Unos 5.000 jardines maternales y de infantes de gestión privada de todo el país dejaron de recibir asistencia del Estado nacional para hacer frente al pago de salarios de su personal, por lo que peligra la continuidad de 60.000 puestos de trabajo, aseguró la presidenta de la Asociación Coherencia, María Teresa Rosendo.
“Hoy a la mañana ingresamos a la página de la AFIP para gestionar el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, para el pago de salarios en actividades afectadas por la cuarentena) y apareció este mensaje: ‘no accediste a los beneficios del programa porque tu actividad no está incluida en el mismo”, indicó el martes Rosendo –según publica ADN Sur-, que advirtió que “ya cerraron más de 160 jardines en todo el país”.
La docente no ocultó su indignación en declaraciones a Noticias Argentinas, en las que puntualizó que “no hace falta aclarar que nuestra actividad es la Educación y que en muchos casos realizamos tareas que el Estado no cumple, como el en caso de los jardines maternales”, para niños menores de tres años.
Ante el reclamo generalizado, señaló, “dijeron que había sido un error, pero a esta altura, en el cuarto mes de cuarentena, no valen los errores”.
En ese sentido, indicó que desde que se implementó el ATP “a algunos jardines no se les ha pagado nada, otros cobraron abril y mayo, pero no por la totalidad de los docentes”, lo que ha provocado una serie de perjuicios a la actividad en todo el país.
“Se está dejando de lado a la infancia, no es sólo un reclamo por puestos de trabajo”, remarcó, al tiempo que destacó “el esfuerzo de nuestros docentes, que están trabajando con una continuidad pedagógica asombrosa y debieron adaptarse a una realidad que no esperaban”.
Al respecto, Rosendo precisó que “sólo recibió le ayuda el 30% de los 5.000 jardines” que hay en el país y que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires “no se le pagó al 50% de los 250 establecimientos”.
“Estos errores de la AFIP afectan a 60.000 docentes y no docentes, pero además a los 212.000 chicos y sus familias, porque en muchos casos sus padres tienen que volver a trabajar y el Estado no puede hacerse cargo de la matrícula, en parte porque no cuenta con la capacidad y también porque en el caso de los jardines maternales sólo existen en la órbita privada”, planteó.
“Si cierran los jardines, ¿a dónde van a ir los chicos?”, se preguntó la presidente de Coherencia, que señaló que hubo casos en el que la desafectación de la matrícula “llegó al 80%” y que hasta se dio la particularidad de “un jardín que se quedó con dos maestras y sin alumnos”.
En referencia a la decisión del organismo recaudador de excluir a los jardines de la asistencia estatal, Rosendo dijo que “ya es la tercera vez que pasa, que capaciten a su personal, no puede ser que sigan de error en error. En la página no hay respuesta, simplemente nos dicen que todo está en proceso de análisis”.
En cuanto a la actitud que tomó en el tema el ministro de Educación, Nicolás Trotta, destacó “su buena voluntad, siempre nos dice que vamos a cobrar, que tengamos paciencia. Paciencia ya tuvimos bastante, pero parece que lo que no hay es dinero”, dijo.
Rosendo explicó que la asistencia de los ATP, más allá de que consideró que no resuelven la totalidad del problema, es fundamental en la coyuntura actual porque “muchos padres dejaron de pagar las cuotas y otros directamente retiraron a sus hijos”.
Asimismo, consideró “un despropósito” que “estemos en julio y digan que algunos jardines todavía están en proceso de análisis” para evaluar si deben o no recibir la asistencia estatal.
La situación fue analizada en un encuentro llevado a cabo en el Congreso, en el que representantes de jardines de todo el país llevaron su reclamo, en lo que, a juicio de Rosendo, “parecía un llanto continuo”.
“Hay realidades que desde la Capital no se tienen en cuenta, pero puedo contar el caso de la titular de un jardín en las afueras de la ciudad de Neuquén que debió salir a vender pollos para pagarle a las maestras”, relató.
Las representantes de los jardines expresaron su apoyo al proyecto de la diputada Carla Carrizo (UCR-CABA) para que se los incluya en los programas de asistencia “como se protege a las pymes o a los monotributistas en esta emergencia sanitaria”.
