En el mercado energético se encendieron todas las alarmas. Los diferentes proyectos de ley que se están impulsando desde la oposición para frenar el aumento de tarifas de servicios públicos golpearían fuertemente la rentabilidad de las empresas y provocarían un derrumbe en el ya alicaído mercado de valores local, según auguran los especialistas.
Desde la distribuidora Metrogas se muestran cautos, pero confiesan estar «muy atentos a la situación». Si bien todavía no han hecho un cálculo de cómo les afectaría esta medida, descuentan que «tendrá un gran impacto».
Mientras tanto, Edesur calificó la iniciativa como «inviable». «Sería un gran retroceso. El gobierno dio un paso muy importante al avanzar en la regularización del sector eléctrico para sacarlo de la situación en la que estaba, pero todavía no se recompuso la rentabilidad», manifestaron en diálogo con LPO y añadieron que «recién en febrero de este año se empezó a cobrar la primera de las 48 cuotas de la suba de la luz del año anterior».
La oposición convocó a una sesión especial este miércoles para tratar las legislaciones mencionadas, pero por apenas un diputado no logró llegar al quórum necesario. El proyecto kirchnerista busca «congelar y retrotraer tarifas», mientras que el del Frente Renovador y el peronismo dialoguista propone indexar los aumentos de servicios públicos al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).
«Desde el 2016 el Frente Renovador viene diciendo que la Corte se ha referido a la proporcionalidad y a la razonabilidad de los aumentos, que no pueden estar por encima de los que gana de sueldo una persona. De lo contrario, es confiscatorio», señaló Graciela Camaño, jefa de los renovadores.
La cuestión tarifaria le ha dado más de un dolor de cabeza al gobierno, no sólo por el reclamo de la oposición, sino también de sectores en sus propias filas. El presidente de la UCR Alfredo Cornejo, no se cansa de criticar a Aranguren y está trabajando en un pronunciamiento oficial junto al especialista en Energía, Jorge Lapeña, que molesto por la política macrista renunció al directorio de Transener en proceso de privatización.
Para el Licenciado Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (Ceres) de la Universidad de Belgrano, si se congelasen las tarifas se ocasionarían dos grandes problemas: «el servicio se deterioraría inmediatamente, ya que las empresas no podrían cubrir sus costos operativos; y la bolsa se derrumbaría de un día para el otro, sería una calamidad para el mercado de valores y destrozaría a las energéticas».
En el último anuncio de incrementos para el gas, el Ministro Aranguren afirmó que si bien se daba por terminada la etapa de recomposición tarifaria debido al atraso que tenía la misma, aún restaba actualizar el precio de boca de pozo que se paga a los productores, el cual iría en constante aumento hasta el 2019.
Según Pelino, la recomposición tarifaria llevará «dos mandatos presidenciales debido al camino gradualista que eligió el gobierno y que a su vez le exigió la Corte Suprema». El máximo tribunal indicó en un fallo que el sendero de ajuste debe ser paulatino, que el precio tiene que tener razonabilidad y que debe poder ser afrontado por los usuarios.
Para el vocero del Ceres, el nivel de la inflación actual hace que este camino sea aún más lento ya que una acorde recomposición implicaría un aumento nominal muy alto. «Hoy el gas te aumenta un 40% en términos nominales, pero en realidad te está aumentando el 15% si descontás la inflación», explica.
Otro de los problemas que traería la propuesta opositora sería el incremento del déficit fiscal que «se iría al demonio con el incremento de los subsidios», según sostienen los especialistas.
