Asumen que no habrá recursos para subsidiarlas y empezaron una guerra para sobrevivir al reperfilamiento.
La guerra entre las empresas de generación eléctrica se trasladó insólitamente a un debate público abierto donde se echaron culpas unas a otras para tratar de sobrevivir a una ruptura de contratos que asumen inminente.
Lejos de cuestionar la promesa de Alberto Fernández de congelar y pesificar tarifas, ahora se muestran comprensivas de la decisión del presidente electo, pero luchan para que este «reperfilamiento» contractual se circunscriba a los esquemas de remuneración donde no tienen la mayoría de sus activos, detalla La Política Online.
El eje de la cuestión radica en que con la restricción fiscal existente, parecería difícil que la próxima administración pueda aumentar los subsidios a modo de compensación por la merma que sufrirían las empresas si se mantienen sin cambios los montos de las facturas de luz.
«Las opciones que tiene el gobierno son aumentar tarifas o seguir subsidiando a través del Tesoro, pero en este momento suena poco probable. Entonces uno de los incentivos es tratar de bajar los costos. Ahí, los que tenemos energía vieja somos los más vulnerables, porque con una resolución te bajan el precio de la energía de potencia», afirmó Mariana Shoua, CEO de la generadora eléctrica Orazul, en el «Forbes Energy, Oil & Gas Summit».
En consecuencia, la ejecutiva sugirió que lo mejor sería «sacar un poquito de cada lado», en referencia a la posibilidad de modificar al mismo tiempo los contratos PPA en dólares a largo plazo.
En respuesta a esa propuesta, la presidenta de Luft Energy Doris Capurro -quien aseguró tener el récord de presentaciones de parques renovables que se rigen por el formato PPA-, dijo que este camino ocasionaría que las empresas acudan «al CIADI en tres minutos y medio».
Por el contrario, opinó que «los que tienen que ver con resoluciones presidenciales sí deberían ser sometidos a una revisión para adecuar los costos». Luego, pidió «distribuir entre todos un poco», pero dejó en claro que «no entre todos igual».
Shoua levantó la apuesta y directamente se preguntó «si tiene sentido incentivar los renovables en este contexto». «Con el diario del lunes podemos decir que en renovables se convalidaron precios que hoy son altos en relación a la energía basada en gas. Que haya demanda que se abastece con renovables significa que hay menos demanda que se abastece a gas», apuntó en un claro mensaje a su compañera de panel.
Más allá de la sorprendente discusión, el evento organizado por Forbes puso de manifiesto el fuerte lobby que las energéticas están ejerciendo sobre el próximo gobierno, al que ya no critican como lo hacían hace pocos meses.
En el peronismo ya hicieron los números y saben que sin un reperfilamiento de contratos, los subsidios se duplicarían al pasar del 0,8% al 1,6% del PBI, como indicó la consultora PxQ de Emmanuel Álvarez Agis. De acuerdo a este informe, incluso con una modificación de contratos que lleve el precio monómico de 68 dólares por mw/h a 50 dólares, las tarifas deberían subir entre un 30% y 35%, mientras que los subsidios saltarían al 1,2% del PBI.
A su vez, el pago de vencimientos de deuda en pesos durante el primer trimestre ya se llevaría el 68% de la emisión monetaria del 45% que tiene pensada impulsar Alberto Fernández. Como agravante, desde el búnker de la calle México han trascendido que también está decidido decretar una importante suba de jubilaciones y Asignación Universal por Hijo en los primeros días de mandato.
El problema es que una interrupción de los compromisos firmados no solamente derivaría en una ola de juicios como dijo Capurro, sino que afectaría a los fondos de inversión como Black Rock, que financiaron la mayoría de estos emprendimientos energéticos y pasarían a adoptar una postura mucho más agresiva a la hora de sentarse en la mesa de renegociación de la deuda.
Es por eso que una de las generadoras líderes afirmó a LPO que seguramente «van a romper los contratos de energía vieja en pesos, ya que los PPA en dólares tienen el blindaje de bancos multilaterales y de desarrollo como garantías del Banco Mundial».
También reconocieron a este medio que «en las decenas de charlas que hemos tenido con el equipo del nuevo gobierno, se estuvo negociando prorrogar concesiones», como moneda de cambio.
En la misma línea se pronunciaron desde la actual secretaría de Energía. «Los que tienen todas las de perder son la térmica y la hidroeléctrica vieja. Es la generación base, toda la venta spot que no tiene contrato. Representan el 72% de la energía que se genera y el 45% del costo del sistema. Eso se dolarizó en el 2017, pero como antes estaba en pesos no tienen posibilidad de reclamo legal de ningún tipo ante un cambio de resolución», subrayaron a este medio.
