El texto declara de interés público hasta el 50,01 por ciento de las acciones clase D de la petrolera, según informa el diario Clarín. Se lo habría informado el ministro De Vido al titular de Repsol, Antonio Brufau. Son 100 millones de títulos del Grupo Eskenazi y casi 96,6 millones de acciones de Repsol.
Para tomar el control de la petrolera YPF, el Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto que declara «de utilidad pública y sujeto a expropiación» al 50,01 por ciento de las acciones clase D de la compañía, hoy en manos de la española Repsol y, en menor medida, de sus socios argentinos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi.
El portal de La Política On Line indicó que la decisión de enviar el proyecto de ley se conoció poco después de que el presidente de Repsol, Antonio Brufau, finalmente consiguiera ser recibido por el ministro de Planificación, Julio de Vido, según informó el diario Clarín. Hasta este mediodía, de todos modos, el texto todavía no había llegado a la Mesa de Entradas del Congreso. De la reunión en Planificación, Brufau, que venía reclamando el encuentro desde hace días, se retiró sin hacer declaraciones.
Las acciones sujetas a expropiación son 100 millones del Grupo Petersen –todas las que tienen los Eskenazy- y 96.558.000 título de los que tiene Repsol. En total, YPF tiene actualmente 393 millones de acciones clase D, que hoy pertenecen en un 57,43 por ciento a Repsol y en un 25,46% al Grupo Petersen, mientras que un 17,09 por ciento flota en bolsa y un 0,02 por ciento ya está en poder del estado argentino.
El proyecto establece que si es necesario expropiar más acciones para que el Estado argentino llegue al 50,01 por ciento, esos títulos se expropiarán de modo tal que se respeten las proporciones en poder de los otros accionistas.
En cuanto al precio que se pagará por las acciones a expropiar, el texto postula que “la valuación será efectuada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación con la colaboración de la Secretaría de Energía”. También apunta que “el Poder ejecutivo procurará acordar con los titulares de las acciones sujetas a expropiación el valor y la forma” de pago y que, eventualmente, esos acuerdos deberán ser refrendados por el Congreso de la Nación. Además establece que si no se alcanza acuerdo por la totalidad de las acciones a expropiar, “la Procuración (general de la Nación) promoverá el juicio de expropiación respectivo”.
El texto, que tiene en total 62 artículos, indica que la expropiación estará regida por la Ley 21.499, que el Poder Ejecutivo “actuará como expropiante, quedando facultado para transferir la titularidad de las acciones una vez expropiadas a cualquier organismo o empresa pública del estado nacional” y que ni esa transmisión de acciones ni ninguna otra que realice el Estado “estarán sujetas al artículo 7 del estatuto social de YPF”.
