El conflicto en el sector energético que arrancó con las diferencias entre las empresas generadoras y el Gobierno sumó hoy un nuevo capítulo. Las compañías productoras de hidrocarburos confirmaron hoy su rechazo a la propuesta del Gobierno de cancelar con un bono del Tesoro la millonaria deuda que Cammesa, la firma mixta de control estatal, acumuló por flujos de energía impagos en diciembre y enero.
Fue a través de una carta que la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) envió al ministro de Economía Luis Caputo y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, donde informan que “la mayoría de los productores nucleados rechazan la modalidad de pago” dispuesta por la resolución 58.
Allí, el Gobierno formalizó su intención de entregar bonos del Tesoro emitidos en dólares con vencimiento en 2038 (AE38) para cancelar la deuda superior a los US$1000 millones que Cammesa acumuló con las empresas energéticas en diciembre y enero, mientras que se pagarían en efectivo los montos correspondientes a febrero.
Las compañías rechazan la propuesta porque entienden que aceptar este bono implicaría una quita en los montos adeudados. Es que el Gobierno ofrece los títulos en su valor nominal, pero actualmente en el mercado cotizan alrededor de la mitad de esa cifra.
En la carta, firmada por Carlos Ormachea, presidente de CEPH, se advierte que el rechazo se debe a que la propuesta diseñada afecta “su derecho constitucional de propiedad” al modificar las pautas que los productores de hidrocarburos firmaron con el Gobierno en el marco del último Plan Gas, definido en 2020 (decreto 892) y modificado en 2022 (decreto 730) que establece un precio base para el gas producido en el país.
“La resolución afecta los derechos contractuales de los productores”, dice la carta, enviada hoy. “La alteración, de manera unilateral por parte de esa Secretaría, a los términos de contratos celebrados al amparo de procesos licitatorios públicos, afecta la seguridad jurídica, genera incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas, y constituye un precedente que desalentará nuevas inversiones”, agrega la nota.
En ese sentido, la cámara de productores de gas plantea que la propuesta del Gobierno “afecta en forma directa la posibilidad de continuar llevando adelante inversiones en perforación y terminación de pozos y/o construcción de infraestructura, y el mantenimiento de los niveles de producción, incrementando innecesariamente el riesgo de suministro de gas natural, la continuidad de la cadena de pagos y el crecimiento del sector”.
A su vez, plantean que si bien Cammesa “adeuda la totalidad de las entregas de los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, más intereses desde octubre 2023″, la empresa sí “cuenta con fondos disponibles para hacer frente a parte de esa deuda”.
Por eso, insisten en que “resulta altamente cuestionable y preocupante que la resolución pretenda sujetar el pago de la deuda correspondiente a las entregas del mes de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el cambio unilateral de los contratos para los montos correspondientes a las entregas de gas de diciembre y enero (con la quita que ello implica)”.
La carta de las empresas productoras de gas también reiteraron sus reclamos por “el continuo retraso en los pagos” de sus socios y el hecho de que el Gobierno “no determine propuesta de pago alguna para las compensaciones que adeuda el Estado Nacional a los Productores” bajo el Plan Gas, que, afirma el texto, “se encuentran pesificadas vencidas con mora en algunos casos por más de 18 meses”. A su vez, insisten en su “voluntad de diálogo” y la “predisposición en la búsqueda de soluciones consensuadas”.
El documento de la CEPH se ubica en línea con lo comunicado días atrás por Ageera, la cámara que nuclea a las firmas generadoras del país, que le envió a la Secretaría de Energía una carta donde rechazó la propuesta oficial y la calificó de “especialmente inaceptable”.
“El hecho de sujetar el pago de febrero a la firma de un acuerdo en el cual se acepte el pago en bonos para los montos correspondientes a diciembre y enero (con la quita que ello implica), resulta especialmente inaceptable”, dice el documento.
