En un contexto nacional desfavorable, la Cooperativa busca encaminar los esfuerzos propios con la iniciativa del nuevo Consejo de Administración, en conjunto con la Municipalidad, para obtener tarifas y sostener los planes sociales que necesita la comunidad.
Fernando Lebrún, gerente comercial administrativo de la SCPL, manifestó que “tenemos un atraso tarifario y un deterioro estructural que se arrastró durante más de una década y todos sabemos que en las condiciones actuales de inflación y en el contexto económico del país, con los aumentos mayoristas del mercado eléctrico y el aumento de los insumos, la situación es insostenible”.
“Hoy nos estamos financiando básicamente con el no pago de la energía mayorista, pero esta es una situación que llegó a un límite ya que a la fecha tenemos embargada una cuenta bancaria en un 100%”, puntualizó Lebrún, quien además agregó que “el atraso tarifario es muy grande y prácticamente sólo estamos pagando los sueldos del personal; los insumos mínimos necesarios para prestar los servicios y cumpliendo con nuestras obligaciones con lo cual, inminentemente, vamos a empezar a tener graves complicaciones”.
Además, de la institución se mencionó que “Nación es el principal responsable de la situación; por esto es que, en conjunto con las autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, buscamos en un plazo aproximado de 30 a 45 días, poder arribar a una solución. Anhelamos que el trabajo mancomunado devuelva soluciones que, en última instancia, garanticen equidad y servicios de calidad a los comodorenses”.
Con este espíritu, el nuevo Concejo de Administración de la SCPL actualmente promueve y lanza programas que apuntan a contener la frágil situación de una gran porción de la ciudadanía comodorense, como el ya lanzado programa “#Conectados” o el próximo a lanzar “#ScplEnTuBarrio”, y solicitará la implementación del Pass Through, que es un sistema de actualización automática de tarifas que posibilitará implementar, mantener y reforzar los sistemas de Tarifa Social, y a su vez sofocar el potencial riesgo en la prestación de servicios públicos.
