A toda costa los tecnócratas de la Casa Rosada dan vueltas, tijera en mano, sobre el sistema previsional para asegurar que cierre el déficit fiscal del año que viene, comprometido con el FMI en 1,3% del PBI. Forma parte del gasto social, que ocupa las tres cuartas partes del Presupuesto, y el gobierno nacional aseguró que no se tocaría, aunque sí pretende redistribuir la carga con las provincias a través del IVA. Los fondos internacionales de inversión dudan de la determinación del propio presidente Mauricio Macri de meter el bisturí hasta el hueso en los ajustes y, en consecuencia, no le aflojan al riesgo país. Así como la inflación hace estragos de indigentes a pobres y de ahí para arriba, las ayudas pierden efecto o se ralentizan.
Pero también los administradores de Hacienda incurren en otras prácticas dilatorias con las transferencias a ministerios y organismos que ya estaban presupuestadas. Así va pateando las necesidades de financiamiento, y en algunos casos hasta se les va la mano, como viene sucediendo con las universidades, por ejemplo. En sistemas con fallas, como las que adjudican a las transferencias del Estado a la niñez tendientes a reducir la infantilización de la pobreza, casi un millón y medio de chicos, en su mayoría provenientes de hogares vulnerables, no recibieron dinero del Estado en lo que va del año. En el 70% de los casos, se les ponen excusas de orden burocrático. La denuncia la hizo CIPPEC.
Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había sido medida en encuestas por los arquitectos electorales de Cambiemos para ver si su proyección daría para algún cargo electivo en 2019, la agenda social del gobierno este año viene con déficits y atrasos.
Si bien el gasto social previsto para este año asciende al 70% del presupuesto y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, había asegurado que el Gobierno «tiene muy enfocados los recursos” en esa dirección y “no se van a tocar», los receptores (al igual que sucede con otras áreas) coinciden en que las transferencias no les llegan y, por lo tanto, en la práctica no se ejecutan.
Sería la situación de casi un millón y medio de niños, en su mayoría provenientes de sectores de más bajos ingresos (10% del total de menores de 18 años), a los que el Estado no entrega dinero aduciendo, en el 70% de los casos, razones normativas o problemas en el registro, de acuerdo con el documento de CIPPEC “Transferencias del Estado a la niñez: herramientas para reducir la infantilización de la pobreza”, elaborado por Gala Díaz Langou, Florencia Caro Sachetti y Matilde Karczmarczyk, directora, coordinadora y analista, respectivamente, del programa de Protección Social de la entidad.
El porcentaje de niños y adolescentes bajo la línea de pobreza (39%) supera con creces al de la población mayor de 18 años en estas condiciones (20%), según los últimos datos disponibles, de principios de 2017 –según publica Urgente 24-.
El trabajo es concluyente acerca de que de los 13 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país, el 90% recibe alguna transferencia del Estado: asignaciones familiares (39% las nacionales, 27% las contributivas provinciales y 3% pensiones no contributivas), la asignación universal por hijo (29%) o las deducciones del impuesto a las ganancias (5%).
Percibir uno u otro beneficio depende de la forma en que están ocupados los padres y las transferencias tienen montos y requisitos diferentes, más exigentes para quienes menos recursos poseen, señala el reporte.
“El actual sistema de transferencias es ineficaz para revertir la situación de pobreza en la cual viven 4 de cada 10 menores de 18 años”, sostiene la directora del programa de Protección Social de CIPPEC, Gala Díaz Langou. La pobreza se concentra en las familias con niños, las más vulnerables.
“Contribuye a la infantilización de la pobreza, afecta el pleno goce de los derechos de los niños y es un obstáculo para el desarrollo del país. En el contexto actual de recesión e inflación es aún más relevante garantizar ingresos a los hogares más vulnerables”, enfatiza la experta.
Calificado de fragmentado e inequitativo, el sistema otorga, sin pedir nada a cambio, la deducción del impuesto a las ganancias a los hogares de ingresos medios-altos y altos: el 93% de tales contribuyentes pertenece a los 2 quintiles que ganan más.
Dentro de este universo de familias no hay un tope al ingreso para realizarla y, a mayores ingresos, mayor es el monto posible de deducir.
El horno no está para bollos: “Vamos a acercar nuestro informe donde puede observarse un 42,3% de malnutrición en niños de barrios humildes. Si no se declara la Emergencia Alimentaria, la situación social será cada vez más caótica”, había dicho Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.
En otro orden, el avance de la inflación siembra de pobres e indigentes la base de la pirámide socioeconómica y, según el último dato del INDEC, de julio pasado, la frontera a la indigencia se atraviesa a partir de los $ 8.118,57 por familia tipo.
El Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la Universidad Católica Argentina (UCA), advirtió que pasaría a afectar a 1 de cada 10 argentinos, de los casi 6 que había a fines de 2017.
En una serie de estudios denominados «Agenda para la equidad», que extiende la investigación de las «Deudas sociales» al período 2017-2025, se detalla que durante el 3er trimestre de 2017 un 18,7% de los hogares en el país eran pobres no indigentes y un 4,3% pobres indigentes, y la situación tendería a agravarse aún más.
Al presentar el Observatorio de la Deuda Social el informe del año pasado, ya estimaba que el 31,4%de los argentinos (13,5 millones) vivía en una situación de pobreza, y 5,9% en situación de indigencia: el director Agustín Salvia afirmaba que, a la luz de los resultados del trabajo, existe una Argentina «fracturada, dividida y claramente postergada», si bien reconoció que «hoy hay menos pobres proporcionalmente que en 2015, pero un poco más indigentes».
El cordón social
Aparte de la línea de la pobreza, hay otra que divide a la actividad de la pasividad, en cuyo contexto las necesidades originadas en la población que ha dejado de contribuir al proceso productivo deben ser financieramente cubiertas por medios tales como pensiones, retiros y jubilaciones.
Comprenden, asimismo, las asignaciones familiares y las acciones tendientes a atender el seguro de desempleo y otras prestaciones similares a personal en actividad.
En 2017 abarcó la mitad de las erogaciones del Estado Nacional y las tres cuartas partes del gasto social, cuyo cuarto restante se destina a salud (6 %), promoción y asistencia social (3 %), educación y cultura (10 %), ciencia y técnica (2 %), trabajo (1 %), vivienda y urbanismo (2 %) y agua potable y alcantarillado (1 %).
La factura de la seguridad social alcanza en total a unas 22 millones de personas:
-7 millones de jubilaciones, pensiones y retiros ( ANSES, Fuerzas de Seguridad y Servicios Penitenciario Federal, Administración de Parques Nacionales, Ex Cajas Provinciales),
-1,5 millones pensiones contributivas (invalidez, madres de 7 o más hijos, otorgadas por legisladores, vejez, leyes especiales, excombatiente),
-9 millones de beneficios por asignaciones familiares (hijo, ayuda escolar anual, cónyuge, hijo discapacitado, nacimiento, maternidad, prenatal, matrimonio, adopción),
-más de 4 millones en concepto de asignación universal por hijo y asignación por embarazo complementados a su vez por una ayuda escolar anual,
-0,3 millones de subsidios de contención familiar y de tarifas,
-0,1 millones de seguros de desempleo.
Tomando el gasto social en su conjunto, que además de la seguridad social incluye acciones inherentes a la prestación de servicios de salud, promoción y asistencia social, educación y cultura, ciencia y técnica, trabajo, vivienda y urbanismo, agua potable y alcantarillado y otros servicios urbanos, había crecido el año pasado, en términos reales, un 8,2 % respecto del registrado en 2016 y absorbía un 15,1 % del PBI.
También este año, sin computar nuevas demandas, el principal componente del gasto social, las prestaciones sociales, llevaban un aumento del 30 % en el primer cuatrimestre con relación a igual período de 2017. Planes como Argentina Trabaja, que tiene asignados $16.200 millones para este año, alcanzan a 175.300 personas, pero para hacer una cuenta más general de los que perciben planes, no se conoce la cantidad de los que reciben un sueldo o beneficio de las cooperativas administradas por los movimientos sociales.
