Los denunciantes frenaron “un nuevo fraude” de la petrolera española. Una magistrada congeló 45.212.888 títulos clase D que la petrolera hispana habría vendido de forma irregular a tenedores extranjeros. El grueso de la participación pertenecía a ex trabajadores que revistaban en YPF antes de la privatización.
En un nuevo revés para Repsol y el gobierno español luego del anuncio de la quita de su parte accionaria en YPF, la justicia del Trabajo de Tierra del Fuego resolvió suspender el ejercicio de derechos políticos y patrimoniales de las acciones que la ibérica vendió sin autorización, en 2011, a tenedores de los Estados Unidos y que originariamente correspondían a los trabajadores despedidos tras la privatización de YPF.
La magistrada Edith Cristiano, al frente del Juzgado del Trabajo de Río Grande, dispuso el viernes 20 de abril dejar en stand by las 45.212.888 acciones clase D de YPF que cotizaban en la Bolsa de Valores de New York, representativas del 11,5% del paquete accionario de YPF SA, en posesión de Repsol.
Los papeles en cuestión habían sido mal vendidos en marzo de 2011 por la empresa comandada por Antonio Brufau: en aquel momento, la firma violó una orden judicial emitida por el juez federal argentino Oscar Valentinuzzi, que le prohibía vender esas acciones por la existencia de un reclamo judicial realizado por la Federación de ex Agentes de YPF, integrada por 25 mil ex trabajadores que fueron despedidos de la compañía entre 1991 y 1992.
Es la clásica porción de Programa de Propiedad Participada de cerca de un 10 o 12% que los privatizadores cedieron a los sindicatos, en todas las firmas de servicios públicos y energía.
En este caso, el 10 era de los ex trabajadores y un 1,5% a otras acciones. En términos coloquiales, la operación con las acciones fue como vender una casa que está hipotecada o un bien que está inhibido.
Una acción que será un golpe para España en la consideración de la comunidad internacional, a la que trata de seducir para que apoye su reclamo por la expropiación.
En la resolución de la sentencia, la magistrada ordenó notificar de la medida a la Comisión de Valores de Buenos Aires (CNV), a la Bolsa de Valores de New York (NYSE), a la Security Exchange Commission (SEC); y a la representación en Buenos Aires del Bank of New York Mellon (BNY Mellon), como depositario y custodio de las acciones clase D malvendidas.
La operación es para Repsol un problema grave, pero no sólo con los trabajadores que reclaman participar, sino con los accionistas estadounidenses que accedieron a comprar esos papeles.
En forma clara, la decisión judicial explica que los tenedores de dichas acciones no podrán –por sí o por intermedio de representantes– participar ni votar en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias; percibir dividendos, utilidades o cualquier otro beneficio económico; ejercer derecho de preferencia; ejercer el derecho a acrecer; ejercer el derecho a la información; y ejercer todos y cada uno de los derechos contemplados en el Estatuto de YPF a favor de los accionistas de dicha empresa.
Por citar un ejemplo, y si bien ayer fue suspendida temporariamente por la intervención encabezada por el ministro Julio De Vido, los tenedores de esas acciones no hubiesen podido votar en la asamblea que se iba a realizar el próximo 25 de abril, en la cual se trataría un tema tan espinoso como la capitalización de las utilidades que arrojó YPF en 2011.
“Es otro fraude de Repsol”, dijo a Tiempo Argentino Rubén Leto, letrado patrocinante de los ex trabajadores y quien ayer se encargó de notificar a la intervención de YPF sobre la situación.
El abogado agregó que “es un delito gravísimo cometido por Repsol, porque estafaron no sólo a los trabajadores, sino al Estado argentino y a miles de accionistas de la comunidad internacional.”
La suspensión de la acción se ordenó hasta que se defina la causa de fondo, que es la recuperación de esa parte accionaria nunca cedida por Repsol a los trabajadores.
Pero la operación irregular de Repsol tendrá un importante impacto político: ayer, en los pasillos del edificio de Puerto Madero donde actúa la intervención, ya se observaba este caso como clave a la hora de negociar con el Tribunal de Tasación el precio del 51% de las acciones expropiadas por el Estado a Repsol.
“Claramente, esto desvaloriza a la empresa, ante nosotros y ante el mundo, baja su credibilidad”, explicó a este diario un hombre que gestiona a diario la compañía.
La misma fuente advirtió que los problemas para Repsol recién empiezan. Tanto para la ley argentina como para la estadounidense, la venta irregular de acciones es un delito penal, que además está sancionado con nulidad.
Esto quiere decir que Repsol debería reconocer su error ante los acreedores, recomprar la acción y devolver el dinero que se pagó por ellas. Nada sencillo, ya que habría que hacer un recálculo de las ganancias acumuladas de la acción.
“Yo le diría a Rajoy que mire lo que hacen los suyos en lugar de pedirle a la Argentina que negocie, es un verdadero escándalo internacional que se suma a otros delitos como los pasivos ambientales que deja Repsol”, concluyó Leto, quien confió que “estamos muy entusiasmados con la recuperación de YPF, y ojalá derive en la recuperación de la participación de los trabajadores”.
Fuente: Tiempo Argentino
