El máximo tribunal quiere conocer lo que dice el jefe de los abogados de la Casa Blanca. Un fondo buitre demanda US$ 3.000 millones.
Según publica el diario Clarín, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió solicitar opinión al General Solicitor de ese país (el jefe de los abogados del Estado) en el juicio que enfrenta la Argentina por la expropiación de YPF, llevada adelante en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. De esta forma, el Ejecutivo gana tiempo y se abre una nueva instancia tras dos fallos adversos para el país.
Lo que debe decidir el máximo tribunal estadounidense no es la cuestión de fondo sino un tema de jurisdicción: si la demanda de un fondo buitre por 3.000 millones de dólares por la estatización de la petrolera debe continuar su proceso en Estados Unidos o trasladarse a Buenos Aires, como reclama el Gobierno argentino.
La estrategia oficial es traer el juicio a la Argentina para resolver, a través de la justicia local, la demanda del fondo Burford Capital, que se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y la posibilidad de entablar el juicio, cosa que hizo.
Según la primera evaluación hecha por la administración de Mauricio Macri, la resolución es altamente positiva. Por un lado, demuestra la importancia del caso, pues de otro modo, se hubiera rechazado de plano. Además, analizan, la Corte rara vez realiza ese tipo de convocatorias y, por eso, debe destacarse que el Estado americano sólo interviene bajo una invitación especial.
En el Gobierno también destacan que si bien la opinión del Procurador no es vinculante, es tenida en cuenta especialmente por la Corte. Además, queda claro que produjo efecto la presentación de los Amici por parte de Chile y México, marcando la importancia del asunto desde el punto de vista internacional para los Estados Unidos.
En la Rosada entienden también que la decisión judicial resulta una mala noticia para los demandantes, quienes esperaban un rechazo de plano para avanzar con el litigio. En definitiva, que es un paso que deja a la Argentina mejor posicionada en cuanto a las posibilidades del recurso ante la Corte.
Las fuentes oficiales consultadas por Clarín destacaron la labor de la Procuración del Tesoro (que conduce el abogado Saravia Frías) y la de los abogados del Estado argentino.
