La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detalló -a través de un documento- los argumentos por los cuales “es necesario auditar los fondos públicos que el Estado Nacional” gira a las Universidades. “Cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos”, afirmó el organismo a cargo de Miguel Blanco. Allí también se recuerda un caso de corrupción que ocurrió en la Universidad del Chaco Austral.
El comunicado de la SIGEN, organismo de control que depende de Presidencia de la Nación, se conoce cuatro días antes que comience a auditar a la Universidad de Buenos Aires, previsto para el 28 de octubre, tal como se adelantaron por nota al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi.
«El Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales. La Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156», destacaron desde el organismo a cargo de Miguel Blanco.
Y explicaron que: «De ese modo, al encuadrar el accionar de las Universidades Nacionales en esta última Ley, se buscó garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno, integrado por la SIGEN como órgano rector».
Por esa razón, argumentaron, “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en ámbito de las universidades nacionales”. La Ley de Educación Superior, dictada como consecuencia de la Reforma constitucional, es la que sometió expresamente el sistema de educación superior a la Ley N° 24.156, norma que faculta a la Sindicatura General de la Nación para examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del Sector Público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión”.
El caso de la Universidad chaqueña
En el escrito, desde la SIGEN refirieron el caso de lo sucedido en la Universidad del Chaco Austral, cuyo Rector, Omar Judis, fue condenado por el Tribunal Oral 1 de Resistencia, por «defraudación contra la administración pública», a siete años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la Función Pública y multa.
La Justicia comprobó -según publica Infobae– que lideró una estructura administrativo-académica-empresarial, «integrada por parte de su familia y amigos para desviar recursos de la Universidad hacia el patrimonio de los integrantes del grupo delictivo, direccionando -por ejemplo- procesos de contratación de obra pública que tenían como objetivo favorecer a empresarios que pagaban ‘retornos’ de fondos mediante, entre otros supuestos, la venta de inmuebles a precio vil».
En el comunicado del organismo de control también se destaca: «Los fondos universitarios también fueron triangulados con Fundaciones creadas por las autoridades de la Universidad, para que se pierda el rastro de su traspaso. Se generaron gastos inexistentes, o erogaciones orientadas a sostener la militancia o financiar campañas políticas. Se contrataron una gran cantidad de empleados ‘ñoquis’, que no guardaba proporción con la cantidad de alumnos».
En síntesis, argumentaron desde la SIGEN, la falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales «posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados».
La condena contra Omar Judis fue en diciembre de 2022, pero casi dos años después, en febrero pasado, el también ex ministro de Infraestructura del Chaco falleció; por esa razón, el Tribunal Oral Federal de Resistencia, a cargo del juez Juan Manuel Iglesias, declaró extinguida la causa.
Como derivación de ese expediente se abrió otra investigación en la que el 11 de abril de 2024 resultó procesado Germán Oestmann, rector de la Universidad Nacional de Chaco Austral y uno de los hombres de confianza del ex gobernador Jorge Capitanich, por los presuntos delitos de corrupción y fraude a la Administración Pública en el marco de la causa que investiga el desvío de fondos del Estado nacional que estaban destinados a su institución. Junto a Oestmann, quien está acusado de participar de una organización ilícita que desviaba fondos públicos, hay otras 17 personas implicadas.
Para la SIGEN, auditar las casas de altos estudios será una herramienta para detectar y prevenir casos como el de la Universidad del Chaco Austral. Lo expresaron así: «El control que lleva adelante SIGEN es fundamental para una gestión pública adecuada, por cuanto implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo y, consecuentemente, le aportan información que facilita la adopción de acciones correctivas que restablezcan la regularidad y juridicidad del accionar administrativo, colaborando así en el proceso de mejora continua de la actividad estatal».
