El Gobierno promocionó como un logro histórico haber despachado el primer embarque de gas licuado en la historia del país, que zarpó desde el puerto de Bahía Blanca con gas proveniente de Vaca Muerta. Se trata del primer proyecto flotante de exportación de GNL en América latina y el tercero en el mundo, que de continuar a mayor escala podría convertir a la Argentina en un jugador de este negocio a nivel internacional, sumándose a países actualmente exportadores como son Malasia, Qatar, Nigeria y Rusia, entre otros.
La premisa se basa en un supuesto: que en Argentina el autoabastecimiento estará garantizado más temprano que tarde por el excedente de gas que generará Vaca Muerta, cuando 32 de los 40 proyectos que hay en curso entren en proceso de desarrollo masivo. En tanto se trata de un trayecto de mediano plazo que requiere de sostenidas inversiones, parece razonable la búsqueda de mercados para volcar la producción frente a la imposibilidad de almacenarla. Sin embargo, por debajo del aprovechamiento político que se pretenda hacer, cabe señalar algunas cuestiones:
Aquello que se destaca como una diferencia central entre esta gestión y la anterior es en realidad consecuencia de los esfuerzos realizados por YPF durante el kirchnerismo. En ese período se destinaron ingentes inversiones en exploración e infraestructura para consolidar la mayor oferta de hoy y la que se incrementará a futuro, además de realizar la necesaria curva de aprendizaje tras la cual otras grandes compañías se sumaron al play neuquino. Como siempre ocurre en estas grandes agendas de desarrollo, es el Estado en forma directa o mediante sus empresas públicas el mayor tomador de riesgo y el que genera las condiciones para el posterior desembolso e innovación de los privados, aunque luego estos despotriquen contra el intervencionismo estatal.
El contexto actual está marcado por una impresionante pulverización del poder adquisitivo del salario. El tarifazo y la persistente caída de la actividad económica redujo la demanda de energía eléctrica (más de un 30 por ciento del gas producido se destina a usinas térmicas). En efecto, datos recientes de CAMMESA revelan que desde el 2016 la demanda eléctrica se ha contraído año tras año, cayendo el último nada menos que en un 8,8 por ciento. Durante la gestión anterior, afrontar prolongados picos de demanda obligaba a recortar suministro a las industrias para garantizar el despacho a usuarios residenciales. Este Gobierno no enfrenta ese dilema: con la producción manufacturera en mínimos históricos (sólo en los primeros 4 meses del año registró una caída del 9 por ciento), la combinación de facturas impagables con subsidios a la producción permitió rápidamente contar con una mayor oferta para exportar a otros mercados.
En ese marco, se han precipitado decisiones en materia de importación de gas que podrían complicar el abastecimiento en los meses de invierno, obligando a la compra en el mercado spot a un mayor precio para satisfacer la demanda. La renegociación a la baja del contrato de suministro con Bolivia y haber despachado la terminal marítima de Bahía Blanca podrían comprometer las fuentes de aprovisionamiento para el abastecimiento de la demanda interna en el caso de prolongadas temperaturas por debajo del promedio de invierno.
En el largo plazo, Argentina debería reconsiderar si las inversiones destinadas a la producción de gas no colisionan con la idea de diversificar la matriz energética para aumentar la incidencia de fuentes renovables, en sintonía con muchos de los países desarrollados y con la propia legislación argentina que obliga a aumentar del 4 por ciento actual al 25 por ciento en 6 años.
La política hidrocarburífera no debe quedar marcada por la grieta tan explícita que se observa en otras asignaturas de preocupación nacional. La agenda de desarrollo a discutir tiene que previamente identificar quiénes serán sus principales actores y consensuar sus más importantes beneficiarios, debatiendo para qué queremos energía y si la vamos a producir para consagrar derechos o como una mera mercancía más.
Agregar valor
Con el objeto de revertir el déficit de la balanza comercial energética y alcanzar el autoabastecimiento, el Estado nacional implementó una serie de políticas orientadas a incrementar la producción. A partir de 2012, a través de YPF se realizaron las inversiones para las etapas de mayor riesgo económico en exploración y desarrollo de la formación shale Vaca Muerta. Asimismo, se tomaron medidas para mejorar los precios del gas de modo tal que la industria realizara las inversiones necesarias para continuar con el desarrollo masivo de nuevas áreas. La producción de shale gas en la Argentina hoy es una realidad. De acuerdo a los datos publicados por la Secretaría de Energía en abril de 2019, el gas extraído de Vaca Muerta explicó el 22 por ciento del total de la producción. Este crecimiento de la oferta local permitió en 2018 reducir el volumen de gas importado desde Bolivia, el de GNL y el volumen de gasoil (reemplazo del gas en usinas eléctricas en los meses de mayor demanda).
Por tanto, para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta aparecen nuevos desafíos para el próximo gobierno. Entre ellos, uno de los que suscita mayor discusión se vincula al precio y el rol de los subsidios, plasmado en dos escenarios que se presentan de manera antagónica: regulación o libre mercado. En caso de “flotación”, los consumidores se enfrentarían a la competencia por un recurso limitado, sujeto a las variaciones de una demanda con un marcado sesgo estacional (invierno-verano), precios internacionales y devaluación de la moneda. ¿Se priorizará la flotación libre o un mercado “previsible” en el cual el Estado intervenga asegurando precios justos y razonables que permitan el desarrollo de la industria y el acceso al servicio por parte de la población?
Los debates en torno al precio del gas, hasta hace poco tiempo, ocupaban el escenario central, sin embargo, el incremento de la producción hace emerger nuevas discusiones respecto del “excedente”. Entre ellos la necesidad de ampliación de la red de gasoductos, que en el caso de la cuenca neuquina se encuentra a tope. Por tanto, uno de los interrogantes que se presenta es ¿quién debe asumir las inversiones necesarias en infraestructura? Seguramente esta pregunta no tenga respuestas unívocas, sobre todo teniendo en cuenta quien será el destinatario final de ese gas, y justamente en relación a esto, se abre otro tópico de debate: las “exportaciones”.
La marcada estacionalidad en la demanda de gas provoca excedentes en los meses de verano y faltantes en el invierno, las exportaciones pueden ser una solución a esta realidad estructural de la demanda de gas en la Argentina pero también se debe señalar el problema que las exportaciones pueden acarrear si no se regula el abastecimiento de la demanda interna.
Finalmente, que Vaca Muerta hoy sea una realidad, abre la posibilidad a proyectos de industrialización que permitan agregar valor a este recurso natural. Un ejemplo claro es el impulso estatal a la industria petroquímica.
Los desafíos son muchos, y se tornan más urgentes en la medida en que el rápido endeudamiento externo impulsado por el Gobierno de Cambiemos hace suponer que nuestro país se enfrentará nuevamente a la restricción externa, ya sea por la imposibilidad de continuar con el proceso de endeudamiento, o por el incremento en los precios internacionales de los productos hidrocarburíferos. Por lo tanto, el próximo Gobierno tendrá por desafío optar por un modelo político y económico que reprimarice la economía a través de la exportación de recursos naturales o que siente las bases para el desarrollo de un modelo industrialista que agregue valor a nuestros recursos estratégicos.
