A diez días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la polémica por los cambios en el sistema de escrutinio provisorio sumó un nuevo capítulo. Tras la publicación en el Boletín Oficial de una disposición con la que el Gobierno intentó subsanar la falta de claridad en torno a la implementación del nuevo mecanismo, la Cámara Nacional Electoral emitió una acordada en la que reconoció los reclamos formulados por los partidos opositores y exhortó al Poder Ejecutivo a garantizar la fiscalización de la transmisión electrónica de los telegramas electorales.
“Se obtuvo una buena cantidad de cuestiones para facilitar la acción de nuestros fiscales, pero todavía falta”, dijo a Página 12 apoderado del Partido Justicialista y el Frente de Todos, Jorge Landau, en relación con el escrito firmado por los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía y por el secretario de actuación electoral, Sebastián Schimmel. El texto, publicado tras la reunión entre los jueces y los apoderados partidarios, advierte que “existen diversas instancias o actos que integran el escrutinio provisional, sobre los cuales debe preverse expresamente la fiscalización y control por parte de las agrupaciones políticas contendientes en la elección”. Entre los puntos más importantes, establece que:
* La Dirección Nacional Electoral (DINE) y el Correo Oficial prevean, documenten e informen la constatación de la puesta en cero de la base de datos del sistema de totalización de resultados. El procedimiento deberá ser público y con posibilidad de participación de los fiscales informáticos de las fuerzas políticas.
* Se garantice a las agrupaciones una herramienta que les permita realizar un seguimiento en tiempo real de los telegramas correspondientes a cada distrito, conociendo el estado de carga de los mismos, los datos cargados al sistema –por medio de consultas automatizadas y masivas– y la posibilidad de visualización de la imagen escaneada de cada uno.
* La DINE asegure que los partidos cuenten con los mecanismos o el acceso a la información suficiente que les permita comprobar la integridad e inalterabilidad de los archivos transmitidos y la trazabilidad del documento desde su escaneo hasta su puesta a disposición para la carga por parte de los agentes responsables de esa tarea.
* Se les autorice a los fiscales partidarios a obtener fotografías del acta de escrutinio y del telegrama, previo a su retiro por el Correo Oficial, siempre que ello no altere, dificulte o demore el normal funcionamiento de la mesa de votación.
Aunque atendieron varios de los reclamos partidarios, los jueces se desligaron de las irregularidades denunciadas en el nuevo mecanismo de recuento provisorio y recordaron que eso depende del Ejecutivo y constituye «un elemento secundario o publicitario, carente de relevancia jurídica y, por tanto, inhábil para poner en tela de juicio la validez de los comicios o de sus resultados». Además, omitieron expedirse en torno a lo que los referentes políticos consideran fundamental: el software desarrollado por SmartMatic, la compañía cuestionada por protagonizar múltiples escándalos electorales a nivel mundial.
«Seguimos sin acceder al código fuente del programa y todavía no nos entregaron el listado de los establecimientos que efectivamente tienen conectividad», apuntó al respecto Landau.
Daniel Pires, apoderado de Consenso Federal, el espacio que impulsa la candidatura presidencial de Roberto Lavagna, coincidió con la crítica: «El tema de fondo, que es el del software, no se trató», dijo a este diario, al tiempo que afirmó que el foco estará puesto en reforzar el trabajo de fiscalización. «En esta instancia tenemos que pensar en la idea de tener nuestro propio centro de cómputos, con mesas testigo en todo el país, y de intensificar el control de fiscales informáticos», indicó.
En paralelo, ambos referentes partidarios aseguraron que aún quedan por afinar cuestiones operativas y técnicas con los funcionarios de la DINE y del Correo, algo que, con la cuenta regresiva iniciada, parece difícil de lograr.
Las dudas sobre SmartMatic
«No tenemos confianza en SmartMatic», disparó Daniel Pires, en referencia a la compañía informática que el Gobierno contrató -mediante un proceso que no fue público- por 17 millones de dólares para desarrollar el software electoral con el que se hará el recuento provisorio en las elecciones primarias. La empresa, de origen venezolano, se presenta como holandesa y tiene su domicilio legal en Barbados, un paraíso fiscal. Su debut electoral fue en 2004, en el referendo revocatorio realizado en Venezuela, donde Hugo Chávez obtuvo un 58 por ciento de votos favorables. Tras esa experiencia, comenzó a cosechar denuncias y sospechas por irregularidades en los procesos electorales de Filipinas, El Salvador, Uganda, Bélgica y Brasil. Incluso aparece mencionada en cerca de una veintena de cables del Departamento de Defensa de los Estados Unidos filtrados por Wikileaks. En uno de ellos, que tiene fecha del 10 de julio de 2006, se relata que la compañía “pasó de ser una pequeña empresa de tecnología a convertirse en un actor del mercado en pocos años”.
