No se ponen de acuerdo en el área de la medicina privatizada, o sea en el 9% del sistema de salud argentino, si entre los sucesivos aumentos de las mensualidades por encima de la inflación (lleva 157% desde diciembre de 2015, sin contar el 5% autorizado para febrero próximo) y la fuerte caída del salario, que recrudeció el año pasado, causaron un masivo regreso de afiliados a las obras sociales, como denunciaron firmas líderes, o si los cambios no fueron más allá de una degradación de la calidad en los planes para abaratar la cuota.
Un especialista publicó en la revista Médicos que unos 540 mil asociados optaron por paquetes con menor cobertura pero más económicos, mientras el vocero de la compañía líder aseguró que, en los 8 primeros meses de 2018, hubo directamente una merma interanual del 60% en la población de usuarios. ¿Hubo una devaluación de las prestaciones o hay una clase media empobrecida de regreso a una medicina social? La mala noticia es que, como la mayor parte de los Gremios transfirieron la atención de nada menos que 4,5 millones de afiliados a las prepagas, quedaron desguarnecidos para recibir un eventual reflujo de demanda médica y la recarga tendría que ser absorbida por la estructura hospitalaria de todas las jurisdicciones que, así como está todo, ya atiende como puede a casi 16 millones de personas.
El consultor de Entidades de Medicina Prepaga (EMP), Patricio Pasman, escribió en la revista Médicos que, de acuerdo con un relevamiento de cantidad de asociados que él mismo realizara en 28 firmas del sector, el padrón llega a unos 6,95 millones en total, pero aseguró que “este año seguramente se produzca un récord de opciones de cambio, con más de 540 mil titulares que cambien de obra social”.
Según estima, aproximadamente más de 2 tercios de los transferidos lo constituyen empleados en relación de dependencia que utilizan los aportes y contribuciones que van a una obra social para el pago parcial o total de las cuotas de los planes de las EMP.
Por esa privatización de hecho de la cobertura médica que abrió la ley de desregulación, gran parte de las casi 3 centenares de obras sociales registradas recibe del 80 al 85% de los $200.000 millones que se recaudan entre los aportes obligatorios, 5% del sueldo el patronal y 3% del empleado, a fin de cumplir con la atención del servicio de salud, pero en unos 4.500.000 casos lo derivan a la medicina prepaga, quedándose un porcentaje como si fuera un agente productor.
El 15-20% restante de lo que se juntó de las remuneraciones va al Fondo Solidario de Redistribución, creado en 1980, que administra la Superintendencia de Servicios de Salud, del cual se saca el dinero para reintegrar a las obras sociales por tratamientos complejos y costosos a través del Sistema Único de Reembolsos (SUR). Subsidia, asimismo, a las obras sociales más pobres para que puedan cumplir con el Programa Médico Obligatorio (PMO) que establece el Ministerio de Salud de la Nación –según publica Urgente 24-.
No son pocas: las obras sociales están altamente concentradas, ya que un 5% absorbe más de la mitad de los 14 millones de afiliados que componen la nómina. El fenómeno fue increscendo. Las 12 primeras compañías que en 2010 retenían el 71% del mercado en 2018 aumentaron la participación al 87%.
Al desplegar los datos en el artículo de marras, el especialista subrayó que le “llama la atención que en un año de recesión económica el sector siga creciendo, aunque vale aclarar que los prepagos que más crecieron son aquellos que comercializan planes más económicos”.
Comentó al respecto que “la gente que necesita reducir gastos se baja de plan dentro de la empresa que tiene o se pasa a prepagos más económicos, pero se mantiene en el sector. La percepción para este segmento de la población es que este es un servicio de primera necesidad y realiza los esfuerzos necesarios para permanecer con esta cobertura”, enfatizó.
Desde 2001, de aproximadamente 3 millones de asociados, las Entidades de Medicina Prepaga (EMP), que son las que por la ley Nº 26.682 incluyen a las Empresas de Medicina Prepaga y a las Obras Sociales (por los planes de salud de adhesión voluntaria individuales o corporativos, superadores o complementarios por mayores servicios médicos que comercialicen), pasaron a los casi 7 millones actuales.
La rotación de los afiliados también se aceleró 2 veces y media entre 2003/04 y 2018, ya que de las 200 mil opciones de cambio de obra social de aquel momento se transformaron en más de medio millón.
Merma de usuarios
Un enfoque más pesimista, pero por ser más coyuntural, había efectuado el gerente de Relaciones Institucionales de la prepaga con mayor número de afiliados (2.220.959), Osde, Francisco Clucellas, cuando en diálogo con la publicación FILO afirmó que «el crecimiento de la población de usuarios ha mermado en un 60% si comparamos el período enero-agosto 2017 con los 8 primeros meses de 2018”.
Admitió, asimismo, que se advierte un descenso en el número de cápitas y cambios hacia los planes más económicos, pero no aportó estadísticas concretas, como tampoco desde las obras sociales confirmaron que haya habido un masivo regreso de afiliados que asumían la diferencia entre la cuota obligatoria y el valor de la prepaga, que en total se estiman en más de 5 millones, a los que se suma el 1,2 millones que las empresas asocian en forma directa.
Antes que se aplique el 5% autorizado por el Gobierno a partir de febrero, los planes de las privadas arribaron a un costo promedio mensual de 4.000-4.500 pesos para una persona de edad media, mientras para un matrimonio joven con 2 hijos menores, en un plan sin reintegros, ronda los 9.000 pesos. Los paquetes familiares mayores superan los 10.000 pesos.
A esos niveles se llegó luego de que desde diciembre de 2015 se escalonaran sucesivos incrementos, que a fin de 2018 acumulaban 157%.
Pero dada la estructura tripartita del sistema de salud, a la sociedad no le queda demasiado margen para decidir, ya que 9% es atendida por organizaciones privadas, 57% por PAMI y obras sociales (que utilizan clínicas y sanatorios, pero también nosocomios públicos) y un 32,7%, que no tiene cobertura alguna, es absorbido por los hospitales nacionales, provinciales y municipales, los que en total atienden 15,7 millones de personas.
No extraña, en este contexto, que la caída del salario que se ha venido agudizando a medida que transcurre la Administración Macri no haya arrastrado, hasta una última instancia, la cobertura médica privada, aunque sí afectó la calidad de las prestaciones contratadas.
El consultor Pasman rescata en este proceso de ajuste 2 cambios positivos que se consolidaron en el año que finalizó:
-la gestión de PAMI en la compra de medicamentos y en los de alto precio se unificara con otras obras sociales;
-el pago integrado de las prestaciones de discapacidad en las obras sociales, decretado en agosto de 2016, que permite el financiamiento directo del fondo solidario de redistribución a los agentes del Seguro de Salud, de la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. Este gasto médico de la discapacidad ha crecido de manera exponencial en los últimos 10 años y, además de que aún no se lo discrimina claramente del social, no encontró un modo de auditar que evite abusos.
La creciente inflación que atacó de lleno las estructuras de costos sepulta cualquier peine fino, ya que en el sector salud los precios, en promedio, crecen un 6 o 7% más que la general”, explica Clucellas, de OSDE, quien sin embargo lo atribuye, además de a la suba de precios de medicamentos e insumos ortopédicos, que en su gran mayoría son de origen importado, a la “permanente incorporación de nuevos tratamientos que en muchos casos no han demostrado ser más efectivos que los existentes”.
En realidad, los incrementos de los costos médicos es un problema global, según surge de la Encuesta Global de “Tendencias de Costos Médicos” efectuada por Willis Towers Watson entre más de 300 participantes de la industria, que representan a 77 países.
Héctor Barrios publica en la revista Médicos que para 2019 el crecimiento de costos esperado en Medio Este y África desplaza del 1er puesto al que se prevé en América: 12,4 contra 10,7%, cuyo conjunto presenta una mayor expectativa de incremento que en Europa, principalmente de la mano de Argentina, que duplica largamente la tasa de la región, y también de Brasil (15,3%), debido a que ambos tienen una fuerte incidencia en el indicador del continente.
En Europa de un lado están Turquía (18,2%), Ucrania (13,3%), Rumania (9,3%), Rusia y Serbia (8%), que contrastan fuertemente con Italia 2,1%, Francia 2,5%, Bélgica 4,4%, Dinamarca 4,3%, Irlanda 4,7% y Polonia 5%.
Si bien las distintas regiones mencionan diferentes causas que incidirán en los indicadores:
-Atención Ambulatoria,
-Internaciones,
-Maternidad y Odontología.
Todos coinciden en señalar al gasto en medicamentos y el de la salud mental –incluyendo adicciones– como los de mayor incidencia en el crecimiento de los costos médicos para 2019.
De igual forma, hay coincidencia general respecto de los 2 factores externos que más impactan en los ajustes:
-incremento de costos por el uso de nuevas tecnologías 65% y, llamativamente,
-expectativas de ganancias por parte de los proveedores 48%.
La Encuesta también muestra una fuerte preocupación respecto de aquellos factores relacionados con la utilización, a saber:
-sobreutilización a partir de la recomendación de los profesionales – 70%;
-sobreutilización por parte del usuario – 52%;
-bajo nivel de hábitos saludables de la población cubierta – 36%;
-subutilización de “medicina preventiva” – 34%;
-baja calidad a partir de la falta de integración de los distintos niveles de servicios – 24%;
-bajo entendimiento de la forma adecuada de utilización del servicio – 14%.
El gerenciamiento de las enfermedades crónicas constituye la principal herramienta efectiva mencionada por los encuestados, y ahí es donde se advierte la mayor falencia del modelo local.
Pasman recuerda otras asignaturas pendientes, como que no haya aún una Agencia de Evaluación de nuevas tecnologías, que no se actualice y adecue el programa médico obligatorio (PMO), las judicializaciones y que “los medicamentos de alto precio cada vez más sean una espada de Damocles que puede fundir a las empresas y no logramos tener como Uruguay y Chile un modelo asegurador a nivel estatal que iguale y regule al respecto”.
