La ansiedad de la opinión pública y los tiempos que corren a los fiscales


Omar Rodríguez y Alex Williams comenzaron a revisar la documentación de aquel ‘sobre bomba’ que una secretaria dejó en las escalinatas de la Legislatura, ya advirtieron que había algo más que maniobras con sobreprecios. La gran cantidad de CD con escuchas telefónicas revelaron la existencia de una asociación ilícita de la que -están convencidos- Diego Correa era el líder. Pero ese era sólo el comienzo de una serie de descubrimientos judiciales, de los que hoy ya nadie cree sean los únicos que derivarán en nuevas investigaciones.

El cúmulo de documentación, listados con asientos contables caseros (pero extremadamente prolijos y detallados), ya provocaron la condena social para muchos que enterraron su futuro político bajo sospechas más pesadas que una lápida. Claro que aún se está en una etapa de investigación y restan todavía cinco meses para que el Ministerio Público Fiscal culmine su tarea de recolección de pruebas para formular su acusación. Después llegará el tiempo de demostrar lo sostenido hasta el momento y todo lo que aún falta destapar.

La sociedad crece en indignación y debe ser consciente que nada quedará resuelto en poco tiempo. La contundencia de los hechos motivó que el juez Sergio Piñeda primero, y otros dos magistrados después durante las apelaciones, no dudasen un ápice en dictar seis meses de preventiva para cada uno de los detenidos. Pero será titánica la tarea de los fiscales que ahora son aplaudidos hasta cuando llevan sus hijos al colegio. Por eso, el Procurador Jorge Miquelarena decidió el refuerzo de los doctores Marco Nápoli, de Trelew, y Héctor Iturrioz, de Comodoro, para deshilar con mayor precisión las derivaciones de la ya más que difundida planilla Excel que detallaba el aporte de constructoras a la ‘caja negra de la política’ y el posterior reparto según rangos, compromisos y hasta para gastos domésticos como el gel para la caída del cabello de Diego Correa, detalla hoy el diario El Chubut.

Pero el plantel de fiscales no es precisamente el suficiente para atender casos complejos. Cuando Williams y Rodríguez se pusieron al frente del equipo especial para causas de corrupción en el Estado, tuvieron que derivar las investigaciones que tenían a su cargo a otros colegas. Ahora, lo mismo se está haciendo con las causas de Nápoli e Iturrioz. Un poco de ayuda para unos, pero recarga para otros. La ecuación es simple y es lo que hay. Como también son pocos los recursos materiales para una investigación vinculada a quienes se llevaron varios millones del erario público. Resulta una paradoja, pero ante todo es la demostración de sólo una de las consecuencias de la crisis y, como dijo el fin de semana el radical Gustavo Menna, ‘es inevitable vincular la situación calamitosa de Chubut con los casos de corrupción que se investigan’.

Lo cierto es que estos fiscales tienen un plazo que corre y deben concentrarse ahora en demostrar la existencia de una asociación ilícita y vincular a cada uno de los siete detenidos que tiene la causa. Luego vendrá el tiempo de formular la acusación para llegar a un juicio y podríamos estar dos años alrededor sólo de intentar demostrar esos hechos. Todavía resta conocer el avance de la causa de los sobreprecios durante la emergencia climática, hubo derivaciones como los ‘retornos’ de la obra pública y el reparto de la ‘caja negra’. Por lo tanto, la sociedad deberá bajar el nivel de ansiedad y los funcionarios del Ministerio Público Fiscal no acostumbrarse al sonido de los aplausos, que se irán diluyendo a medida que transcurran los tiempos judiciales que suelen no ir al paso de los deseos de justicia de los ciudadanos.