Casi el 15 por ciento del presupuesto se destinó al pago de intereses. El cálculo del déficit primario excluye el cómputo del pago de intereses. Pero mientras se recortan subsidios y transferencias para reducir el déficit primario, crece proporcionalmente más el déficit financiero por el incremento de la deuda.
Durante los primeros diez meses del año el gobierno argentino destinó 366.226 millones de pesos al pago de intereses de la deuda externa. Fueron 36.622 millones de pesos mensuales, 1209 millones de pesos diarios, 50 millones de pesos por hora o 840 mil pesos por minuto. Los datos oficiales muestran cómo entre enero y octubre los fondos destinados al pago de vencimientos anotaron una escalada de 71,8 por ciento frente al mismo período del año pasado. El último Informe de Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública Nacional elaborado por ASAP permite estimar que, a lo largo de los primeros diez meses del año, 14,80 de cada 100 pesos del presupuesto fueron al pago de los intereses. Más de la mitad de las obligaciones corresponden a bonos y títulos colocados durante 2017.
El nuevo ciclo de endeudamiento iniciado con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada convirtió a los vencimientos de la deuda en el segundo rubro más importante del gasto público. A lo largo de los últimos meses la carga de esos pasivos desplazó a los ajustados subsidios, servicios sociales y salarios estatales para ubicarse sólo detrás de la seguridad social que, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones, se mantiene como el ítem más significativo de las finanzas públicas. El escenario se mantuvo inalterado en octubre.
El acelerado crecimiento en el peso de los vencimientos de la deuda los condujo a asumir una dimensión en el presupuesto similar a la registrada antes del colapso de 2001. Los datos correspondientes a octubre exhiben además un salto en los intereses de 232,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, al trepar de 14.924 a 49.678 millones de pesos mensuales.
Los compromisos asumidos por las autoridades argentinas para acceder al financiamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen como objetivo garantizar el repago de la deuda pública. O sea, intenta despejar el riesgo de default. Recortar las transferencias a las provincias, minimizar el financiamiento para las empresas públicas, acelerar la quita de subsidios, reformar la seguridad social, reducir el empleo público y ajustar la obra pública, representan los pilares fiscales del programa de austeridad. Con el objetivo de alcanzar el “déficit cero”, el plan acordado con el organismo multilateral prevé un profundo recorte de la inversión estatal. Pero, aunque el retaceo de fondos se agudizó con la firma del acuerdo stand-by, los tijeretazos comenzaron antes.
El informe de ASAP evidencia que el financiamiento de la obra pública se contrajo entre enero y octubre un 13,8 por ciento frente al mismo período de 2017. La reducción está expresada en términos nominales: fueron 22.251 millones de pesos menos que los computados en los primeros diez meses del año pasado. En otras palabras, la contracción no dimensiona el efecto de la aceleración de la inflación sobre la capacidad de compra de insumos, maquinaria y salarios.
El fondeo para obras viales, educativas, sanitarias recibieron apenas 11.585 millones de pesos por mes, 459 millones de pesos al día, 19 millones de pesos por hora o 318 mil pesos por minuto. Las cifras representan un tercio de los fondos destinados a pagarle a los acreedores locales y externos que circulan por la ancha y bien señalizada autopista financiera habilitada por el gobierno de Cambiemos. El comportamiento de la obra pública es una decisión política ejecutada desde tres ministerios –Interior y Obra Pública, Transporte y Educación–, para cumplir con las ajustadas metas presupuestarias autoimpuestas.
