La raíz. Sugestivamente, enero y febrero fueron meses de superávit fiscal primario y también financiero, los gobiernos provinciales escuchan un “no” cuando piden por fuera de lo estipulado en la coparticipación o hasta lo que habían negociado para refinanciar deudas; los fondos de los subsidios al transporte escasean, tambalea el esquema de servicios públicos baratos a costa del erario y se barajan cambios en la actualización jubilatoria, el mascarón de proa de una reforma integral.
Por último, la solidez con al que el mercado laboral sostenía el empleo se resquebrajó, augurando una temporada de problemas de desempleo en todos los ámbitos, algo inédito para un sistema que mostró el logro de la virtual plena ocupación y la inclusión jubilatoria como logros. Toda esta situación “anómala” se debe a la decisión de frenar la inflación a cualquier costo.
Y esto significa incursionar en un terreno riesgoso: la táctica del ministro Caputo de ejecutar la directiva de secar la plaza para desacelerar precios involucra, justamente el trípode sobre el cual se construyó en las últimas dos décadas el crecimiento del gasto público que encontró innumerables dificultades para ser financiado. La tríada de un mayor gasto previsional, más subsidios a la energía y al transporte y billetera abierta para gobernadores amigos, fue lo que explicó la casi totalidad del aumento en el gasto público consolidado de las últimas dos décadas.
Según cálculos de IDESA, durante ese lapso desde2005 a 2022, la presión impositiva se elevó hasta el 28% del PBI: del total, un 14% se distribuye entre la Nación y provincias por mitades, por el mecanismo de la coparticipación federal de impuestos. Además, la Nación agrega otro 9% que son impuestos al comercio exterior, que no son coparticipables. Y las jurisdicciones cobran otro 5% en concepto de impuestos locales, sobre todo concentradas en Ingresos Brutos y tributos territoriales (Inmobiliario).
Si consideramos el aumento 2005-2022, el gasto consolidado (nacional más provincial) aumentó de 24% a 42% del PBI, aunque hubo estimaciones que la elevó hasta 48% en algunos años. Por eso, mientras en 2005 la Nación arañaba el 4% del PBI de superávit fiscal y las provincias en su conjunto no llegaban al 0,5% del PBI; en 2023 los números se habían invertido. La Nación ya estuvo en números rojos: -2,8%, pero las provincias siguieron con su austeridad fiscal y quedaron en +0,7% de excedente.
Sin embargo, a fin del año pasado hubo una novedad fiscal que las provincias se debieron tragar como un gran sapo: la virtual eliminación del impuesto a las Ganancias de las personas, lo que sumado a los recortes anunciados desde diciembre para equilibrar el rojo nacional revirtió esas cuentas. Invecq estima que casi todas las jurisdicciones pasarán este año del superávit al déficit financiero sin escalas y se pregunta si la respuesta provincial será el de ajustar el gasto, subir los impuestos o emitir bonos (con o sin respaldo).
En el muestrario hay de todo y cada gobierno irá respondiendo según su posición, pero, sobre todo, del margen de negociación que tenga con la Casa Rosada para poder convertir sus votos legislativos en oxígeno financiero. Porque cada provincia será un mundo y no sólo por el “color político” de cada gobernador: habrá supuestos aliados que sufrirán la caída libre de sus cuentas más que otros etiquetados en la vereda opuesta pero que conseguirán atajos para salir más rápido a la superficie.
Cuentas del interior. En el exhaustivo análisis que realizó Santiago Bulat para Invecq, los números muestran que desde 2005 hasta 2022 inclusive, el crecimiento del gasto estuvo más vinculado con el gasto en el total de las provincias corriente (+84% en términos reales) que con el de capital (+33%). A su vez, el rubro Gastos en Personal aumentó 83% pero no alcanzó el pico del gasto previsional en las jurisdicciones provinciales: +105%, fruto de las relativamente buenas prestaciones que ofrece el sistema jubilatorio provincial en comparación con el achatamiento de los haberes nacionales.
En dicho análisis, las transferencias del Gobierno nacional representaron el 6,3% de los ingresos totales de las provincias (4,8% corrientes, 1,5% de capital, aunque muy disímil: mientras que para La Rioja y Santiago del Estero representaron 19,9% y 9,4%, respectivamente, para Neuquén y Chubut fue mucho menor (1,7% y 1,9%).
Por su parte, los recursos tributarios sumaron el 76,3% del ingreso total de las provincias (46,5% los de origen nacional, 29,8% los propios) y también aquí hay disparidad: Neuquén y Chubut (con ingresos por regalías petroleras) son las de menor porcentaje (42,9% y 53,5%, respectivamente); muy lejos del promedio (76,8%), y de las que lideran el ranking (Tucumán: 90,9%, Jujuy: 89,4%, San Luis: 88,1%, y CABA: 87,6%). Finalmente, el efecto de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias equivaldría al 3,7% de los ingresos totales de las provincias, pero CABA sería la menos perjudicada (0,7%), mientras que las más afectadas son Jujuy (6,2%), San Juan, Catamarca, y Santiago del Estero (6,1% para las tres).
Si el recorte final de las transferencias por fuera de la coparticipación significa un recorte de 50% en las transferencias y una caída de 5% en los recursos tributarios, las provincias podrían perder nada menos que el 10,7% de sus ingresos totales. Si bien este ejercicio usa valores de 2022, se evidencia que la situación será de alto voltaje para los gobiernos provinciales, que tienen que abonar cada mes los fondos para mantener en funcionamiento la maquinaria que presta servicios esenciales: sueldos de policías, docentes, personal de salud, judiciales y la burocracia administrativa; que se lleva nada menos que el 50% del presupuesto total en promedio.
Lo que viene. Las cuentas no son antojadizas: tras el fracaso de la arremetida en Diputados con las sucesivas versiones de la denominada Ley Ómnibus, la puesta en valor de la necesidad de otros instrumentos de política económica además del ajuste puro y duro. Para ello precisa contar con el apoyo de los gobiernos provinciales, tutores o directamente dueños de las manos alzadas en las cámaras legislativas.
Algo más de dos meses es un período apreciable para que, mientras el ministro Luis Caputo mira de reojo cómo la inflación lentamente se intenta acercar a los niveles de julio de 2023 (6-7% mensual) desde el escalón arriba del tercer trimestre del año pasado (12% mensual promedio) mientras trata de proyectar si la “V” de la recesión permite avizorar un rebote inminente. Al mismo tiempo se sientan las bases posibles de una negociación en la que nadie quiere ser el único ajustador. Estructuralmente ofrece una oportunidad para resetear el sistema tributario y la relación económica entre la Nación y las provincias. Una ambición desmedida si el día a día no aporta la sustentación mínima.
