El juez Sergio Piñeda autorizó ampliar la investigación sobre la causa y sumar a nuevos empresarios de la construcción de Esquel, Comodoro Rivadavia y el Valle, quienes habrían negociado con altos funcionarios provinciales.
A los imputados Alejandro Pagani, Pablo Oca, Martín Bortagaray y Diego Correa, se sumaron hoy los empresarios Pablo Menedin, Fernando Cordón, Martín Castillo, Osvaldo Bergareche, Carlos Di Benedetto y Juan Carlos Bosi, que no se hizo presente en la audiencia por demoras en ser notificado.
El fiscal Marcos Nápoli y el funcionario de Fiscalía Gustavo Nuñez dieron a conocer las imputaciones en las que se encuentran involucrados los seis empresarios, contra los cuales ahora se les abrió la investigación con el objetivo de ejercer debidamente el derecho a la defensa. En todos los casos se trata de obras públicas que contrataba el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o el Ministerio de Infraestructura.
Las maniobras que ahora se comenzarán a investigar están relacionadas con el atraso en el pago a las empresas por la ejecución de obras y las “dádivas” o “retornos” que los empresarios debían pagar para poder cobrar lo que se les adeudaba. Según los acusadores, los empresarios debieron pagar más de $ 2,6 millones en efectivo, y quien manejaba los cobros era Correa.
Según la descripción de la Fiscalía, una vez pagado el dinero, desde la Unidad Gobernador se ordenaba al Ministerio de Economía que se liberen los pagos de las deudas por las obras ejecutadas o en ejecución.
Dos de los defensores, Abdo Manyauik y Oscar Romero, cuestionaron a la descripción de los hechos que realizaron los fiscales por no estar “debidamente circunstanciados”. Pero el juez Piñeda le dio la razón al Ministerio Público Fiscal, destacando que precisamente esas “circunstancias” deberán ser probadas o no durante el proceso a instancias de las pruebas que presenten las partes.
Correa está imputado de “cohecho pasivo” en carácter de autor, y el resto de los funcionarios de “cohecho activo” como partícipes primarios en perjuicio de la administración pública provincial. El plazo de la investigación vence el próximo 22 de marzo.
