Un jubilado de la Anses que tuvo el mes pasado y que tiene también en este enero un haber bruto de $230.000 (un ingreso neto de $219.371) cobraba cuatro años atrás $32.303 en bruto y $30.787 de bolsillo. Dada la inflación del período, lo que llegó a su bolsillo en diciembre último le sirvió para comprar un 43% menos de lo que podía adquirir en igual mes de 2019 con lo percibido entonces. Así surge de los cálculos que hizo LA NACION.
Expresado de otra forma, cuando se lo mide según su poder de compra, el ingreso sufrió un deterioro de tal magnitud que el mes pasado permitió afrontar el costo del 57% de un conjunto de bienes y servicios que en 2019 cubría en su totalidad.
Con una inflación que acumuló un 1146,7% entre enero de 2020 y diciembre de 2023, los ingresos previsionales tuvieron subas de entre 590% y 742,8% (considerando los bonos cobrados en cada momento, en algunos casos). El resultado es que el valor real de los haberes jubilatorios del sistema general de la Anses cayó entre un tercio y casi un 45%.
Muy lejos quedó, con esas cifras, la promesa de la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, de recomponer las jubilaciones y restituir el 19,5% perdido en los años previos. A la fuerte caída del poder adquisitivo -que solo en los dos últimos años fue de 40% para quienes no cobraron bonos-, en los últimos años se agregó un achatamiento de la pirámide de ingresos, en desmedro de quienes más aportes hicieron al sistema y con un efecto de desaliento a la formalización de la economía, que es una necesidad urgente para el sistema previsional.
Siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, si alguien dedicaba a fines de 2019 los mencionados $30.787 a una canasta de consumo, en diciembre pasado para adquirir lo mismo se necesitaron $383.821. Como el ingreso en este segundo momento de la comparación es un 612% nominalmente más alto (tal es el aumento acumulado para un haber actual de $230.000), los $219.371 cobrados cubrirán el 57% del costo de la canasta.
El ejemplo corresponde al de un jubilado que, si bien tiene un ingreso que para nada puede considerarse alto, está excluido de los bonos que, ante la evidente insuficiencia de la fórmula de movilidad frente a la inflación, recibe un grupo de prestatarios desde septiembre de 2022, por una política iniciada por el gobierno anterior que continuó, al menos en este primer mes de 2024, la gestión actual.
En comparación con septiembre de 2017 –desde cuando se acumuló una inflación de 2904%–, lo cobrado en diciembre último fue, en términos reales, entre un 26% y un 55% más bajo, tal como muestra el gráfico que acompaña esta nota.
Si se pone la lupa en el último año, se concluye que hubo una pérdida de 14,2% para quienes cobran el haber mínimo –considerando el refuerzo de $55.000 que se pagó en diciembre y que se paga este mes, y también el bono de $10.000 de un año atrás–, y una caída de 32,3% para quienes no perciben adicionales y solo ven reajustados sus ingresos según el resultado de la fórmula de movilidad.
Sin embargo, hay jubilados para quienes la caída en 2023 fue aún más pronunciada. Se trata de quienes cobraron bonos entre septiembre de 2022 y agosto de 2023 y después ya no, porque, pese a la aceleración inflacionaria, el criterio para su asignación se hizo más restrictivo desde septiembre último, según lo decidido en su momento por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y por la exdirectora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.
La política de los bonos
Ese es el caso de alguien que hoy tiene un haber bruto de $180.000 (en términos netos, $172.371). En diciembre de 2022, con un ingreso de $85.349, recibió un plus de $7000. Ya sin bono, el ingreso del último mes de 2023 fue un 94,9% nominalmente mayor al de un año atrás. Frente a una inflación de 211,4%, se perdió nada menos que un 37,4% de capacidad de compra. En comparación con lo cobrado en septiembre de 2017, el deterioro es de 53,4% y, respecto del ingreso de diciembre de 2019, la caída llega a 42,2%.
La comparación con un año atrás arroja en este caso una disminución del valor real del ingreso aún mayor al mencionado 37,4%, si la comparación se hace entre los montos de bolsillo y no entre los haberes brutos. Eso ocurre porque los bonos no tienen descuentos, a diferencia del haber mensual propiamente dicho, al que se le resta el aporte para el PAMI, de 3% en el caso del haber mínimo y de un porcentaje progresivamente más alto en ingresos de mayor cuantía.
Este aspecto produce que se profundicen las distorsiones y el efecto de achatamiento de la pirámide de los ingresos, en un contexto en el que la mayoría es de bajo monto (aunque supere a la mínima) y en el que todos pierden valor en términos reales.
En diciembre (y este mes también) quien tiene el haber mínimo, de $105.713, percibió y percibe un refuerzo de $55.000. El ingreso antes de descuentos es, así, de $160.713, un monto que el mes pasado sirvió para comprar un 14,2% menos que con lo percibido en diciembre de 2022 (cuando también hubo bono), a la vez que pudo adquirirse un 32,4% menos que en el último mes de 2019 (cuado hubo un refuerzo, considerado en la comparación, dispuesto ya por el gobierno de Fernández), y un 26,2% menos que con lo cobrado en septiembre de 2017, siempre considerando a quienes tienen el haber mínimo, que, en su gran mayoría y de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Seguridad Social, ingresaron al sistema vía moratorias, por haber llegado a la edad de retiro sin cumplir con el requisito de tener un mínimo de 30 años de aportes.
Distorsiones y achatamiento
El haber de $105.713 y el bono significan $157.541,6 en mano. ¿Qué pasa si se tiene un ingreso algo mayor? Con un haber bruto de $150.000 –casi 42% mayor al básico–, la cifra de bolsillo es de de $154.884, es decir, más baja. La razón es que sobre los $105.713 y los $150.000 hay descuento, mientras que no lo hay en los bonos de $55.000 y de $10.713 que, según la normativa, se cobra en cada caso
Por la misma razón, quienes tienen un haber bruto de $165.000 o de $170.000 y no acceden a bonos reciben prácticamente lo mismo que alguien con la jubilación mínima. Y, por ejemplo, con un haber bruto que duplica al mínimo ($211.426) la diferencia de bolsillo se reduce al 28%. Si el haber es un 200% mayor al mínimo ($317.139), en mano la brecha se achica hasta el 91%.
Antes del efecto provocado por los bonos, la política previsional comenzó a generar en 2020 un achatamiento. Con la fórmula de movilidad que había regido en 2018 y 2019 suspendida por ley, el gobierno anterior dio un aumento, en marzo de aquel año, que resultó más bajo cuanto mayor era el haber. Las subas de ese mes se movieron en un rango de 3,76% a 12,96%. Eso explica por qué, si se miran diferentes jubilaciones que no tuvieron bonos en los últimos meses, las caídas del poder adquisitivo desde 2019 no son iguales.
Con un haber actual de $230.000, la pérdida –a diciembre de 2023– respecto del último mes de 2019 fue de 42,9%, en tanto que, en el caso del ingreso máximo, hoy de $711.346, la caída llega a 44,6%. Y si el punto de partida es septiembre de 2017, el deterioro es de 54% y 55,4%, respectivamente.
La diferenciación hecha en marzo no se repitió en el resto de los aumentos discrecionales dados en 2020, un año en el que todas las jubilaciones terminaron con subas por debajo de la inflación y por debajo del reajuste que hubiera correspondido de haber seguido vigente la fórmula de movilidad que entonces se suspendió.
La modalidad que rige desde 2021 para las actualizaciones (y que fue aprobada por el Congreso a fines de 2020) determinó para el año último una suba de solo 110,9%, frente a una inflación que llegó a 211,4% (eso explica la pérdida de un tercio del poder de compra para quienes no cobran ni cobraron bonos).
Una particularidad de la fórmula vigente, que fue propuesta por el anterior gobierno con especial incidencia de Cristina Kirchner, agravó la situación para los bolsillos: la ley previó un tope para la suba de las jubilaciones (y no un piso). Y ese techo fue aplicado en diciembre de 2023 (la cuenta daba algo más de 28% para el reajuste trimestral y se otorgó solamente un 20,87%), cuando ya se conocía que había un fuerte nivel de deterioro.
Ahora, el gobierno de Javier Milei busca eliminar esa fórmula. El punto fue incluido en el proyecto de ley ómnibus que se debate en el Congreso, junto con otras dos pretensiones: que se habilite al Poder Ejecutivo a dar aumentos discrecionales mientras no haya una modalidad definitiva para los reajustes, y a aprobar, sin pasar por el Poder Legislativo, una fórmula para el futuro.
El plan inmediato, según los funcionarios, es dar subas que sigan mes a mes el índice de precios al consumidor del Indec (es decir, la inflación), algo que eventualmente permitiría una mejora para los haberes respecto de los aumentos que tendrían según la movilidad actual, y que le evitaría al fisco mayores problemas cuando comience a bajar el ritmo de la suba de precios (la fórmula mira lo ocurrido tiempo atrás).
Pero esa promesa no está escrita. Tal como fue redactado, el proyecto busca dejarle un muy amplio margen de acción discrecional al Gobierno. El tema se convirtió, lógicamente, en un punto muy sensible de la negociación política que se da por estas horas.
