El fiscal Héctor Iturrioz aseguró que en las últimas semanas se sumaron más de 200 denuncias. La primera imputada está con prisión domiciliaria por la falta de espacios.
El fiscal Héctor Iturrioz informó este martes que la investigación por fraude en el IPV ha tenido avances importantes en las últimas semanas, con más de 200 denuncias de personas que se sumaron para informar que entregaron pagos a cambio de una vivienda. Además, precisó que la primera imputada está con prisión domiciliaria, debido a la falta de espacios de encierro adecuados para mujeres y comparó que el sistema de ventas de carpetas de adjudicación era similar al de ventas de ollas de cocina, indica ADNSUR.
“La señora Jonás está con detención domiciliaria, porque la situación de emergencia carcelaria de nuestra ciudad impide contar con un lugar acorde para detener a imputadas de sexo femenino. Como recordarán hubo un incendio en el pabellón femenino de la Alcaldía, y a partir de ese hecho no hay ningún lugar de alojamiento que cumpla las condiciones mínimas y necesarias”, reseñó. Por otro lado, Maximiliano González, otro de los imputados en la causa, continúa con prisión preventiva.
El fiscal Iturrioz indicó que se han sumado más de 200 denuncias, por lo que anticipó, en diálogo con Radio del Mar, que los particulares que se contactaron a través del sitio web de la Fiscalía serán convocados para aportar la documentación respaldatoria, aunque anticipó que llevará un tiempo por las restricciones de funcionamiento que hay en el sistema judicial.
“Lentamente vamos a entrevistar a todos para que hagan los aportes documentarios que tienen –graficó-; las denuncias son muchísimas, porque al hacerse pública la investigación hubo un montón de personas que se avinieron a realizar la denuncia. Por ahora podemos ir de a 5 personas por semana, pero esperamos que en algún momento se pueda ampliar”.
De igual modo advirtió que hay que diferenciar las situaciones de quienes fueron perjudicados como víctimas, por encontrarse en una situación de necesidad de vivienda y creyendo que la operatoria era legal, mientras que otros sabían que estaban participando de un ilícito.
Indicó que todos los denunciantes cuentan con recibos de haber pagado los montos exigidos para acceder a una vivienda.
“Empezó con 80.000 y terminó en 300.000 pesos, hay quienes pagaban en dos veces, hay quienes pagaban en una sola vez y adquirieron más de una vivienda, estos últimos mal pueden tenerse por víctima, porque había gente que quería hacerlo como una inversión inmobiliaria”.
Iturrioz detalló que hay tres mujeres más involucradas en la investigación, ya que cumplían un rol de intermediación. “Empezaron como vendedoras de estas carpetas adjudicadas y luego incorporaron vendedores, como si fuera un sistema de ventas de ollas –comparó el fiscal-, donde está la organizadora por un lado y la que hace la venta de la olla… bueno, el sistema era similar, estaba diseñado perfectamente, y la intención es que estos últimos en incorporarse, no tuvieran contacto directo con el señor Gonzales sino a través de estas organizadoras que son tres femeninas. Para algunas de ellas hasta habría mérito para la prisión preventiva, pero reitero que no hay lugar para prisión de mujeres en Comodoro Rivadavia”.
Para Iturrioz, la asociación ilícita podría involucrar a más personas, por lo que anticipó que pronto habrá novedades en ese sentido.
Más de 60 millones de pesos
El fiscal también precisó que el monto recaudado por la organización delictiva sigue elevándose, ya que en la cuenta bancaria de uno solo de los imputados hay movimientos superiores a los 40 millones de pesos, entre el año pasado y el corriente.
“A estos cada vendedor y organizador sumaba su comisión, por lo que yo creo que se han superado los 60 millones de pesos”, estimó. El dinero está secuestrado en una cuenta especial del Banco Chubut, por lo que en la medida que la investigación avance, se podrá devolver a las personas que han sido víctimas del hecho delictivo, aunque insistió en que la puesta en escena de todo el grupo era de mucha complejidad.
De igual modo, se refirió a comentarios que circulan sobre presuntas devoluciones de dinero, a personas que no llegaron a hacer la denuncia: “También nos llegaron esas versiones, de gente que le habrían devuelto el dinero a través de transferencias bancarias, o incluso hay gente que asegura que les habrían entregado la casa –añadió el fiscal-, sin que cumplieran los requisitos Fonavi. Hay claras irregularidades para seguir investigando”.
