La CGT reunió ayer su “mesa chica” ampliada de manera presencial por primera vez desde la declaración de la pandemia del coronavirus para repasar la situación límite del mercado laboral a partir de la cuarentena y la necesidad de agilizar medidas de contención del empleo y los salarios.
También fue la primera oportunidad del año para atender un hito clave del futuro mediato de la central obrera como la renovación de autoridades pautado para agosto próximo, sobre lo cual se asentó una certeza: la suspensión de los tiempos administrativos ordenada por el Ministerio de Trabajo alcanzará a la organización y extenderá los mandatos al menos hasta mitad de 2021.
La principal preocupación y la mayor parte del debate ayer en la sede de la Uocra giraron en torno del empleo. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de pedirle al Gobierno una extensión al menos hasta fin de julio en el plazo de vigencia del decreto de necesidad y urgencia 329/2020 que prohibió los despidos y también las suspensiones unilaterales hasta el 31 de mayo. Esa norma, aunque luego el propio Ejecutivo validó un mecanismo exprés de acuerdos por licenciamientos entre la Unión Industrial y la CGT, ofició de valla de contención en los dos primeros meses de la cuarentena y deberá mantenerse al menos mientras rija el aislamiento social preventivo y obligatorio, dijeron ayer los gremialistas.
La propia dinámica de la pandemia repuso en agenda la renovación de autoridades, un ítem que motivó en el pasado un sinnúmero de conciliábulos pero que desde marzo había quedado relegado por la crisis. A falta de apenas un trimestre para la fecha original del Congreso de elección de nuevo Consejo Directivo, el 22 de agosto, ayer se extendió en la dirigencia de la CGT la noción de que ese mojón podrá correrse hasta junio del año que viene.
La tranquilidad se asentó en la resolución 259 del Ministerio de Trabajo que prorrogó “por 120 días corridos la vigencia de los mandatos” sindicales con vencimiento “entre el 16 de marzo y el 30 de junio”. Aunque ese plazo no alcanza la fecha de finalización en agosto del mandato de Héctor Daer y Carlos Acuña como secretarios generales de la CGT, así como del resto de los miembros del Consejo Directivo, la interpretación de los abogados de la central establece que habrá un corrimiento de todos los cronogramas electorales internos que llevará ese límite al menos hasta mitad de 2021.
Así los “gordos” de los grandes gremios de servicios y los “independientes” de buen diálogo con cada gobierno, al igual que otros sectores internos que respaldan la actual conducción, cifraron su expectativa en acallar la disputa constante con el sector disidente que orientan Hugo Moyano y su hijo mayor, Pablo, junto al mecánico Ricardo Pignanelli y al bancario Sergio Palazzo. De prosperar la visión del oficialismo en la CGT, Daer y Acuña podrán fortalecerse ante Alberto Fernández y su Gabinete en las gestiones de la crisis actual y del escenario pospandemia.
Además de Daer y Acuña ayer participaron de la reunión el dueño de casa, Gerardo Martínez, el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez (estatales, UPCN) y otros referentes como José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), Omar Maturano (maquinistas de trenes, La Fraternidad), Mario Caligari (colectiveros, UTA), Juan Carlos Schmid (portuarios), Carlos Sueiro (Aduanas), Víctor Santa María (encargados de edificios, Suterh), Jorge Sola (seguros), Sergio Romerio (docentes de UDA), Abel Frutos (panaderos), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza),y Norberto Di Próspero (personal legislativo).
En el encuentro hubo también pases de factura. Como en anteriores debates la dirigencia de CGT rezongó por la demora en la puesta en marcha de medidas que el propio Alberto Fernández compromete en las reuniones sectoriales y que a continuación pueden tardar semanas en cristalizarse o no ver la luz hasta ahora. El propio Daer puso como ejemplo el compromiso del Ejecutivo de eximir del pago del boleto de transporte público para los trabajadores de su gremio, Sanidad, e ironizó con que en cambio se avanzó sobre el descuento en Ganancias para personal que en su inmensa mayoría no está alcanzado por ese tributo. A salvo de las quejas quedó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Más allá de la extensión en el DNU que prohibió hasta fin de mayo los despidos y las suspensiones, la CGT también pedirá activar el comité de crisis tripartito (con Gobierno y empresarios) y también acelerar para después de la cuarentena el Consejo Económico y Social para buscar un consenso de medidas de salida del parate económico.
Fuente: ámbito/ Mariano Martín
