Lo hizo a través de la Resolución 3373 del 16 de agosto, pero publicada hoy en el Boletín Oficial. Regirá a partir del 7 de septiembre. Se trata de la extinción del Certificado de Validación de Datos de Importadores que permitía nacionalizar productos foráneos con tasas atenuadas de anticipo de IVA y Ganancias.
Según publica Infobae.com, dentro de los considerandos de la resolución, la medida se justifica en «razones de índole operativa (…) para la consecución de los objetivos perseguidos por los regímenes de percepción». Entre las modificaciones que destacan los importadores, y que implicarán un sustancial aumento de las exigencias financieras para ejercer la actividad, mencionan:
a) Impuesto a las Ganancias: Las operaciones de importación que anteriormente por aplicación del CVDI se encontraban sujetas a la percepción del 3% pasan a estar alcanzadas por una alícuota del 6% –RG AFIP 2281–.
b) Impuesto al valor agregado: Se duplican las alícuotas aplicables en el régimen de percepción de operaciones de importación –RG AFIP 2937– para responsables inscriptos, estableciéndolas en 20% para bienes importados gravados a la alícuota general y en 10% para los bienes gravados con la alícuota reducida. Igual tratamiento será aplicable a los sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados en el impuesto.
La medida establece también que no se aplicarán los beneficios tributarios previstos cuando se trate de destinaciones definitivas de importación para consumo, cuyo valor FOB unitario declarado sea inferior al 95% del valor criterio fijado. Las alícuotas de 20% y 10% se aplicarán a sujetos que no acrediten su calidad de exentos o no alcanzados por el IVA, en lugar de las de 12,7% y 5,8%, respectivamente, que estaban vigentes hasta ahora.
De este modo, observan en el sector que se trata de una vuelta más de tuerca en el objetivo de avanzar hacia el cierre de la economía, pese a que el Indec acaba de informar que en los primeros siete meses del año se alcanzó más del 80% del objetivo de Comercio de cerrar 2012 con un superávit comercial de, al menos, u$s10.000 millones.
Se estima que la medida afectará esencialmente a las PyME, que son las que tienen menos espaldas financieras para soportar semejante aumento de la presión tributaria y gran parte de sus importaciones corresponden a insumos y partes de equipos que no se producen localmente en condiciones de competitivdad de precios y calidad.
