La audiencia pública por la revisión tarifaria del gas no está dejando satisfecha a ninguna de las partes involucradas. Es que al tradicional cuestionamiento de los usuarios que manifiestan que ya no pueden soportar más aumentos, se sumó un inesperado reclamo institucional de la Cámara de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (CEPH).
Las firmas se resisten al cambio de reglas que impulsa Lopetegui con el nuevo esquema de pesificación de contratos, que congela el tipo de cambio por seis meses y traslada el riesgo de una devaluación a los empresarios.
Como se vio a fines del año pasado, hasta ahora el gobierno compensaba a las empresas en caso que sucedan estos imprevistos. Eso le trajo un duro dolor de cabeza tras la corrida de septiembre, cuando Iguacel intentó trasladar la pérdida que les ocasionó la devaluación a los usuarios, que finalmente fue cubierta por el Estado ante la queja de la UCR.
Sin embargo, la nueva conducción de la cartera de Energía que está subordinada directamente a las directrices de Dujovne -y por ende del FMI-, no está dispuesta a poner en riesgo el fino cumplimiento de las metas fiscales.
Es por eso que en la última licitación del precio del gas de boca de pozo, permitieron que las gasíferas eleven los valores un 14% por encima de lo previsto para cubrirse de un posible salto cambiario y desligarse definitivamente de esa responsabilidad.
No obstante, la preocupación de las productoras por una corrida cambiaria que ven inexorable y de gran magnitud es tal, que aseguran que esa «pequeña cobertura» no es suficiente para garantizar que no sufrirán un cimbronazo durante este año –según publica La Política Online-.
En consecuencia, las productoras efectuaron por primera vez un cuestionamiento en conjunto, dirigido al titular del Enargas Mauricio Roitman, un hombre del riñón de Aranguren que mantiene serias diferencias con el equipo de Lopetegui. «Nos salteamos a la secretaría de Energía porque son unos cachivaches, a Roitman lo respetamos», fueron las duras palabras de un ejecutivo de una de las principales jugadoras del mercado.
El problema es que la decisión excede por completo el accionar del ente regulador, ya que se trata de un decreto presidencial que tiene fuerza de ley. Las empresas lo saben, pero su intención es comenzar a actuar en conjunto y tener un mayor protagonismo en la discusión pública.
«Nosotros no tenemos por qué quedar a merced de los altibajos que tenga la macro. La devaluación puede ser muy alta y si ocurre lo que pasó en 2018 el sector se va al demonio. El gobierno está perdido y no vemos que esté en condiciones de frenar una corrida que podría llegar incluso en 30 o 60 días», subrayó el mismo ejecutivo.
Desde otra de las firmas líderes se mostraron en línea con el planteo de la cámara y aseguraron que se trata de un mensaje «que representa a todo el sector». En tanto, una tercera productora remarcó su enojo por el constante cambio de reglas de juego -que también se vio en la Resolución 46- y cuestionó que «sólo les interesa ganar las elecciones».
La disputa por la cobertura cambiaria no fue el único tema que acaparó las quejas empresarias del ámbito energético durante esta audiencia tarifaria. Las distribuidoras, por su parte, están presionando para conseguir un aumento que contemple los casi 10 puntos porcentuales de menos que les dieron en la última actualización el indexar por IPC y no por la inflación mayorista como está acordado.
En ese momento, Iguacel les había pedido hacer una excepción por el complicado contexto macroeconómico, dado que se acababa de transitar el shock cambiario de septiembre. Las firmas accedieron, pero ya no quieren ser las que se lleven la peor parte y por eso pidieron aumentos de hasta el 35%, que ponen en jaque el tope del 30% fijado por Lopetegui.
Fuentes oficiales comentaron que se encuentran analizando el pedido de las distribuidoras, aunque volvieron a ratificar el límite del 30% que están dispuestos a conceder.
