Entienden que atenta contra el derecho de las provincias sobre los yacimientos petroleros y el poder de policía de la industria. “Nos usaron. Nos convocaban para la foto y hoy comprometen la autonomía provincial”, se quejó uno de ellos.Sin embargo, quien tuvo un trato diferencial fue el presidente de la OFEPHI, Martín Buzzi, puesto que fue el propio Julio De Vido quien habló con Buzzi para llevarle tranquilidad al gobernador.
El clima del viernes por la noche era de emergencia entre los gobernadores de provincias petroleras cuando se desayunaron con el decreto 1277 aparecido en el Boletín Oficial de la Nación. El chubutense Martín Buzzi y el neuquino Jorge Sapag, estaba reunidos con sus equipos técincos analizando el decreto de Cristina Kirchner que concentró en Axel Kicillof una serie de competencias en materia energética que según los gobernadores, avanza de manera grosera sobre la propiedad de las provincias sobre el petróleo, sancionada con la reforma constitucional de 1994. De hecho no descartan resistir la normativa, con acciones judiciales.
Es que frente a la sanción del Decreto 1277, que reglamenta la Ley 26.741 (de Soberanía Energética), publicado hoy en la Boletín oficial, que otorga amplias facultadas para intervenir en el negocio del petróleo y el gas a una comisión tripartita integrada por Axel Kicillof, viceministro de Economía y director de la petrolera estatal, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y Daniel Cameron, secretario de Energía, los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas advirtieron a funcionarios nacionales sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia para frenar la implementación de la medida.
Los gobernadores sostienen que la norma vulnera además de la Constitución Nacional, los principios básicos de la Ley Corta de Hidrocarburos, que en 2006 transfirió a los estados productores la titularidad de los yacimientos petroleros, así como también la autoridad de aplicación y el poder de policía sobre la industria.
En líneas generales, el Decreto 1277 autoriza al Gobierno nacional a evaluar los planes de trabajo presentados por las petroleras y las inversiones realizadas, e incluso habilita a la Casa Rosada a revertir las concesiones hidrocarburos en caso de “encontrar incumplimientos severos de la normativa”.
“Esos son atributos que por Ley pertenecen a las gobernaciones petroleras. No vamos a permitir que avancen sobre derechos fundamentales de las provincias, ya que apoyamos gran parte de nuestros presupuestos en ingresos impositivos derivados de la explotación petrolera”, cuestionó duramente en La Política On Line un alto funcionario de la Ofephi, la asociación de gobernadores petroleros que lidera Buzzi y tiene entre sus hombres fuertes al neuquino Jorge Sapag y el salteño Juan Manuel Urtubey.
Usados
“Nos usaron. En enero, en pleno conflicto contra Repsol, nos convocaban para la foto y hoy nos enteramos por los diarios de este decreto que, a largo plazo, compromete la autonomía fiscal y política de las provincias petroleras”, aafirmó a LPO uno de los gobernadores afectados.
La norma -difundida hoy- crea una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, que depende de Kicillof.
El nuevo órgano contará con un fuerte poder de regulación y sanción ya que podrá “asegurar precios comerciales razonables” y tendrá la facultad para “evitar y/o corregir conductas distorsivas”. A su vez, tendrá como objetivo “asegurar precios comerciales razonables”, para lo cual podrá utilizar “criterios que regirán las operaciones en el mercado interno y publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles”.
En la industria, las empresas comparten una lectura inicial: el sentido de la medida retoma el proyecto original de renacionalización de YPF, que trascendió unos días antes de que el texto ingresara al Congreso y luego fue moderado por presión de las provincias que se negaban a apoyar esa versión de la ley.
“Ese proyecto incluía un anexo que acentuaba la regulación sobre el sector y el intervencionismo del Estado en materia de precios, oferta, inversiones y rentabilidad. Está claro que si la idea era atraer a inversores extranjeros a YPF, el decreto 1277 va en la dirección contraria”, cuestionó un encumbrado petrolero que prefirió la confidencialidad.
