Luego de que el Senado aprobara la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei confirmó que vetará la ley con el fin de mantener el déficit cero, tal como había advertido cuando comenzó a tratarse el proyecto. “Es una estafa moral”, alegó, de acuerdo a lo recuperado por Infobae.
En el comunicado difundido, consideraron que la ley “tiene como único objetivo destruir el programa económico del Gobierno” y apuntaron directamente contra el Congreso de la Nación. “En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, expresaron.
El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
Frente a esto, desde la Oficina del Presidente señalaron que “esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres”.
“Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación”, indicaron al referir al sistema de actualización previsional que impuso por decreto el Ejecutivo.
El comunicado continúa con las críticas al proyecto al tildarlo de ser una “estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal”. “Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido”, confirmaron.
“Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal”, cerraron.
La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, gracias a un acuerdo entre el bloque de Unión por la Patria y la Unión Cívica Radical (UCR). Esta situación se replicó en la Cámara alta y contó con el acompañamiento del bloque del PRO y miembros de los bloques provinciales, lo que significó que se aprobó con los dos tercios.
Tras el veto de Milei, el proyecto volvería al Congreso y, si logran alcanzar los mismos votos, el Poder Legislativo podría insistir con la ley. “No nos van a voltear el superávit fiscal”, aseguró en una publicación en su cuenta de Instagram el mandatario, quien replicó también el mensaje de referentes del oficialismo, como José Luis Espert, que sostuvo: “Casta vení a tocarme el superávit fiscal”.
Los comentarios se dieron luego de una reunión que mantuvo el Presidente con su equipo y referentes del oficialismo para decidir el plan de acción del Gobierno. Participaron los ministros Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo.
En el Senado, el rol de miembro informante fue compartido entre Mariano Recalde, de UP, y Martín Lousteau, de la UCR. El senador K se refirió a que “el sistema previsional argentino está en crisis, producto de la crisis económica del país. El Estado tiene que hacerse cargo”, sostuvo Recalde.
Por su parte, el radical señaló que “el proyecto ajusta las jubilaciones mensualmente por inflación para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo” y “esto es importante porque desde 2017 las jubilaciones y pensiones perdieron un 45% de sus ingresos”.
Una vez que el proyecto obtuvo la aprobación de la Cámara baja, Milei había asegurado que no estaba dispuesto a entregar el “déficit cero”, por lo que adelantó cuál sería su accionar en el caso de que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria obtenga el visto bueno del Senado. Con este anuncio, el Gobierno oficializó la advertencia que había hecho a principios de junio.
