El decreto 929 aprobado por el kirchnerismo en 2013 es el instrumento legal al que echarían mano las principales petroleras que invirtieron en los últimos años en la Argentina, especialmente en Vaca Muerta, para sortear los flamantes controles cambiarios. Son varias las compañías que realizaron las averiguaciones legales y estarían en condiciones de acceder al mercado cambiario y transferir divisas al exterior, eludiendo así el cepo que el Gobierno impuso a partir de septiembre.
Este decreto fue dictado casi en paralelo con la polémica inversión que realizó Chevron en la Argentina, de la mano de YPF. En aquel momento también había restricciones cambiarias, por lo que la única manera de convencer a las grandes multinacionales para invertir en el país era darle alguna posibilidad de salida a las inversiones que efectuaran en el país.
Los controles cambiarios resultan un grave obstáculo para atraer nuevas inversiones productivas. En el caso petrolero, a esta traba se agregó el congelamiento de precios, que impactaría negativamente en los planes de inversiones de las empresas en Vaca Muerta en 2020.
Así se aprobó un régimen de “Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”, que básicamente dispuso dos cuestiones principales: la “libre disponibilidad” de divisas y además un régimen de “cero retenciones” para las exportaciones petroleras, siempre que no superen el 20% de la producción. La condición para aprovechar estas ventajas es que se verifique un plazo de cinco años de la inversión original. Se supone que cualquier apuesta de estas características precisa al menos ese plazo de maduración para generar ya sea utilidades como saldos exportables.
Asesores de Alberto Fernández en el área de energía, como el caso de Guillermo Nielsen, venían sugiriendo la necesidad de aprobar una ley especial para asegurar las inversiones en Vaca Muerta. Sin embargo, este decreto ya les permitiría a las petroleras una opción de salida para sus inversiones, poniéndolas claramente en una situación mucho más ventajosa que al resto de los sectores productivos de la economía.
Los controles cambiarios implementados en septiembre fueron suaves para el público (porque permiten comprar hasta USD 10.000 mensuales), pero muy duros para las empresas. Éstas no pueden acceder al mercado cambiario para fines de atesoramiento y tampoco pueden hacerlo para girar utilidades al exterior, menciona infobae.
En el mercado petrolero no sólo inquietan los controles cambiarios, sino también el congelamiento de precios definido por el Gobierno. Luego del aumento “por única vez” de 4%, las compañías calculan que el precio de las naftas está atrasado un 17%. Por eso, aconsejan al Gobierno que no prorrogue este congelamiento más allá del 12 de noviembre o incluso sugieren que podría ser levantado inmediatamente después de las elecciones presidenciales, es decir el 27 de octubre.
Este decreto ya les permitiría a las petroleras una opción de salida para sus inversiones, poniéndolas claramente en una situación mucho más ventajosa que al resto de los sectores productivos de la economía.
Los controles cambiarios que lleva adelante el Banco Central también mantienen en vilo a las compañías de energías renovables. En las próximas horas, divulgarán una solicitada advirtiendo que se corre riesgo de perder miles de millones de dólares en nuevas inversiones debido a la imposibilidad de mover capitales libremente. Y ponen el foco en los proyectos de “project finance», que es la estructura utilizada para canalizar capitales en energía solar, eólica y de otras fuentes.
Según advierten, ya hubo inversiones en energías sustentables por más de USD 3.500 millones y están en suspenso otros USD 2.000 millones, ante las dificultades que plantea el nuevo cepo. Entre otros aspectos, mencionan las restricciones para pagos al exterior, como también las trabas de “convertibilidad y transferencia” de divisas.
