Coadyuvó dolosamente: Desde sus inicios junto a Eduardo Bauzá, en los días de Carlos Menem, Alberto Abad trabajó con esmero una imagen pública de funcionario aplicado, discreto, eficiente e inflexible. Con Eduardo Duhalde llegó a la Administración Federal de Ingresos Públicos y una oportuna salida en días de Néstor Kirchner le permitió una sobrevida que aprovechó Mauricio Macri. Sin embargo la denuncia de la Sindicatura designada por la Justicia interviniente en el caso exGrupo Indalo ha derribado la imagen de Abad, con consecuencias aún imprevisibles para el organismo recaudador.
La clave de un organismo recaudador es la ecuanimidad en la aplicación de la legislación vigente. Lo peor que le puede suceder a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) es que se instale la sospecha de que la legislación es interpretada
La salida de Alberto Abad de la AFIP en días de Mauricio Macri, en 2018, fue conflictiva. El diario Clarín, que tan buena relación mantenía con la Administración de Juntos por el Cambio, afirmó que Abad quedó «bajo la lupa cuando una investigación conjunta de su propio organismo y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detectó “una red corrupta de empleados del organismo recaudador que vendía información protegida por el secreto fiscal” (…) causa por la que la Justicia ordenó la detención de ocho personas.»
Pero también se mencionaron «roces» con la Jefatura de Gabinete de Ministros por la deuda de OCA con la AFIP, a causa de que Abad insistía en que debía cobrarse la supuesta obligación tributaria cuando en la Casa Rosada reclamaban que se preservara la fuente de empleo y el giro económico (en verdad, una estrategia que siguió hasta el entonces juez Sergio Moro en sus famosas investigaciones en Brasil llamadas ‘Lava Jato’)..
Abad repitió su restricción implacable, insólita y, hasta ahora, inexplicable, en el llamado ‘caso Grupo Indalo’. La inflexibilidad de Abad impidió encontrar acciones que no sólo preservaran la fuente de empleo sino que permitiera la continuidad de la actividad económica necesaria para el pago de la deuda impositiva reclamada por la AFIP.
Recordando lo que había sucedido, Urgente24 advirtió en el pasado que habría dificultades para Abad. Era totalmente previsible. Por ejemplo:
Ahora, el diario Ámbito Financiero, con la firma de Gabriel Morini, afirma que «en una decisión inédita por su implicancia judicial, la sindicatura designada por la Justicia en el caso de la petrolera Oil Combustibles le pidió al juzgado comercial que la AFIP sea demandada por haber sido la responsable de la quiebra de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Los síndicos externos que actuaron en todo el proceso concursal de la firma denunciaron que el organismo recaudador –a partir de la gestión de Alberto Abad y durante el Gobierno de Mauricio Macri- “coadyuvó dolosamente en la insolvencia de la empresa” (…)».
Es cierto que Ámbito Financiero tiene como accionista mayoritario a uno de los socios del exGrupo Indalo pero esto sólo explica la escasa viralización de una noticia muy importante para la agenda que se debate dentro de la AFIP, en medio de una puja concreta de espacios entre Mercedes Marcó del Pont y el ‘recuperado’ Ricardo Echegaray.
Hay 3 fragmentos del escrito de Morini que resultan muy significativos:
> «El Estudio Capurro, Rosello y Zaragoza –designados para intervenir la petrolera por orden de la justicia cuando comenzó el caso Oil- presentó al juzgado comercial un escrito de más de 70 carillas con prueba documental y anexos en los que pidió que se entable la demanda por daños y perjuicios a la AFIP. Acusó al organismo de haber perjudicado a los acreedores (incluyendo al propio Estado), antes en el concurso y después, en la quiebra. Los síndicos hicieron un repaso de la serie de medidas que la AFIP adoptó a partir de 2016, luego de haberla habilitado, en febrero, a ingresar en planes de pago por el ITC, pero que, un mes después, “en un giro de 180 grados que tuvo por inocultable objetivo a Oil” decidió excluirlo. Esto empujó a la empresa a declararse en concurso de acreedores, indicaron a la Justicia.»
> «El día anterior a que Oil se presentara en concurso, Abad modificó “ad hoc” el régimen para empresas concursadas (…) y pese a que llevaba 15 años vigente, con bajas tasas y extensas cuotas, lo restringió absolutamente para contribuyentes que hubiesen sido denunciados en sede penal, tal como la propia AFIP había hecho semanas atrás. El objetivo para los síndicos, fue “privar” a la petrolera del régimen de facilidades, lo que habría violado no solo la igualdad ante la ley sino el principio de inocencia. Pero le agregaron que AFIP mostró en todo el proceso una “clara hostilidad”, cuestionando la cesación de pagos y pidiendo una investigación que luego fue rechazada por la Justicia. Y que luego se ubicara estratégicamente en el “comité de control” para así, con nulidades, arbitrariedades y presentando todo tipo de recursos, sabotear cu alquier petición que mejorara la situación de la compañía. Del mismo modo, trabó medidas cautelares que están prohibidas por la ley concursal y mantuvo los embargos hasta que asfixió económicamente a la petrolera. Como corolario, también se opuso a aprobar la firma de contratos que hubiesen permitido que Oil retomara la actividad comercial a la vez que le había embargado el 100% de las cuentas bancarias.»
> «Pese a que la sindicatura pidió que se concreten, AFIP impidió que cerraran contratos por abastecimiento de naftas y gasoil con las empresas Victorio Podestá y Cía.; Pampa Energía y Trafigura. La denuncia de los síndicos apuntó a que la AFIP evitó deliberadamente que Oil pudiese acogerse a la moratoria de la Ley 27.260, incluso, violando parte de esa normativa que impedía negar el acceso a contribuyentes habilitados. Para lograrlo, divulgó públicamente cuestiones bajo secreto fiscal, algo también prohibido, y que le notificó al juez Julián Ercolini para buscar influir en su decisión.»
> «Esa actitud de AFIP aceleró la crisis de Oil que debió renunciar al período de exclusividad e inició su “cramdown” para evitar la quiebra. Pero fue allí, dice la denuncia, que nuevamente la AFIP objetó que la deuda preconcursal pudiera ser pagada como prescribía la ley dictada por el macrismo, lo que ocasionó que el único oferente se retirara, lo que derivó en la quiebra de la petrolera.»
Ahora la AFIP deberá expresarse en sede judicial acerca de las irregularidades que se denuncian cometidas por la propia AFIP. Morini recuerda que «hay 38 expedientes abiertos, muchos de ellos impulsados por Abad». Por supuesto que es un caso inédito.
