La Cámara Federal tiene previsto resolver la semana próxima si deja en libertad al empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa, presos por fraude al Estado, al retener impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos de su petrolera Oil.
López está detenido desde el 20 de diciembre pasado por orden del juez federal Julián Ercolini en la causa en la que lo procesó por fraude junto con el fiscal Gerardo Pollicita.
Pero los abogados de López apelaron esa decisión que debe revisar la Sala I de la Cámara Federal. Los camaristas estarían en condiciones de decidir la situación la semana que viene.
El camarista Jorge Ballestero se inclinaría por revocar la detención de López y de De Sousa. Su colega Leopoldo Bruglia, en cambio, cree que deberían seguir detenidos.
Un tercer juez podría desempatar y todo hace pensar que podría ser Eduardo Farah, quien ya intervino en una causa con algún tipo de relación con este expediente.
Si con su voto acompaña a Ballestero es probable que el martes de la semana que viene López y De Sousa queden en libertad, como se especula en ámbitos políticos y judiciales desde hace dos semanas.
En esa causa también fue procesado, pero sin prisión preventiva, el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de permitir que López no pagara sus deudas fiscales.
La AFIP es querellante en esta causa y siempre se opuso a la venta del grupo de López porque quiere cobrar la deuda fiscal que le reclama.
Con ese dinero, el empresario terminó de construir el Grupo Indalo.
Las detenciones de los empresarios del Grupo Indalo fueron ordenadas por haber violado deliberadamente las medidas cautelares impuestas por la Justicia.
La averiguación se inició en marzo de 2016 tras una investigación de la nacion que motivó una denuncia de la diputada Elisa Carrió en la cual sostenía que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA “no abonar en tiempo y forma” el ITC (Transferencia de los Combustibles) y el “uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades” del Grupo Indalo. Parte del dinero recaudado “fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los exmandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades”, decía la denuncia. Ercolini indagó a los 21 imputados, entre ellos López, De Sousa y Echegaray, y ordenó inhibir sus bienes.
