornada repiten instintivamente ambos movimientos con la sola premisa de poder continuar haciéndolo en la jornada siguiente necesitar sacrificar a colaboradores con que trata laboral pero humanamente a diario.
¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe ni le da pistas. Agacha la cabeza y dedica buena parte del tiempo libre que deja el receso impuesto a cambiar cheques, averiguar por los créditos bancarios y los que no lo son, por los intereses que piden.
Intentan cobrar las cuentas atrasadas y diferir todo lo que sea posible las obligaciones.
A falta de caja por escasez de compradores (su raison de etre), rascan ollas para liquidar los sueldos y llevarse algo a la casa.
Muchos perjudicados
No son uno, ni dos, ni tres, sino 853.886 en todo el país, incluidos los informales, los que integran la legión denominada Pyme, de la que, según el GPS de Empresas Argentinas del Ministerio de Producción de la Nación, 603.299 están registradas y por lo tanto se las cuenta como tributarias.
De los poco más de 6 millones de empleos en blanco que en total contabiliza la cartera laboral, el 97% proviene de las consideradas pequeñas y micro.
En el Boletín Oficial se acaban de redefinir los límites de facturación que las identifican, en montos que promedien en los últimos años desde los $21.990.000 para las microempresas hasta $1.441.090.000 para las medianas.
El tope de plantilla de personal para ser encuadradas como tales es 200.
De modo que la plataforma digital destinada a dar a conocer datos del sistema productivo muestra que nada menos que el 99,4% de las patronales del país son Pymes y apenas el 0,6% clasifican como grandes.
Un 30% de la actividad permanece aún en la sombra para el organismo recaudador mientras la informalidad laboral se concentra en 8 de cada 10 firmas con menos de 10 empleados, lo que significa que hay 2 millones de trabajadores en negro.
En tiempos de escasez de caja y pesadez de cobranza, como los actuales, la irregularidad se hace sentir en la accesibilidad a los créditos bancarios a tasas diferenciales que ha ido sacando el gobierno, ya que la tiene vedada el 95% de los urgidos por el mal común: encima que no venden, les aumentan los costos, los matan con las tarifas, les aplican cada vez más impuestos, les suben los alquileres… y siguen las firmas.
En lo que va del año, nada más que 50.000 (o sea el 8% del padrón) pudo presentar cheques en los 30 bancos oficiales y privados que distribuyeron el cupo de $60.000 millones asignado a partir de febrero por la Administración Macri como política de apoyo a las Pymes, a fin de descontar los de hasta 120 días al 25 y 29%.
Y como llenar la papelería y rendir examen de riesgo ante la burocracia bancaria no es precisamente el fuerte de la mayoría de los emprendedores, cuentapropistas, o los que se la rebuscan para manejar un negocio a pulmón, recién para abril se concretó el grueso de los trámites, hasta que en los primeros días de junio las entidades fueron las que tuvieron que frenar carpetas porque se agotó el cupo oficial.
A la intemperie y a merced de la capucha, a casi todas las Pymes, les cobran tasas que superan largamente el 100% para cambiar cheques, y la AFIP, que las acosa para que pongan al día los impuestos, les da planes de pago a 60 meses, al 2,5% mensual.
No integran ni uno ni dos, la carga tributaria acumulada entre nación, provincia y municipios, sino que el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) cordobés contabiliza 47 entre las directas e indirectas
Expone el caso de una empresa mediana con personal en relación de dependencia en la provincia de Córdoba que se dedica a la venta mayorista y minorista de productos electrónicos se ve alcanzada directa o indirectamente por 20 impuestos y sistemas previsionales (11 nacionales, 5 provinciales y 4 municipales), 24 regímenes de recaudación anticipada relacionados con los anteriores (16 nacionales, 5 provinciales y tres municipales) y 3 normas procedimentales en materia tributaria, una por cada nivel de gobierno.
Tampoco constituyen una excepción los que afrontan dificultades para no interrumpir el giro del negocio, sino que les cayeron las ventas a 23 de los 24 sectores e incluso el promedio general de capacidad instalada es de 56,4%, según precisó el vicepresidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Ariel Aguilar, al diario Popular.
Los que más sufren la debacle son calzado y textil, pero los autopartistas la están pasando peor en estos días, A la lista se agregan metalúrgico, juguetes, ópticos, marroquinería con problemas de empleo.
En conferencia de prensa, el vicepresidente Pymi de la UIA, Miguel Rodríguez, le añadió una pincelada más dramática aún: «Las pymes industriales están usando sus reservas y ya están acabándose. La situación es muy compleja».
En este contexto, la resistencia se dificulta porque, a pesar de los anuncios oficiales, la entidad subrayó que la financiación bancaria a Pymes cayó en términos reales 22,4% en marzo 2019 contra el mismo mes de 2018. Superó inclusive a la retracción general del crédito destinado al sector privado no financiero, que retrocedió 13,2%, poco menos de 9 puntos respecto del de la producción.
Y el declive se nota claramente con las Pymes, ya que de cada $100 que prestan hoy día los bancos, reciben en promedio $17,4; en 2018 eran 17,9%, en 2017, 19,1% y en 2016 18,5%.
Los diferimientos en la cadena de pagos están recalentados al máximo, en torno de los 120 días, que al ritmo de inflación que veníamos implican un 25% de deterioro. Esta forma de financiación ipso facto termina afectando la normal provisión de insumos cuyo stock se haya agotado.
El empresario Pyme que hasta hoy no cerró, consumió todo el capital de trabajo y no consiguió financiación bancaria a tono con la depreciación de sus ingresos, deshoja la margarita entre desprenderse de activos suyos para sostener el negocio o de personal para aliviar costos, pero con un gran signo de pregunta sin resolver: ¿hasta cuándo?
A los que deberían despejarle incertidumbres, desde hace rato ocupados en sus propios espacios de poder dentro de la política, la fundación Observatorio Pyme (FOP) les recuerda «sin empresas no hay empleo y no hay futuro».
Y el espectro de las pequeñas y medianas al borde del nocaut representa nada menos que el 99,4% de la apocalíptica advertencia.
