El Gobierno Nacional no está dispuesto a bajar el gasto público. Por ende, las tarifas seguirán aumentando. El Presidente Mauricio Macri fue advertido incluso antes de asumir que si no bajaba considerablemente el gasto público, iba a ser imposible romper con el 30% de inflación estructural. Claramente, eso no sucederá en un año electoral, justificándose desde la Casa Rosada que si no aumenta las tarifas, la inflación se devora los ajustes y el FMI no le permite aumentar los subsidios por encima de lo pautado.
El Gobierno Nacional no desconoce la realidad y lo que en verdad se viene. A más inflación, más ajuste en las tarifas, y así sucesivamente. La raíz del problema es gasto público que obliga a impuestazos cada dos meses y, en períodos críticos, mes a mes. La sociedad tampoco desconoce la situación. Por lo tanto, ¿hasta cuándo con esta bola de nieve que disuelve año a año el poder adquisitivo de la sociedad económicamente activa?
La decisión política del presidente de alimentar la bola de nieve le está jugando una mala pasada justo en el ingreso a la recta final de las elecciones 2019.
Tal como reveló el diario especializado Ámbito Financiero, las consultoras privadas estiman 3% e incluso superior para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero, luego de que enero cerrara en torno al 2,5% mensual (el número oficial se dará a conocer el 14 de este mes).
Esto viene en línea ascendente con lo que en diciembre había publicado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que indicaba un 2,4% de piso para el segundo mes de este año.
Sin dudas, las alarmas comenzaron a encenderse nuevamente luego del veranito de desinflación que se observaba en los precios mayoristas, que dejaron un 20% sin trasladar a minoristas por escaso margen en los bolsillos de los consumidores.
El encargado de fogonear esta situación es la propia Casa Rosada, que no bajó el gasto, no dominó al tipo de cambio y la inflación se espiralizó.
En tanto, los intendentes peronistas de la Provincia de Buenos Aires intentan frenar los nuevos aumentos una vez terminada la feria judicial. “Tendrá alcance nacional si logramos una respuesta favorable”, desafían.
Sin embargo, los industriales no confían en que se retrotraerán las tarifas al 1º de enero de 2018. «No sabemos cómo se va a resolver. Es un tema muy complejo porque del otro lado de Francia piden déficit cero», filtraron desde la UIA al diario BAE Negocios, en referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que exigió eliminar los subsidios.
Recordemos que el 1 de febrero rigen los nuevos valores para la electricidad, que en el caso de los usuarios residenciales del área metropolitana llegarán hasta el 32%, luego habrá otra suba del 14% en marzo, un 5% en mayo y otro 5% en agosto. Transporte (AMBA) y prepagas (5%) también se suman a la lista, además de la nafta, tal como ya lo hizo Shell (2%) –según publica Urgente 24-.
La política energética es indefendible
Uno de los reclamos de las últimas semanas fue: «¿para qué fueron los aumentos?». Fueron para inversiones en lo que respecta a la extracción de recursos naturales (Vaca Muerta) pero no para la distribución.
Silvia Fesquet, prosecretaria General de Redacción del diario Clarín y Editora General del Área de Revistas, disparó por este tema contra Edesur, Edenor y el gobierno: «Del ENRE a la Secretaría de Energía pasando por las empresas de electricidad, la única certeza para los damnificados, en el centro de la escena, era el desconcierto. Ninguna voz responsable brindando explicaciones, informando acerca de la duración de la falta de suministro, de cómo encarar los reclamos, de sobre qué reclamar exactamente».
La situación es muy compleja porque, el verano, desnudó una vez más a la Administración que incumplió cada una de sus promesas estructurales.
