En la provincia que encabezó la generación de empleo privado a fines de 2018, la de la «joya» más preciada del Presidente Mauricio Macri, es noticia por estas horas el anuncio de suspensiones de Tecpetrol tras la quita de subsidios. Desde el Sindicato de Petroleros intentan, con poco éxito, bajar el tono a la crisis. Una crisis que atraviesa todo el país. Al norte del yacimiento, en la provincia de Córdoba, es la fabricante de tractores Pauny la que busca achicar la jornada laboral de sus más de 500 empleados para sobrevivir, y mucho más al sur, en Tierra del Fuego, la UOM denuncia que la empresa BGH busca despedir a 1.500 personas. A fines del año pasado, los números de los despidos y suspensiones mostraron un incremento por demás alarmante, y este año, la situación no parece torcer el rumbo.
Tras conocerse la decisión de la petrolera del grupo Techint, de bajar tres equipos de perforación y suspender 300 operarios en Vaca Muerta, desde el Sindicato de Petroleros Privados, su titular Guillermo Pereyra, buscó bajarle el tono a la crisis. Aseguró que no hay condiciones para que se concreten las suspensiones y pidió «tranquilidad» a los afiliados.
El gobernador en uso de licencia política, Omar Gutiérrez, también se hizo eco de la situación, y aseguró al diario ‘Río Negro’ que «no peligra Vaca Muerta como se busca mostrar» y agregó que insistirá en que se mantengan reglas claras para el desarrollo de los no convencionales.
«Los subsidios fueron planteados para avanzar con una curva de desarrollo. Hay que despejar el camino para que Vaca Muerta pueda seguir avanzando. Se viene otra etapa, una nueva, que cuenta con la seguridad jurídica y las reglas claras que ofreció siempre la Provincia de Neuquén», expresó.
Mientras, Tecpetrol, la operadora controlada por el grupo que dirige Paolo Rocca, analiza la vía judicial para reclamarle a Nación por los cambios en el Plan Gas. En concreto, la secretaría de Energía de Gustavo Lopetegui decidió la semana pasada cerrar el ingreso de nuevos proyectos y pagar solo un máximo de producción por área, lo que afectó el negocio de la petrolera de Techint.
En este contexto trascendió ayer que la firma de Rocca, ahora distanciado de la Rosada, daba de baja tres de los cuatro equipos de perforación que tiene en el yacimiento estrella del shale gas neuquino: Fortín de Piedra. En el sector se relativizó la medida tomada e incluso se deslizaron teorías que apuntan a un fin de impacto mediático.
Por su parte Pereyra aseguró que habló telefónicamente con Lopetegui y éste le confirmó un próximo encuentro de la Mesa Vaca Muerta para la próxima semana.
Bajar un equipo no es un despido. No es fácil formar a la gente para operar estos equipos nuevos», dijo y remarcó que «no entramos en la discusión si está bien o está mal la quita de subsidios. Es un tema que lo tienen que arreglar las empresas y el gobierno nacional, nosotros cumplimos con la paz social», dijo al pedir «tranquilidad» a los afiliados, y agregó que en caso de que se bajen equipos «otras operadoras» podrían alquilarlos. “
Mientras el candidato a gobernador de Unidad Ciudadana-Frente Neuquino, Ramón Rioseco, criticó a Gutiérrez y Pereyra y dijo que las suspensiones son «despidos encubiertos».
«Hace dos años ocurrió una ola de despidos que fue tapada por el Sindicato, primero los enviaron unos meses a su casa y después los despidieron. Ahora están haciendo lo mismo, convocan a una asamblea para decir que no aceptaran ni un despido y a las pocas horas llegan 300 telegramas», expresó el candidato que se presentará en las elecciones del próximo 10 de marzo en la provincia, en la cual no hay primarias ni segunda vuelta.
Pero si las suspensiones «debutan» en Vaca Muerta, cierto es que no se trata de las únicas. Al norte, en la provincia de Córdoba aqueja por estas horas la crisis en la fábrica de tractores Pauny.
La firma, que nació tras la quiebra de la firma Zanello post crisis de 2001 y que tiene casi el 20% del mercado de tractores, presentó un pedido de procedimiento de crisis. Quiere bajar sueldos y que sus 500 empleados trabajen sólo tres días por semana.
Según informa hoy ‘Ámbito Financiero’, «la fabricante de tractores Pauny presentó esta semana ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Córdoba, donde está radicada su planta industrial, un pedido de apertura de procedimiento preventivo de crisis, ya que busca achicar la jornada laboral de sus más de 500 empleados. La caída de las ventas de maquinaria agrícola es una realidad palpable y en este contexto las empresas nacionales buscan la manera de salir airosas de la crisis».
Pauny, que viene de parar totalmente la actividad durante enero en su planta industrial localizada en Las Varillas, ahora quiere reducir la jornada laboral a martes, miércoles y jueves y concretar una reducción de los salarios de sus empleados.
Desde la firma dicen que la intención es sobrevivir por lo menos los próximos dos meses con esta modalidad y esperar de esta manera si se produce algún tipo de reactivación cuando comiencen a llegar los primeros ingresos de la cosecha de soja.
Pauny, como otras muchas empresas de maquinaria agrícola, está liquidando stocks desde hace varios meses para enfrentar el panorama complicado. Las ventas de maquinaria y complementos para el campo venían experimentando una fuerte recuperación desde 2016, pero desde el año pasado todo cambió: la fuerte devaluación, la reimposición de retenciones, sumada a la sequía que afectó al campo y la falta de financiación en el sector, virtualmente paralizaron las ventas –según publica Urgente 24-.
Sus gerenciadores advierten que están ante una situación crítica, con ventas prácticamente nulas y el canal exportador también parado. A la par, el incremento de los costos de producción, energéticos y laborales conforman un cóctel explosivo.
Desde la empresa explican que el achique de la jornada laboral en esta instancia busca preservar la continuidad total de la empresa que hoy no muestra números en rojo. Según los registros oficiales, se mantiene al día con el pago de aportes patronales a sus empleados, lo mismo sucede con su deuda bancaria que según el BCRA, a la fecha, suma poco más de $510 millones, toda en situación uno, es decir, sin atrasos en los pagos y tampoco muestra cheques rechazados.
Mucho más al sur de Vaca Muerta, en Tierra del Fuego, el flagelo del desempleo es noticia por estas horas en BGH. Allí la UOM denuncia que «el plan» de la empresa es «despedir a 1.500 personas entre Río Grande y Ushuaia en los próximos meses».
Los trabajadores de la empresa BGH se reunieron ayer en una asamblea en las puertas de las plantas de la empresa en ambas ciudades ante las versiones de suspensiones que se extenderían durante los meses de marzo y abril, además de despidos, publicó el sitio ‘iProfesional’.
Dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande denunciaron que BGH, radicada bajo el amparo del régimen de promoción industrial, pretende despedir «a 1.500 personas entre Río Grande y Ushuaia en los próximos meses».
El secretario general del sindicato metalúrgico, Oscar Martínez, dijo a la prensa local que BGH argumenta la medida en los «bajos niveles de producción» que se esperan para los próximos meses, y que incluso se analiza una suspensión de operarios en abril y mayo.
Según el dirigente de la UOM, los despidos vulnerarían el acuerdo de «paz social» suscripto en 2017 y que estipula el congelamiento de la planta de empleados hasta 2020, a cambio de no incrementar los sueldos en el mismo período. «Es un quiebre, una ruptura absoluta de un acuerdo que en su momento fue muy criticado pero que ahora nos sirve como herramienta de negociación», señaló Martínez.
Sin embargo, la empresa aduce (igual que Brighstar) que no se trata de cesantías sino de la convocatoria a retiros voluntarios, y de la finalización de contratos que no serán renovados. La firma tiene 700 trabajadores permanentes y 135 contratados, y su pretensión es «reducir 300 obreros permanentes y no renovar los 135 contratos», precisaron desde la UOM.
«Ya hubo asambleas de delegados dentro de la planta. Es una realidad muy difícil para el sector. La posición es firme: rechazar cualquier despido y las suspensiones si no garantizan el 100% del salario», dijo Martínez.
También agregó que «el plan» de las empresas es «despedir a 1.500 personas entre Río Grande y Ushuaia en los próximos meses», y que por ello mantendrán reuniones en Buenos Aires con el secretariado nacional de la UOM para intentar «resistir está avanzada».
Cuando la firma Brighstar, fabricante de celulares para las marcas Samsung y LG, anunció la semana pasada la posibilidad de despidos y de una reducción de la jornada laboral, el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) Federico Hellemeyer, salió a aclarar que los retiros voluntarios «no pueden ser considerados como cesantías ni violan el acuerdo de 2017».
«Son decisiones antipáticas pensadas para pasar este momento hasta que se recupere el vigor de la producción», declaró Hellemeyer, y negó que la intención de los empresarios sea propiciar el cierre de las fábricas electrónicas en Tierra del Fuego.
El diario ‘BAE’ publicó ayer que en el último bimestre de 2018 aumentaron un 104% interanual las suspensiones y despidos, y parece que esa tendencia continúa. Las cifras de despidos y suspensiones del mencionado bimestre totalizaron 9.727 casos, más que duplicando la cifra del mismo período del 2017, cuando sumaron 4.758.
Un 83% de los casos correspondieron al sector de industria y servicios, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que agrega que en promedio hubo 5800 despidos y suspensiones mensuales el año pasado.
El informe titulado «Un año de caída: despidos y suspensiones durante 2018» puntualiza que durante el 2018 hubo un total de 69.696 suspensiones y despidos, correspondiendo 16.303 de ellos a empleo público y 53.393 a empleo privado. Los datos implican un promedio de 5.800 despidos y suspensiones mensuales durante todo 2018, agrega el CEPA.
Teniendo en cuenta los datos de 2017, los despidos y suspensiones en 2018 superaron en 33.162 casos a los del año anterior, lo que equivale a un incremento de 91% interanual.
Se distingue que, en los primeros dos meses del año los despidos del sector público resultan más significativos que en el sector privado, en los siguientes cinco meses, toman «la posta» los despidos del sector privado, para, en agosto, converger en despidos del sector público y privado casi por igual.
Sin embargo, en los últimos cuatro meses de 2018 se produce un sensible incremento de la evolución de despidos y suspensiones en el sector privado que relativiza lo sucedido hasta ese momento.
En el relevamiento por sectores, los despidos y suspensiones de la construcción alcanzan los 1.581 casos, los correspondientes a las empresas de capital estatal alcanzan los 5.176, los despidos en el sector público dentro de la órbita del poder ejecutivo suman 11.127, la industria despidió y suspendió 37.341 trabajadores, el sector primario hizo lo propio en 1.001 casos y finalmente los servicios expulsaron a 13.470 trabajadores.
Los despidos y suspensiones de la industria suman el 54% del total de casos, seguido por el sector público, que entre los correspondientes al poder ejecutivo y a las empresas estatales representan el 23% de los casos, y luego el sector servicios, con 19% de los casos.
La industria protagoniza el proceso de despidos y suspensiones también en 2018. Se observa la continuidad en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros diez meses del año, promediando 3.108 casos mensuales. Es de destacar que, en el bimestre Noviembre-Diciembre de 2018, los despidos y suspensiones fueron motorizados en buena parte por el sector industrial que representa el 40% de los casos.
Del total de casos de 2018, 42.396 corresponden a despidos, 9.210 a desvinculaciones por cierre de empresas o plantas, 1.735 a retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas, 15.280 a suspensiones junto con 1.075 casos de adelanto de vacaciones.
Es de destacar que 1 de cada 8 despidos durante 2018 se relacionaron con cierre de empresas o plantas. En el caso de la industria la proporción es aún mayor: 1 de cada 6 casos están vinculados a cierres.
Dentro de la industria, encabeza el sector automotriz y autopartes, seguido por el sector textil, alimentos y bebidas, el sector electrónica y electrodomésticos y el sectormetalúrgico. Le sigue el sector de calzado, hidrocarburos y refinería y frigoríficos.
Entre los servicios, se ubican el sector comercio, que representa el 55% de los despidos y suspensiones de ese rubro. Presentan despidos, además, los sectores de medios de comunicación, transporte, aerocomercial, vigilancia, limpieza, financiero, salud, gastronómicos, peaje y estaciones de servicio.
En el sector público hubo despidos en entes descentralizados como Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas y SENASA, en las municipalidades de Tucumán, Morón, Quilmes, Tres de Febrero, La Plata y otras. En el Poder ejecutivo hubo despidos en los Ministerios de Agroindustria, Desarrollo Social y Economía, entre otros; también se efectuaron despidos en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre otras, y en empresas de capital estatal como YCRT, Ferrobaires, Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Militares.
