El juez Julián Ercolini autorizó levantar la inhibición general de bienes sobre el banco Finansur, propiedad de Cristóbal López, para que sus activos y pasivos sean absorbidos por otra compañía y sus ahorristas no pierdan sus ingresos.
El Banco Central había informado a la justicia hace diez días que ya no podía prorrogarle al banco Finansur la suspensión para operar y que la fecha límite era el 8 de marzo. La entidad explicó que las deudas privilegiadas (que se componen básicamente por los depósitos) «se transferían a otra entidad, que no era continuadora de aquélla, sino que asumía la obligación de pagar los pasivos constituidos por los depósitos de los ahorristas».
En su resolución, el Banco Central señaló que el procedimiento era el más conveniente «frente a la posibilidad de liquidación judicial o quiebra». La entidad reguladora de la actividad financiera, indicó también que si un banco caía en estado de insolvencia «era preferible que existiera una porción de ese patrimonio que resultara excluido –depósitos y trabajadores- y, por lo tanto, que permita la mejor conservación del valor de los activos para la más pronta satisfacción de los pasivos que la ley privilegiaba, antes que la permanencia en un pasivo concursal».
Esta fue una de las primeras consideraciones que analizó el juez Ercolini, ya que nada podía realizarse si continuaba vigente la inhibición general de bienes sobre la entidad financiera, que él ordenó en el marco de la causa por defraudación contra Cristóbal López y Fabián De Sousa.
La decisión del magistrado se toma frente al vencimiento de los 120 días máximos que el BCRA ordenó sobre el Finansur: el plazo vencía este jueves y debía resolverse «la instrumentación acerca de la proyectada exclusión de activos y pasivos (que los ahorros sean absorbidos por otro banco)» y que la falta de adopción de ese mecanismo «conduciría a la revocación de su autorización para funcionar».
Con el fin de encontrar un camino para la reestructuración del banco, el Central informó que se había recibido una oferta que proponía hacerse cargo de pagar «la totalidad de los pasivos privilegiados y la contratación de 73 trabajadores, previa indemnización de la totalidad de la dotación del personal del Banco Finansur SA y un aporte de Seguros de Depósitos SA de $ 150 millones». Así, el plan original de una venta a la familia Fiorito, ex dueños del Banco de Quilmes, naufragó.
La AFIP querellante en esta causa, fue la primera en pronunciarse a favor de la medida señalando que no encuentra motivos para oponerse. Así, Ercolini planteó que «este procedimiento evita que los depositantes y acreedores laborales se vieran sometidos a un proceso falencial -como lo sería la liquidación e intervención judicial».
