Por un lado, el Gobierno incrementa nominalmente la recaudación. Por otro, va atrasando el aumento de gastos públicos claves por debajo del alza de precios.
La inflación de septiembre nuevamente se ubicó por encima del 6% (6,2%), lo cual ya no sorprende a nadie dado que es el nivel que se observa desde marzo de 2022. El relevamiento del BCRA proyecto una inflación para 2022 de 100,3% y para el 2023 de 90,6%. Es importante preguntarse cómo hará el Gobierno para bajarla al 60% como lo plantea el proyecto de presupuesto, según publicó Infobae.
El escenario inflacionario actual a diferencia del primer trimestre empieza a ser recesivo dado que niveles de inflación de tres dígitos son difíciles de empardar por los ingresos, sobretodo de la mitad de la población que está en la informalidad. Como consecuencia de ello se empieza a deteriorar la actividad económica, las proyecciones de crecimiento del PBI del relevamiento del BCRA son de 1% para el 2023, menos que el crecimiento vegetativo de la población.
El Gobierno parece no estar tan incómodo con este nuevo nivel de inflación. Quizás sea porque está siendo la principal herramienta de ajuste que está utilizando: por un lado, le permite aumentar (nominalmente) la recaudación, por otro lado, van atrasando el aumento de gastos públicos claves por debajo de la inflación.
El rubro del gasto más importante y también más crítico en lo social es el de “prestaciones sociales” (incluye jubilaciones y planes). El mismo en el último año perdió un 8,1% respecto a la inflación. Esto no ocurre por caída de la cantidad de programas sociales o de jubilaciones y pensiones sino porque los ajustes nominales van detrás de la inflación. El haber mínimo jubilatorio perdió en el último año 8,7% de poder adquisitivo y ni un kilo de piedras han tirado.
La provincia de Buenos Aires también sigue la política del ajuste. En la medición interanual de julio recaudación provincial en términos reales crecía al 9,5% interanual. Sin embargo, cuando analizamos el salario del empleo público de la provincia desde diciembre a la fecha aumentó un 60% con 4 aumentos escalonados. Si se contrasta con la inflación, es posible decir que los empleados de la provincia han perdido un 3,7% de poder adquisitivo desde diciembre.
¿Sabrá Cristina lo que está haciendo su hijo pródigo? Has lo que yo digo no lo que yo hago. Quizás el gobernador debería utilizar la misma autocrítica que utilizó cuando analizó la situación de la educación: “No sirve de nada decir que está todo bien, porque nadie nos va a creer”.
El otro impacto de la inflación es sobre el poder adquisitivo de los trabajadores. La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables en el último año perdió un 3,5% respecto a la inflación. El sector más desprotegido, los trabajadores informales perdieron un 7,1% del poder adquisitivo (16% si lo comparamos con enero 2020) y el privado registrado un 1,4%. Aún falta la información de agosto y septiembre que seguramente profundizará la tendencia a la pérdida de poder adquisitivo (entre los 2 meses ya se acumuló una inflación de 13,6%).
El ajuste se está haciendo por precio y no por cantidad. La pregunta que queda por hacer es: ¿qué puede pasar con los puestos de trabajo ante una caída de la actividad económica? ¿Alcanzará solo con el ajuste del poder adquisitivo?
Las preguntas anteriores son difíciles de responder dado que hasta el momento el Gobierno no ha planteado una estrategia clara o programa económico (y a esta altura se descarta que lo haga) para evitar que este nuevo nivel de inflación siga escalando peldaños, en lugar de reducirse como lo plantea en el Presupuesto.
Lo que nos deja tranquilos es que el ministro de Economía dijo que “es el segundo mes consecutivo en el que baja la inflación, pero es un número que todavía no conforma”.
