Organizaciones sociales, trabajadores estatales y docentes llevaron su reclamo a las calles. La avenida 9 de julio fue el escenario de mayor concentración pero también hubo protestas frente a los Tribunales, la Secretaría de Agroindustria, Ministerio de Hacienda y se realizaron mil ollas populares en todo el país.
Despedidos, integrantes de comedores populares, estatales, jubilados y docentes coparon las calles del centro porteño contra el gobierno nacional. En reclamo de trabajo y alimentos, también en rechazo al Presupuesto 2019 ajustado a la medida del FMI, durante siete horas la avenida 9 de Julio fue el escenario de estas protestas que reflejaron la gravedad de la crisis. Como se trata de demandas sin respuesta, en la mayoría de ellas se anunciaron nuevas medidas para las próximas semanas.
La concentración de mayor volumen sobre la 9 de Julio fue la de los movimientos sociales, que reclamaron la declaración de la emergencia alimentaria, con la advertencia de que los sectores populares “no dan más”.
“Estamos al borde de la cornisa y los responsables de gobernar traen al FMI para que determine las políticas económicas. Todos sabemos que la situación va a empeorar. Lo que le advertimos al Gobierno es que ya no puede empeorar, porque en los barrios no lo resisten. Necesitamos que los pibes tengan garantizada la comida. En un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes, ¿hay que ser tan inútil y tan cínico para tomar medidas que instalen el hambre?”, preguntó Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, al hablar a los reunidos a los costados del Metrobus.
En simultáneo con la concentración, se instalaron mil ollas populares a lo largo de todo el país. La protesta fue convocada por las organizaciones de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa), más el Frente Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Asociación de Trabajadores del Estado (que hizo un paro de 24 horas contra los despidos), y la CTA Perón. A este conjunto, que viene coordinando acciones desde hace tiempo, se sumaron otras agrupaciones como Barrios Peronistas y Venceremos. Para los dirigentes es una muestra de cómo la crisis económica saca a la calle cada vez a más personas y sectores empujando a una actuación en conjunto.
El reclamo de la emergencia alimentaria busca que el Estado triplique el envío de comida a los comedores populares, que están sobredemandados.
Cualquiera con tiempo para recorrer la manifestación podía descubrir que las razones van mucho más allá de la suba de los precios:
Celeste Ortiz, de San Miguel (BdP) contó que en su distrito hay 53 escuelas cerradas por falta de mantenimiento. “Por ejemplo, esta semana en una de las escuelas estalló el tubo de luz en un aula de segundo grado. Los chicos por suerte estaban en recreo, porque el estallido prendió fuego el escritorio docente. Por supuesto que ante estas situaciones las escuelas no pueden abrir. Al no a ir a clases, muchos chicos se quedan sin comer y vienen a los comedores”.
Mari Batallán, de 65 años, vecina de José C. Paz, explicó que está cobrando unos seis mil pesos por la aplicación de descuentos sobre la jubilación mínima (que actualmente, con el último aumento por movilidad pasó a 8637 pesos). “Todos los meses tengo que ir a reclamar por malas liquidaciones: este mes, por ejemplo, me acreditaron sólo 2500 pesos. Me ayudaba arreglando ropa en casa, pero los encargues bajaron porque nadie tiene con qué pagar. Lo único que entra es el cartoneo.”
Andrea Velázquez, de La Matanza (CCC) también se quejó de una jubilación neta de 6500 pesos. “Lo que estoy cobrando no es la plata que yo aporté. Descaradamente van a hablar a la televisión sobre el adulto mayor… como si además de vieja fuera estúpida. Nos están sacando los médicos de cabecera. Por eso ando como puedo, pero lucho, porque si no salgo, me matan a mí y mis nietas se quedan sin futuro. Si es por ellos, terminan como prostitutas, como hembra del tipo que tenga más dinero porque en el barrio lo único que aumenta es el tráfico de drogas”.
María Almirón, también de La Matanza, contó que las cooperativas del plan Agua + Trabajo de su organización, encargadas de hacer el tendido de la red a las manzanas sin agua potable, de 15 (en el 2015) a apenas 4. “Otras cooperativas de construcción hacían arreglos en las escuelas , refacciones. Hoy no hacemos esos trabajos porque el Gobierno recortó los fondos; al mismo tiempo, tenemos 70 escuelas cerradas por falta de refacción. Hay mucho trabajo que estamos capacitados para hacer y las escuelas necesitan, pero el Estado tiene que financiarlo.”
Otros consultados hablaron sobre la pérdida de trabajos como el cuidado de niños y ancianos, empleos que dependen sobre todo los hogares de clase media. La caída en los ingresos por jubilaciones, planes sociales o de trabajo se acumulan al aumento del desempleo y el abandono de las políticas públicas que movían la actividad económica informal.
“No hay política social que aguante cuando el modelo económico es una fábrica de pobres”, definió Gildo Onorato dirigente del Movimiento Evita.
Del escenario fue colgada una bandera contra el FMI. En sus intervenciones, los oradores rechazaron el proyecto de Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso con el ajuste de 400 mil millones, comprometido por Cambiemos con el organismo, y adelantaron que cuando los diputados y senadores lo debatan habrá una movilización masiva frente al Congreso para oponerse a su sanción.
“Dicen que quieren diálogo… No nos den diálogo con Lexotanil porque los tiempos se agotaron. No somos mansos, no somos fáciles de domar. Si este Gobierno no nos escucha, así como (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich dijo que se va a endurecer, nosotros les decimos que estamos dispuestos a dar la lucha, porque queremos otros país”, advirtió Juan Carlos Alderete.
El grueso de las organizaciones sociales y gremiales habían ingresado a la 9 de Julio por el Puente Pueyrredón donde hubo momentos de tensión con las policías Bonaerense y Federal que fueron desplegadas en el acceso.
Otro de los epicentros de la protesta fue la sede de la ahora secretaría de Agroindustria. Allí, la administración de Luis Miguel Etchevehere despidió hace menos de un mes a casi 600 trabajadores. Desde entonces, los empleados mantienen una permanencia pacífica de la sede de esa cartera. Para el titular de ATE Nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, “si 18 gobernadores pidieron la reincorporación de los trabajadores de Agroindustria es por la visibilidad que tuvieron estos 13 días de lucha”.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Verde y Blanca) se movilizó al Ministerio de Hacienda contra los despidos y el achicamiento del Estado.
El vallado policial no permitió que llegaran hasta la puerta: “Otro día de movilización, otro día de lucha. Otro día en que los distintas reparticiones y juntas de ATE nos dan un ejemplo. No importa que pongan vallas pero los que están allí adentro no van a llegar muy lejos con las políticas que aplican porque el pueblo en las calles les dice basta”, aseguró Hugo Yasky desde un escenario montado en avenida Paseo Colón.
Además, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) se movilizó a la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para repudiar “el recorte al Presupuesto de la Justicia”. También los trabajadores del Inti se movilizaron en defensa de la ciencia y la tecnología, de la producción nacional y del salario. Realizaron un corte momentáneo en Constituyentes y General Paz y luego se movilizaron hasta los distintos puntos de protesta.
