Ya son 175 las firmas que desde el grupo S.O.S. Casa Familiar siguen reuniendo para solicitar al gobierno que cuatro empleados que estuvieron involucrados en las estafas del IPV sean desvinculados de sus puestos laborales. Además, enviarán una nota al gobernador con la petición.
El grupo S.O.S. Casa Familiar está conformado por entre 120 y 150 familias que se encuentran a la búsqueda de soluciones habitacionales luego de largas esperas por lotes y viviendas, por distintas situaciones, incluyendo irregularidades que ya fueron denunciadas al Estado, según publica diario Crónica.
En esta oportunidad, decidieron hacerse eco de una situación que hace poco tiempo se conoció públicamente y es que cuatro de las personas involucradas en las estafas del IPV se encuentran trabajando en sus puestos de trabajo dentro del organismo de forma normal.
Se trata de Darío Acosta, Fabiana Onieva, Ana Caro y Vanesa Medina Consoli, quienes están actualmente en funciones, según informaron.
En el caso de Acosta, quien estaba imputado por falsedad ideológica en concurso ideal con exacciones ilegales y cohecho pasivo que prevé una pena de 1 año de prisión en suspenso, en 2019 accedió a la suspensión de juicio a prueba, acordando la suspensión por dos años, y abonar a modo de reparación 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado; ofreciéndose a pagar un 20 por ciento de su sueldo durante dos años.
Medina Consoli, imputada por falsedad ideológica y cohecho pasivo, también accedió a la suspensión por el término de un año, ofreciendo el 5 por ciento de su sueldo por el mismo periodo y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación.
Según informaron desde la fiscalía, en el caso de Onieva y Caro, fueron investigadas pero no imputadas por delitos.
A partir de ello, es que desde el grupo consideraron que era inconcebible que personas vinculadas a estas irregularidades continuaran trabajando en el organismo de manera que decidieron avanzar sobre la reunión de firmas.
En diálogo con Crónica, Andrea Mansilla, integrante del grupo explicó que “nos enteramos que cuatro personas del IPV que entre 2011 y 2014 junto a Abel Reyna estaban involucradas en estafas por pedir coimas para acceder a viviendas fueron reincorporados a sus puestos. De hecho pudieron acceder siempre a su sueldo cuando son delincuentes y cometieron delitos, moralmente no se puede permitir eso, más allá que pagaron su condena con horas comunitarias, deberían estar habilitados de por vida para ejercer cargos”. Y añadió: “no podemos seguir tolerando estas maniobras; hay familias que hace 36 años esperan viviendas y ahora que sus hijos son mayores no tienen puntaje, cuando es una necesidad y dejaron que vendieran viviendas”.
En este marco, afirmó que “estamos juntando firmas vía online para que tenga acceso cualquier vecino y pueda acompañar la petición, tenemos también una nota firmada por todos los integrantes para acercar la semana que viene al gobernador porque es repudiable, es gente desleal y no implica que no vuelvan a hacer lo mismo. A una persona común si comete un delito y se confirma la echan. No podemos permitir que gente corrupta siga ocupando puestos, por eso solicitamos la desvinculación de estos cuatro delincuentes. Esperamos que el gobernador esté a la altura y tome la decisión que corresponda”.
