Los últimos anuncios del Presidente de la Nación dejaron sabor a poco, pese a la extensión del “acto”. Son más las dudas que las certezas en un escenario que se repite conceptualmente anuncio tras anuncio.
En esa atmósfera, tener una empresa hoy en nuestro país se ha convertido en una ardua tarea que requiere navegar en el océano de la profunda incertidumbre que la realidad nacional nos ha impuesto a todos y todas, con suma prudencia, según publica Infobae.
No todas las empresas, ni todos los sectores de la economía han colapsado, pero sí una gran mayoría. Hotelería, gastronomía, servicios profesionales de muy diversos sectores, gimnasios, teatros, cines, más un largo etcétera de actividades, conforman el elenco de las más afectadas y con un pronóstico de lenta recuperación.
A los efectos nocivos de la pandemia y la cuarentena extra large sobre nuestra economía, debemos agregarle los dos últimos años de recesión, inflación, tasas altas, pérdidas de ingresos reales, con una gran inestabilidad de la economía general, en un escenario donde la deuda externa “aún” no encuentra una fórmula mágica que permita cerrar, al menos, ese frente.
La caída de la actividad económica, que hoy supera los índices del 2001 -la última que la memoria colectiva tiene gravada a fuego en su piel-, nos lleva a una clara ruptura de la cadena de pagos, sobre todo en el sector de las pymes, donde la cantidad de cheques rechazados resulta ya alarmante por las cifras récord que se han alcanzado, tanto en cantidad de cheques, como en la sumatoria global de su importe.
Mientras tanto, la justicia sigue sin ser un servicio “esencial” y a la fecha continuamos con los tribunales cerrados, toda una declaración de principios que nos define como país en vías de desarrollo.
Esto implica que solo se puede “habilitar” la actividad jurisdiccional para casos urgentes, lo que en la práctica termina funcionando como un “embudo” donde solo pasa una pequeña cantidad de causas.
Quedan afuera de ese embudo las ejecuciones de carácter patrimonial, como por ejemplo los juicios ejecutivos que se pueden iniciar para cobrar los cheques rechazados, los pedidos de quiebras, los juicios ordinarios por reclamos de facturas impagas, entre los más destacados.
Las ejecuciones fiscales están “virtualmente” suspendidas más allá de algún caso particular que se ha podido observar.
También los juicios y reclamos laborales se encuentran en “stand by”.
Todo lo anterior genera un efecto de “olla a presión”, que puede llegar a explotar una vez que se abran las puertas de los tribunales. La memoria tribunalicia recuerda la anécdota de un juez saludando desde el balcón de su oficina a quienes hacían cola para iniciar juicios en 2002.
Del lado del Congreso, estamos a la espera de que se defina alguno de los proyectos que proponen desde modificaciones a la ley de Concursos y Quiebras, hasta uno que adopta una suspensión de las ejecuciones patrimoniales y los pedidos de quiebra hasta marzo de 2021.
Con el correr de los días esperemos tener noticias más concretas que empiecen a despejar un poco de la incertidumbre que la Argentina de estos tiempos nos impone.
