El miedo a perder el trabajo no pasa de ser mediático cuando INDEC informa que en 2018 fueron 191.300 los empleos que se perdieron, como se asume real en cada uno de los más de 6 millones de trabajadores que se desempeñan en las 856.300 empresas legalmente inscriptas en el país, o en los 4,5 millones de informales, cuando es compañero, familiar, amigo, vecino, o cualquier otro vínculo de afinidad, de algunos de los 600 despedidos de la carrocera Metalpar, de los exonerados por la embotelladora de Coca Cola FEMSA, Fate, la cristalera Pilkington y otras que vinieron ocupando plana en estos días. El efecto multiplicador de “las balas de la desocupación que pican cerca” torna como posibilidad cierta que la próxima le acierte a uno y toque preguntar en el seno familiar: “¿Y ahora qué hacemos?”.
Es como con la inseguridad: se la menciona de un modo cuando se reproduce en las noticias en forma de asesinatos, robos, secuestros, violaciones, femicidios, cotidianos, pero se transforma en miedo real cuando uno es la víctima o se encuentra entre los 3.000 familiares registrados en el compendio elaborado por las Madres del Dolor, e integra personalmente, o a través de alguien conocido, el 28,3% de los detectados en el índice de criminalidad de la Universidad Torcuato Di Tella. La agenda 2019 se inauguró con la sensación hecha carne del riesgo a perder el empleo o de la realidad de haberlo perdido, que no cala por el tratamiento informativo que reciba, sino por la repercusión directa que propaga en los círculos de proximidad de las personas afectadas, como si fueran los muñequitos de papel agarrados de la mano que forman una cadena de afinidades.
Hay que estar en el pellejo de cualquiera de los 2 mil trabajadores de la planta de la automotriz Peugeot, en la ciudad bonaerense de El Palomar, que rumiaron en familia el telegrama de suspensión por 2 meses.
De igual modo, imaginar cómo se deben sentir los 5 mil operarios del sector en todo el país a los que aún no les tocó y qué clima se debe estar viviendo en la intimidad de esas fuentes de trabajo.
Nada más que invocando los últimos casos, bastaría con darse una vuelta por la vida cotidiana de los 600 obreros, personal de limpieza y seguridad que se quedaron en la calle cuando cerró la fábrica de carrocerías de colectivos Metalpar en el partido de San Martín, los 13 que la cristalera Pilkington había mandado de vacaciones y terminó despidiéndolos aduciendo merma en las ventas y un elevado stock de mercaderías.
El proceso de racionalización de personal de la embotelladora de Coca Cola FEMSA resultó casi una obra maestra del terror, como las cinematográficas de Alfred Hitchcock: empezó con la presentación de un procedimiento preventivo de crisis (PPC) ante la cartera laboral que inicialmente preveía echar a mitad de precio a 80 empleados de la planta que posee en el barrio porteño de Pompeya. Desestimado el pedido, bajó a 75 y luego redujo el plan a 32 pero pagando el total de la indemnización.
Además del temor a quedar sin empleo, los trabajadores se muestran indignados contra los empresarios, a quienes les desmintieron el argumento de achicar por haber perdido dinero y los responsabilizaron por afectar los volúmenes despachados el año pasado al aumentar el 60% los precios de la Coca-Cola.
Obviamente que los empresarios también tienen una estructura de costos para exhibir porque la cuestión de fondo es la inflación.
Urgente 24 lo advierte desde los días cuando, curiosamente, Roberto Lavagna era ministro de Economía de Eduardo Duhalde, y ya había quienes coqueteaban con la tragedia con la excusa de que había que salir de cualquier manera de la recesión: la inflación provoca un incremento de la puja por el ingreso disponible, por la riqueza posible. Y mucha inflación es un gran conflicto social con consecuencias políticas. No hay alternativa y, lamentablemente, la sociedad argentina nunca ha apreciado en su debida forma la baja de la inflación ocurrida en los años ’90, las consecuencias de la estabilidad de precios y, entonces, encuentra lo que buscó: del ‘poquito de inflación para reactivar’ se terminó en un vendaval en el cual los más damnificados son los asalariados.
Hoy día abundan los casos porque está sucediendo algo más: la reconversión tecnológica posible para automatizar procesos y así reducir costos. Es una tendencia global para la que la Argentina no se encuentra preparada. Casi todo hoy se puede hacer más barato incorporando o software o hardware, en especial porque el empleo es muy caro, en especial para el empleador. La reforma laboral nunca se concretó, y ahora se junta todo, en un escenario en el que objetivamente hay menos posibilidades de colocar la producción.
Otro caso similar fue el de la empresa Fate ante el procedimiento preventivo de crisis presentado ante la Secretaría de Trabajo, que a consecuencia de la eliminación de un turno completo en la planta de neumáticos en San Fernando, prevé la desvinculación de 437 empleados.
Los trabajadores se defienden como pueden. Por ejemplo, enrostrando al Grupo Madanes que tan mal no le iba porque entre 2015 y 2017 ganaron $480 millones pero eso fue antes del pago de impuestos y no contempla varias cuestiones:
* Toda empresa se hace para ganar dinero.
* Toda empresa tiene la necesidad de reponer el capital aplicado.
* Toda empresa debe necesariamente considerar el ciclo económico.
* Toda empresa debe considerar que si hay una crisis en el mercado automotriz, obviamente habrá una crisis en el mercado de autopartes y también en el mercado de neumáticos.
Pero los obreros no son egresados de un MBA y reaccionan, obviamente, ante las consecuencias de los que les toca vivir. Y alimentan su resentimiento para descargarlo cuando abran las urnas. Sin duda es el gran problema de Mauricio Macri para ganar su reelección: el fracaso indiscutible de 4 años de economía, que él no quiere asumir y pretende presentar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como una alianza positiva, una estupidez que obviamente provoca más enojos.
Emergentes económicos
Pero, en defensa de los trabajadores, en discusión se encuentran las ganancias financieras obtenidas por empresas que usaron y abusaron de los privilegios concedidos por Mauricio Macri en el inicio de su gestión: tasas de interés en pesos superpositivas, carry trade para asegurar la salida en dólares, etc.
Los gurúes de la llamada ‘economía popular’ tienen su punto de vista.
«Privilegiados principales en el reparto resultaron ser los jugadores del carry trade (bancos, empresas e individuos pudientes que arbitran entre tasas, dólar y bonos en la plaza financiera), el campo (sin contar el tema de las retenciones), la minería, los petroleros, los proveedores de servicios públicos y la medicina prepaga», según identificaron el sociólogo Martín Schorr y el economista Francisco Cantamutto, investigadores de la Universidad de San Martín y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
En perspectiva estadística, el INdEC reproduce por 191.300 empleos en blanco los que se destruyeron el año pasado, con los asalariados privados de la industria, comercio y construcción como los principales afectados.
Pero el cara a cara confiere a la situación un dramatismo que excede las elaboraciones intelectuales.
Nada más que echar un vistazo a las redes sociales y a la prensa de izquierda para advertir que la bronca de los involucrados en las anomalías laborales trasciende a los gobernantes para apuntarles a las patronales.
Por el lado de las remuneraciones, en general la canasta básica que lleva UCEMA se les ha ido muy lejos del actual cuadro de situación: tendrían que cobrar US$12.500 para mantener el nivel de vida que refleja, cuando el promedio gerencial tras la devaluación no cubre ni un tercio.
Aun así, la brecha de ingresos entre el techo y la base de la pirámide social es de 25,5 veces.
