El Ejecutivo nacional y la provincia propusieron a la firma que pague salarios durante un año. Los beneficiados serían alrededor de 5 mil empleados y solicitaron que no haya despidos. Mañana viernes habrá una respuesta.
La administración de Cristina Fernández y de Mendoza consultó ayer a la minera Vale hasta cuándo estará frenado el proyecto Potasio Río Colorado, el cual fue suspendido temporalmente, según se anunció el lunes.
Durante una reunión en el Ministerio de Trabajo ayer a la tarde, el ministro Carlos Tomada junto a los gobernadores involucrados pidieron a la minera que detenga las cesantías de personal y pague los sueldos de los trabajadores por el lapso de un año. Con ello, se busca tanto dar tiempo a los distritos para que reubiquen a los obreros, como también que la provincia de Mendoza y Nación encuentren una forma de continuar el megaemprendimiento.
A modo de contraprestación, la empresa evitaría un paquete de acciones legales en su contra que le obstaculizarían continuar con la obra paralizada o intentar vender el proyecto a otras partes privadas interesadas.
«Se planteó que no sea intempestivo, que podamos llegar a un acuerdo por la gravedad social de dejar sin trabajo a 5.000 personas. Propusimos un cronograma paulatino para este cierre temporal, pero necesitamos saber por cuánto tiempo será. Está en las manos de ellos», señaló el gobernador de Mendoza, Francisco «Paco» Pérez a la salida de la cartera laboral.
Además del ministro de Trabajo, en la reunión de ayer participaron alrededor de 20 funcionarios, entre los que se contaron los gobernadores Pérez, Alberto Weretilneck (Río Negro) y Jorge Sapag (Neuquén), el secretario de Minería, Jorge Mayoral, y los intendentes Emir Félix (San Rafael), Jorge Argulles (Malargüe), y Gustavo Bevilaqua (Bahía Blanca, donde se está construyendo el puerto para exportar el potasio).
La comitiva ejerció una fuerte presión al presidente de Vale, Sergio Leite, quien estuvo acompañado de dos abogados. Específicamente, tanto Tomada como el gobernador mendocino solicitaron detalles al titular de la firma sobre la decisión de no continuar el proyecto.
«El ministro fue muy claro y le dijo que no se puede ir del país dejando un tendal de desocupados y obras frenadas; no se trata de cerrar un quiosco«, explicó Weretilneck, según registra el diario Los Andes.
Como resultado de la reunión, la empresa se comprometió a responder en 48 horas las inquietudes planteadas por funcionarios y mandatarios, por lo que se pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 10. Para disuadir su decisión de irse del país, los gobernadores reiteraron ayer a Leite una oferta que el viernes le formalizaron para abaratar en 700 millones de dólares el costo de obras adicionales que la compañía debe emprender en paralelo a la traza del ferrocarril que saldrá desde Malargüe y llegará a Bahía Blanca.
