La pelea con los gremios aeronáuticos está muy lejos de terminar. Después de que la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) realizó asambleas en Aeroparque y Ezeiza por el despido de un trabajador, lo cual generó demoras y pasajeros varados, el Gobierno echó a 15 empleados de Intercargo. Horas más tarde, varios funcionarios del Gabinete hicieron un anuncio conjunto en el que comunicaron que se desregulará el servicio de rampas y que las fuerzas de seguridad se encargarán de sacar las valijas de los aviones en caso de que sigan las protestas de los gremios.
“Esto está enmarcado en un proceso de desregulación que empezó el año pasado. Ese proceso culmina hoy con esta norma, que es la desregulación del servicio de rampas”, dijo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “En los aeropuertos pequeños será el propio operador y autoridades del autódromo el que va a definir qué necesitan para operar. Eso va a permitir que incluso estos servicios de rampas los ofrezcan empresas locales”, aseguró.
Esta mañana, el ministro de Economía dijo que se desvincularon a 15 empleados. Lo cierto es que los despidos alcanzaron a 12 choferes, dos supervisores y un coordinador de micros, y según informó la secretaría de Transporte de la Nación, los pasajeros de 10 vuelos de Flybondy, Jetsmart y Latam no pudieron bajar de los aviones y tuvieron que ser trasladados por la PSA. Además, Intercargo denunció a APA por “privación ilegítima de la libertad de los pasajeros” y aseguró que les descontará las horas no trabajadas y la presencialidad a los empleados que participaron de la medida de fuerza.
Intercargo es una de las empresas del Estado que funciona dentro del mundo aerocomercial y realiza las operaciones de rampa o asistencia en tierra. A grandes rasgos, la firma se encarga del remolque de aeronaves, transporte de pasajeros, carga y descarga de equipaje, limpieza de aeronaves, embalaje de equipajes, entre otras cosas, y presta servicio en 19 aeropuertos del país.
El plan del Gobierno para Intercargo
La compañía que presta el llamado servicio de handling, en realidad, tenía exclusividad sobre la operación, ya que todas las empresas operaban con Intercargo, salvo por Aerolíneas, que tiene su propia empresa de asistencia en tierra a los aviones, Aerohandling.
No es la primera vez que el Estado quiere quitarle el monopolio a la firma. En 2019, Mauricio Macri y el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmaron un decreto para que las aerolíneas contrataran otras empresas para llevar adelante ese servicio. Sin embargo, pasado el tiempo no hubo cambios en las operaciones.
Ahora el Gobierno anunció que desregulará esta prestación. Sin embargo, la medida no es nueva, ya que a mediados de septiembre, se publicó la resolución 326/2024 que habilitó a otras compañías a obtener un certificado para prestar el servicio de rampa. La primera aerolínea en sumarse a esa operación fue Flybondi, que actualmente tiene operadores propios en Comodoro Rivadavia, Ushuaia y El Calafate, pero para el resto de los aeropuertos sí mantiene un contrato con Intercargo. Además, American Airlines tiene una empresa exclusiva que hace este trabajo en el aeropuerto de Ezeiza.
“La gran novedad es que las fuerzas policiales pueden operar los servicios si hay medidas de fuerza. Además, es un paso más para que haya nuevos prestadores”, explicó una fuente oficial al tanto de las reglamentaciones que anunció el Ejecutivo.
Intercargo, además, es una de las ocho empresas que quedaron sujetas a privatización después de la aprobación de la Ley Bases. Dentro del grupo de firmas que quedaron incluidas bajo el paraguas de esa normativa, quedó dentro de la lista que la posibilita a quedar en manos del sector privado de forma total.
De todos modos, desde que se dio luz verde a esa ley, no hubo más novedades sobre el proceso para dejar la compañía en manos del sector privado. Lo cierto es que por estas horas la Casa Rosada insiste con fomentar el ingreso de otros competidores para que Intercargo pierda fuerza en la operación de ese servicio y termine en una suerte de “cierre de hecho”.
Los números detrás de Intercargo
De acuerdo a las cifras de la Oficina Nacional de Presupuesto hasta el segundo trimestre de este año, Intercargo cuenta con 1580 trabajadores, que representa un recorte del 5,84% del personal en relación con el mismo período del año anterior.
En tanto, según figura en el último informe que la jefatura de Gabinete le envió al Congreso, 97 personas de la nómina fueron desvinculadas de la compañía: cinco se fueron por acuerdos de prejubilación, 46 fueron despedidas y hubo 46 retiros voluntarios. Para pagarlo, el monto que destinó el Estado fue de $1.133.784.547.
Uno de los puntos más llamativos de Intercargo es su situación fiscal, ya que la empresa que se ocupa de los servicios de rampa en los aeropuertos muestra números superavitarios en la comparación entre sus gastos y sus ingresos. Siempre según el seguimiento que realiza la Oficina de Presupuesto, la firma mostró en el segundo trimestre del año un resultado financiero -que incluye el pago de intereses de deuda- positivo en $9636,4 millones y no recibió en ese período ingresos por transferencias.
Puertas adentro del Gobierno afirman que su objetivo en relación con las empresas públicas no responde solo a una intención fiscal. De hecho, en despachos de la Casa Rosada explican que la cuestión es más bien ideológica. “No nos interesa tener a cargo espacios que deberían manejar los privados”, argumentan.
