El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco manifestó en su sesión del viernes, por unanimidad, el rechazo a los fondos provenientes de Minera La Alumbrera.
Fue la consejera alumna, Débora Saso, junto a Mauricio Ruiz, de la Federación Universitaria Patagónica y el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, quienes dieron los argumentos que permitieron tomar la decisión a los representantes de docentes, no docentes y estudiantes.
Hasta ahora ya rechazaron los fondos mineros tres universidades y 27 facultades de todo el país. En este marco el debate también llegó a la UNPSJB a través de la Pastoral Social que expuso el tema en el Consejo Social, planteando la necesidad de rechazarlos considerando el impacto que tiene en el medio ambiente y por ende en las comunidades.
La Universidad local ya aceptó el primer envío de fondos de La Alumbrera y ahora debe resolver si aceptará el segundo. Cabe recordar que la sede Esquel, ciudad emblema de la lucha contra la mega minería, rechazó públicamente los fondos y pidió que el Consejo Superior hiciera lo mismo.
El rechazo por parte de facultades y universidades nacionales a los fondos de Minera La Alumbrera y la concientización sobre el daño que ocasiona la mega minería forman parte de la lista en la que figuran los principales logros ambientales de 2009 de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), según un balance efectuado por la agrupación Movida Ambiental de Termas de Río Hondo (integrante de esa organización nacional).
El origen
Las universidades nacionales reciben dinero proveniente de las ganancias empresariales de La Alumbrera porque una ley de 1959 determina que el 20 por ciento de aquellas deben ir a Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), que reparte el 60 por ciento de ese dinero a la provincia de Catamarca, otro 20 por ciento a la Universidad de Tucumán y el 20 por ciento restante entre las demás universidades.
En el último año varias casas de estudio rechazaron los fondos, por lo que el monto a repartir es cada vez más importante. Sin embargo, algunos sectores de las comunidades universitarias plantean que “si se reciben fondos de personas o instituciones que violaron normas, y que al hacerlo pusieron en riesgo la salud y la vida de las personas, tal aceptación demuestra ausencia de criterios éticos y ‘blanquea’ indirectamente la imagen individual o corporativa de quienes transfieren fondos”.
(El Patagónico)
