Hasta junio pasado llegó el envión de dos de las locomotoras de la economía real que arrastran el nivel de empleo privado en Argentina: la automotriz y la construcción. Una, gracias a las facilidades que las propias terminales vinieron aprovechando mediante la importación de autos de sus marcas desde Brasil a una paridad respecto del dólar que hasta 2017 atrasaba. Y la 2da. por la expansión del gasto público destinado a infraestructura: presupuestada, bajo el régimen de PPP (programas públicos y privados) o desarrollos inmobiliarios financiados por los bancos. Volatilidad cambiaria, tarifazos y ajuste fiscal se complotaron para cambiar el mapa del 2do semestre: 18% menos de autos vendidos y en ascenso, freno a construcciones privadas y un recorte en obra pública que empezó con la subejecución de fondos asignados y se redondeó con un tijerazo de $30 millones, que significa un 15% en el presupuesto vigente.
La industria en general empezó a drenar 3.000 empleos por mes, según se maneja dentro de la UIA, consecuencia de una caída del 1,2% en la actividad fabril, y en la construcción, que desde el año pasado venía compensando los problemas laborales de otros sectores, quebró la racha positiva y resbaló -0,2%, con la mayor sangría proveniente de los grandes contratistas que reflejan la desaceleración de las obras públicas. En algunas regiones del país se daba el caso de despedidos de las industrias que iban a pedir trabajo en las constructoras, y ahora se topan con el típico cartel de las recesiones: no hay vacantes.
La caída en la actividad en industrias mano de obra intensivas, como la metalmecánica (terminales automotrices más autopartistas) y la construcción, encienden luces amarillas en las perspectivas de traslado del ajuste al empleo privado.
Siendo que entre ambas generan en total más de 650 mil sobres de sueldo en blanco, el hecho de que se hayan vendido 12.256 automotores menos en junio último respecto del mismo mes de 2017 y éste sea el comienzo de un ciclo de desaceleración, tal como admitió el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), Dante Álvarez, hizo cundir el temor de que se está en el umbral de una nueva ronda de suspensiones y despidos.
La industria automotriz es fuente de trabajo directa en 11 terminales radicadas en el país para más de 70.000 personas más otras 150.000 de modo indirecto. Y más de 20.000 autopartistas (en su mayoría Pymes), que funcionan como satélites, mantienen una plantilla de personal que supera los 250.000.
Si bien la repercusión de la merma en los patentamientos interesa principalmente a los vehículos importados, ya que representan el 70% de esas, en las plantas locales se sentirá la falta de despacho de unas 3.500 unidades, según la proporción que se venía dando de 2 años y medio a esta parte. Habrá que esperar el reporte de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) para precisar la real incidencia del retroceso en las ventas que sufrirá la producción nacional –según publica Urgente 24-.
La otra gran generadora de empleos, la construcción, ya evidencia desde abril que se acabaron los cercanos tiempos de bonanza, en que el sector aportaba uno de cada dos puestos de los asalariados privados creados en 2017, según el INdEC.
Los 425.655 puestos de trabajo de la construcción registrados al cabo de los 1ros cuatro meses constituyen una baja general del 0,2% mensual, de acuerdo con los últimos datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).
Se notó un aletargado ritmo en los desarrollos inmobiliarios por el alza de la tasa de interés, del dólar y de los costos, pero en realidad como el cambio de la tendencia ocupacional en el sector lo encabezaron firmas con plantel igual o superior a los 500 puestos de trabajo registrados, se infiere que ha sido consecuencia directa del freno a las grandes obras públicas.
El recorte de $30 millones anunciado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, representa aproximadamente un 15% del presupuesto asignado a la obra pública de este año, que ronda entre los $180.000 millones y $200.000 millones para todos los rubros (infraestructura, vivienda, viales, energía, saneamiento etc), de modo que las matemáticas auguran una baja de entre 10 y 15 mil puestos laborales.
Se llega al mismo resultado contractivo de la inversión pública por el lado del salario: el promedio de abril para los trabajadores registrados de la construcción (de $ 19.441), mostraba una expansión del 3,4% mensual y del 39% interanual), e involucra la incidencia ascendente que tuvieron las remuneraciones medias a altas, así como refleja el impulso de obras de envergadura que requieren operarios más calificados.
Pero no sólo en la etapa recesiva que comienza con el 2do. semestre peligra el nivel de empleo en 2 las principales fuentes de trabajo, como la automotriz y la de la construcción.
Las bajas se sucedieron, asimismo, entre el total de 1.187.000 empleados que registran las industrias manufactureras, los 1.184.000 del comercio y reparaciones, 852.000 de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y 562.000 de transporte, almacenamiento y comunicación.
Bienvenida recesión
En ese conjunto se visualizó en junio el aperitivo de la retracción. Según INdEC, la actividad industrial declinó el 1,2% en comparación interanual, con regiones más comprometidas, como Santa Fe, en que llegó al 3,4%.
Informes internos de la UIA consignados por BAE Negocios advierten a la dirigencia fabril que la contracción en los puestos de trabajo se multiplicó desde el inicio de la gestión de Mauricio Macri a un promedio de 3.000 por mes, que para fin de año se convertirían en más de 90.000 la caída.
Coincidentemente, la CTA estimó en casi 80.000 los puestos resignados en comparación a septiembre de 2015. Nada más que la UOM acusó en ese lapso 28.000 despidos y 22.000 suspensiones.
Las consecuencias de recostar los ingresos del modelo económico en el agro (poco dinámico en la generación de empleos en blanco), en el sobreendeudamiento, en la apertura importadora y simultáneamente haber descuidado la industria y el comercio vernáculos afectaron directamente los ingresos tanto de la población asalariada como del 40% que engrosa las filas de la informalidad.
La inflación en alza, retroalimentada por la devaluación y los tarifazos, erosionó el poder adquisitivo de los trabajadores regidos por las convenciones colectivas, pero también interesa la recaudación del 40% de cargas sociales que aportan al sistema, más lo que se llevan las ART, las aseguradoras de vida y los sindicatos.
El abogado especialista en Derecho Del Trabajo, Juan Pablo Chiesa, desmenuzó la producción fiscal y cuasi de cada empleado registrado: 17% retenido de su haber, al que se llega con 11% de jubilación; 3% PAMI y 3% obra social, además de la cuota sindical obligatoria.
Las contribuciones patronales a la seguridad social, por cada empleado, suman 23%: jubilación 10,17%; Anses 4,44%; PAMI 1,5%; Fondo N. de Empleo 0,89% y obra social el 6%.