Tras la zancadilla que recibió de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dos referentes del macrismo neuquino elaboraron un crítico informe al oficialismo.
La discusión de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburferas está cada vez más teñida y empantanada de un escenario político -entre el peronismo y el macrismo- que parece no llega a buen puerto en 2022. El tema gira sobre el mismo eje: las garantías que tienen las operadoras multinacionales de tener libre disponibilidad de divisas y los límites a las exportaciones por la producción excedente de petróleo- entre otros puntos fuertes- y hace pocos días recibió una dura zancadilla política de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En la provincia de Neuquén la réplica de esta discusión que planteó la OPC, que dirige Marcos Makón (ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de Fernando De la Rúa) la generaron los diputados provinciales mandato cumplido Carolina Rambeaud y Jorge Taylor, alineados con Juntos por el Cambio.
Es que a pesar de los beneficios fiscales que tiene este proyecto de ley, que pretende tratarse por el oficialismo en sesión extraordinaria a fin de mes, el informe de la OPC fue lapidario en cuanto a las garantías y certezas reales para los inversores energéticos.
Los fundamentos
El informe de la OPC destacó que “el proyecto pretende crear reglas claras para fomentar inversiones mientras que los principales beneficios contemplados se basan en incentivos cambiarios y acceso a mercados externos sustentados en diferenciales coyunturales que no se sustentan en los principios de precios locales vinculados a los valores internacionales según la ley vigente 17319”.
“Fundamos nuestro posicionamiento en aspectos controvertidos del proyecto, que no solo dificultarían el proceso que se pretende incentivar sino que además desalentaría o destruiría la continuidad de los procesos de inversión iniciados, sobre todo en la formación no convencional de Vaca Muerta en la Provincia del Neuquén, disminuyendo -a través de artículos reglamentarios confusos e intrincados-, los beneficios instaurados por leyes y decretos anteriores, violando la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia del Neuquén y poniendo en riesgo las relaciones con los inversores actuales y futuros. Este cambio de las reglas implicaría, casi seguramente, no solo ingentes demandas contra el estado sino además un freno enorme a la inversión que el proyecto de ley pretende incentivar.
En resumen, ni estabilidad, ni seguridad jurídica y mucho menos previsibilidad”, sostuvieron los ex legisladores en un comunicado, respecto al informe de la OPC.
De acuerdo al análisis del informe técnico que elaboraron Rambeaud y Taylor, en base al proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburiferas y el informe de la OPC, “el proyecto de ley deroga implícitamente el decreto 929/2013 y lo reemplaza por un beneficio mucho menor al convenido en base a aquella norma que es la libre disponibilidad para exportar el 20% de la producción total de crudo”.
“El proyecto presentado ofrece al inversor el 20% ya no del total de producción del proyecto, sino del excedente que ese inversor genere como producción de petróleo tomando como base la obtenida en el año 2021 y reduce la libre disponibilidad de divisas a la mitad de ese excedente exportable cuando en la actualidad, en base a lo instaurado por el decreto referido, cuenta con libre disponibilidad del 100% de las divisas provenientes de dicho excedente exportable. Este cambio de las reglas implicaría, casi seguramente, no solo ingentes demandas contra el estado sino además un freno enorme a la inversión que el proyecto de ley pretende incentivar”, expresaron en el documento analítico.
El informe de la OPC consignó que “el impacto fiscal definitivo dependerá de decisiones de empresas, de la evolución macroeconómica y de lo que suceda en el mercado a nivel nacional. Se estima que podría producir para el erario un saldo positivo de $21.384 millones al año, básicamente por la mayor recaudación que dejaría la modificación del ICL que dejará de ser una suma fija”.
Así las cosas el debate se dilata en tecnicismo y una fuerte impronta político-partidaria.
Garantías: Las concesiones del shale necesitan especial apoyo
La ley nacional 26.741/12, la ley provincial 2.867/13, el decreto nacional ya mencionado en el párrafo anterior 929/13 y la ley nacional 27.007/14 han conformado el plexo de normas en base a las cuales la provincia de Neuquén lleva aprobadas 39 concesiones no convencionales, con compromisos de inversión por parte de empresas nacionales y extranjeras del orden de los 200.000 millones de dólares de los cuales se han efectivizado a la fecha 25.000 millones.
Para desarrollar la cuenca shale de Vaca Muerta se necesitan inversiones, créditos o subsidios, ya que la perforación en la roca madre es mucho más costosa que el método convencional. Y las compañías necesitan tener condiciones jurídicas y de rentabilidad garantizadas.
¿Inconstitucional?: Un recurso que se lo atribuye a las provincias
Uno de los puntos más polémicos y que ha tenido la crítica del líder del MPN y uno de los precursores de Vaca Muerta, Jorge Sapag, y también de lo opositores a la ley, es el artículo 90 del proyecto, al que se lo considera “inconstitucional”. Es un tema que generó una fuerte tensión institucional entre Neuquén y el gobierno de Alberto Fernández.
“Del sencillo análisis de las normas que hemos transcripto se de prende que el artículo 90 propuesto en este proyecto, es anticonstitucional puesto que corresponde a las Provincias ejercer las facultades que dicho artículo pretende poner en cabeza de la secretaría de Energía de la Nación”, indicaron Rambeaud y Taylor en el informe sobre el proyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas.
