El sábado por la noche, en la mesa de Mirtha Legrand, el presidente Javier Milei despejó todo tipo de dudas sobre qué piensa hacer con las compañías estatales. “Hay que cerrar todas las empresas del Estado”, aseguró de manera tajante.
El mandatario argumentó su posición al afirmar que el país debe someterse a un profundo ajuste en sus cuentas y describió la situación financiera de las firmas estatales: “Nos generan pérdidas por un punto del PBI, el Estado no tiene por qué participar de la economía. Ese tipo de conductas se utilizan para generar distorsiones en el mercado y para generarle quisco y caja a los amigos”.
Según un análisis de TN de documentos públicos y el Presupuesto Abierto, hay unas 31 empresas del Estado que agrupan unos 105.000 empleados y recibieron asistencia financiera para cubrir gastos corrientes y de capital por más de U$S5000 millones. Este es el universo de compañías y organismos en la mira de la nueva gestión.
105.000 empleados y U$S5000 millones en asistencia: las empresas del Estado que Milei quiere privatizar
En el DNU que el Gobierno publicó la semana pasada se detalla que las sociedades y empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas, como un paso previo a su privatización. No está claro todavía de qué manera la Casa Rosada se desprenderá de estas compañías, es decir, si lo hará a través de una cesión de sus acciones a los empleados o si las pondrá a la venta. Será un proceso al que se le deberá prestar mucha atención, en particular para saber eventualmente quién compra las firmas del Estado y a qué precio. Desprenderse del patrimonio estatal es una decisión que genera una fuerte controversia.
De acuerdo a información brindada en el informe 137 de gestión del exjefe de Gabinete, Agustín Rossi, la lista de 10 empresas y sociedades del Estado se componen de la siguiente manera. Trenes Argentinos S.A. cuenta con casi 26 mil empleados e incluye entre sus compañías a Belgrano Cargas y Logística; Playas Ferroviarias; Desarrollo de Capital Humano Ferroviario y la Administración de Infraestructura Ferroviaria, entre otros. Según el sitio Presupuesto Abierto 2023 ya se le pagó al conjunto de estas empresas más de $350 mil millones en asistencia.
Luego le sigue el Banco de la Nación Argentina con 17.723 empleados; el Correo Oficial de la República Argentina con una nómina de 17.356 trabajadores. Esta empresa recibió en 2023 unos $73.806 mil millones en transferencias del Tesoro; Aerolíneas Argentinas con unos 11.857 empleados y unos $6 mil millones en asistencia correspondientes al Presupuesto 2022; Agua y Saneamiento Argentinos S.A. 7.718 ($82.301 millones).
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A lo largo de la campaña Milei aseguró que tiene pensando que algunas de las empresas del Estado pasen a manos de sus trabajadores. En el decreto de necesidad y urgencia se derogó el artículo que impedía que el Estado nacional cediera la mayoría de las acciones de Aerolíneas Argentinas lo que ahora habilita el traspaso de estas a sus empleados. La incógnita es: ¿Tienen los empleados de la línea de bandera capacidad para afrontar los costos de operatividad de la compañía el próximo año sin que esta reciba partidas estatales?
La lista se completa con las siguientes compañías: Corredores Viales S.A. con 4.010 empleados que trabajan en la construcción, reparación y mantenimiento de los rutas a través de 42 peajes; Nucleoeléctrica S.A. con 3.148 trabajadores (a cargo de tres centrales nucleares que son Atucha 1, Atucha 2 y Embalse); Empresa Argentina de Navegación Aéreas (EANA) posee unos 2.415 asalariados y en 2023 el Estado le debió girar $3831 millones para su funcionamiento; Radio y Televisión Argentina S.E. está en la mira por una nómina de personal que en La Libertad Avanza consideran “excesiva” y que se compone de 2.383 empleados. A esta firma se le transfirió este año $29.962 millones y completa el ranking la compañía Intercargo con 1.670 trabajadores.
Otras compañías estatales que el Gobierno de Milei podría privatizar
Unas 1424 personas trabajan en las plantas de Fabricaciones Militares, que provee municiones y otras soluciones a sectores de la Defensa Nacional. Esta firma obtuvo del Estado $8359 millones para funcionar en 2023. A esta le sigue Casa de la Moneda -la fábrica de billetes de la República Argentina- con 1.412 trabajadores y una asistencia del Estado por $2400 millones; Nación Servicios S.A. con 1092 trabajadores; la histórica Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” (FADEA) -que desarrolla los aviones de combate Pampa- con una staff de 967 integrantes.
- Télam: 829 empleados ($5791 millones de asistencia en 2023)
- Administración General de Puertos: 802 empleados
- ARSAT: 799 empleados
- Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A: 510 trabajadores
- Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor): 505 empleados
- VENG (bajo la órbita de la CONAE): 473 empleados
- Educ.Ar: 460 empleados
- Energía Argentina S.A. 384. (En 2023 recibió $597 mil millones de asistencia)
El grupo final lo completan otras compañías que posee nóminas de empleados algo menores como Contenidos Públicos S.A que gestiona y explota Encuentro, PakaPaka; DeporTV; Acua Federal, entre otros. En 2023 el Estado le giró $1660 millones para su funcionamiento. También integran este grupo el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) con 187 trabajadores; las termoeléctricas José Martín y Belgrano con casi 170 empleados; SRT Radio Universidad Nacional de Córdoba (279); Radio Universidad Nacional del Litoral (79); Coviara (47); Pellegrini S.A. (44); Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (INTEA) (42); Nación Bursátil (23).
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Milei apuesta a una “cláusula” para que las empresas del Estado pasen a sus empleados o sean privatizadas
Según fuentes de Gobierno, todavía no está claro en qué momento se podría iniciar el proceso de privatización de las compañías. Muchas de estas todavía ni siquiera tienen presidente, como Aerolíneas Argentinas o la Casa de la Moneda. Se especula con que el Presidente podría dar la orden de “sanear” financieramente a las firmas para luego ofrecerlas a sus empleados o al mercado.
Ante la posibilidad de que esta propuesta libertaria se trabe ante el rechazo de los propios trabajadores de estas firmas estatales, Milei apela a la “cláusula antiboicot”, una herramienta que forma parte del Programa de Propiedad Participada y que establece que si el Presidente decide avanzar con la entrega de la compañía a sus empleados solo basta con que uno de estos la quiera. “Se la damos”, dijo el Presidente el miércoles en diálogo con radio Rivadavia.
Los Programas de Propiedad Participada fueron creados por la Ley N° 23.696 (capítulo III) como un modo específico para la adquisición, por parte de los empleados, de un porcentaje del capital accionario de las empresas privatizadas, mediante un contrato de adhesión y en forma voluntaria.
“No se necesita unanimidad de los empleados”, señaló un importante funcionario del Gobierno de Milei a este medio al intentar explicar cómo funciona esta cláusula. En otras palabras, si un trabajador o grupo de empleados acepta el traspaso del paquete accionario, la compañía pasa a manos de estas personas. “Si el resto no quiere puede renunciar, se lo despedirá o mantendrá su puesto de trabajo”, agregaron.
